La urgencia habitacional que golpea a millones de personas —especialmente jóvenes, familias con ingresos medios y bajos, y población vulnerable— volvió a quedar ninguneada, sustituida por un discurso político plagado de ataques cruzados y protagonismos personales. Ni el mercado inmobiliario puede autorregularse sin intervención pública ni el problema desaparecerá ignorándolo.
España se enfrenta a la mayor crisis habitacional de los últimos 40 años. Las medidas anunciadas son un avance, pero sin un calendario claro y un compromiso firme, corren el riesgo de quedarse en declaraciones de intenciones.
Nada más conocida la condena, el Partido Popular, erigido en defensor y portavoz de los condenados, manifestó que “la sentencia del Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid". También los propios condenados han esgrimido que no intervinieron en la operación de compraventa y que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.
Las pasadas han sido unas semanas en las que los desahucios, su crudeza y consecuencias han vuelto a saltar a las primeras páginas de los periódicos, asomándose a la vez desde la pantalla del televisor.
Y si esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid era la palada de cal de la semana, ha sido el PSOE quien ha puesto la de arena. Y lo hace con la nueva Ley de Créditos Hipotecarios en la que mantiene la disposición transitoria primera, que implica la retroactividad de la cláusula de vencimiento anticipado
El Tribunal Supremo ha sido capaz de superarse a sí mismo y a lo largo de estas tres últimas semanas ha conseguido romperse y acabar con la escasa credibilidad que le quedaba. Su presidente Carlos Lesmes y el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez Picazo, tienen mucho que ver con lo sucedido y debieran dimitir ante la situación creada, como se exige ya desde distintos ámbitos políticos y judiciales.
Cataluña ostenta el deshonor de liderar el ránquing de desahucios en nuestro país, récord aderezado con los cortes de luz, agua y gas que sufren sus ciudadanos
Se puede decir que ha sido un buen verano para el sector inmobiliario. Lo indicaban las previsiones de julio y hemos vuelto al tajo en septiembre sin sobresaltos. Más operaciones de compraventa en julio que otros años, con datos de los notarios que indican un incremento en el número de compraventas de un 4%, alcanzándose la cifra de 52.014 transacciones y unos primeros números de agosto que ya hablan de un buen mes.
La situación que viven con la vivienda las grandes ciudades, con el claro ejemplo de Madrid y Barcelona en primer lugar, está obligando a tomar medidas y rápidas. El nuevo Gobierno de Sánchez ya adelantó que reformará de nuevo la LAU, excesivamente balanceada del lado de los propietarios, para conseguir alquileres más asequibles y de mayor duración. Es una condición obligada para que los centros de las grandes ciudades no se conviertan en parque temáticos para el turismo, con alquileres desorbitados y de frecuente rotación.
Tras unos meses de silencio ha comenzado otra vez a sonar el run run judicial. Casos que afectan a la vivienda se dirimen en audiencias y juzgados locales, en el Supremo, el Constitucional y por encima de ambos, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).Y con el run run nos avisan de que hay muchas cuestiones pendientes de resolución y a punto de comenzar a irrumpir de nuevo en el día a día de los informativos.
