La proposición fija en un millón de euros el umbral a partir del cual se activa el nuevo gravamen. Por debajo de esa cifra, las herencias y donaciones quedan fuera del tributo, lo que los promotores de la medida presentan como garantía de que la iniciativa no afecta a las transmisiones familiares corrientes.
Todas las sanciones recaen sobre personas jurídicas, lo que refuerza la idea de que el foco está puesto en operadores profesionales del mercado y no en pequeños propietarios particulares.
La iniciativa, registrada en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, busca arrojar luz sobre un aspecto cada vez más señalado por expertos, organismos públicos y colectivos sociales: la influencia directa de los algoritmos en la visibilidad de los anuncios y, por tanto, en la evolución de los precios del mercado inmobiliario.
La proposición plantea una limitación en la transmisión de la propiedad, tanto a título oneroso (compra-venta) como gratuito (donación o herencia), impidiendo que las empresas adquieran vivienda residencial con fines de inversión o especulación. El texto también reserva la propiedad jurídica exclusivamente para inmuebles de uso económico, reforzando así la diferencia entre el espacio para vivir y el espacio para producir.
Sumar ha anunciado una nueva batería de medidas que llevará al Congreso con un objetivo claro: erradicar los desahucios y expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión para destinarlas al parque público de vivienda.
La urgencia habitacional que golpea a millones de personas —especialmente jóvenes, familias con ingresos medios y bajos, y población vulnerable— volvió a quedar ninguneada, sustituida por un discurso político plagado de ataques cruzados y protagonismos personales. Ni el mercado inmobiliario puede autorregularse sin intervención pública ni el problema desaparecerá ignorándolo.
España se enfrenta a la mayor crisis habitacional de los últimos 40 años. Las medidas anunciadas son un avance, pero sin un calendario claro y un compromiso firme, corren el riesgo de quedarse en declaraciones de intenciones.
Nada más conocida la condena, el Partido Popular, erigido en defensor y portavoz de los condenados, manifestó que “la sentencia del Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid". También los propios condenados han esgrimido que no intervinieron en la operación de compraventa y que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.
Las pasadas han sido unas semanas en las que los desahucios, su crudeza y consecuencias han vuelto a saltar a las primeras páginas de los periódicos, asomándose a la vez desde la pantalla del televisor.
Y si esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid era la palada de cal de la semana, ha sido el PSOE quien ha puesto la de arena. Y lo hace con la nueva Ley de Créditos Hipotecarios en la que mantiene la disposición transitoria primera, que implica la retroactividad de la cláusula de vencimiento anticipado
