No son los únicos ámbitos afectados por la inflación. Los encuestados apuntan nuevos hábitos de ahorro para reducir el gasto en ocio y hostelería (87%), en ropa y complementos (84%), en viajes (84%), en actividades culturales (80%) y en el uso del coche (74%).
La afectada decidió ejercer su derecho de desistimiento -que le correspondía al haber firmado un contrato fuera de un establecimiento de venta- pero la empresa siguió a su pesar cargándole los recibos mensuales por los productos, ya que disponía de sus datos de una compra anterior.
La OCU no ha publicado el contenido de ninguno de las decenas de convenios que mantiene con empresas, como tampoco ha dado a conocer cuánto dinero ha recibido de ellas en los casos en que hay contraprestación económica.
El Ayuntamiento de Barcelona prevé prohibir los supermercados fantasma en la ciudad y los que están operando actualmente tendrán que escoger seguir funcionando como almacenes alimentarios sin reparto a domicilio o como supermercados abiertos al público. También las cocinas fantasma se enfrentan a las mismas limitaciones y prohibiciones.
Desde hace unos años los abusos generalizados en sectores clave para los consumidores, como banca o energía, hacen urgente avanzar hacia una adecuada transposición de la Directiva europea que corrija los déficits actuales de la acción colectiva.
Como empresa privada que son los bancos y cajas tienen libertad para establecer las comisiones que quieran, siempre que cumplan unos requisitos: que las cobren por servicios solicitados o expresamente aceptados por el cliente, que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos en los que haya incurrido la entidad y que se haya informado por anticipado de ese coste.
La reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos.
La asociación Facua lamenta que las autoridades autonómicas de consumo no desarrollen apenas actuaciones de inspección antes y durante el transcurso de las rebajas para imponer sanciones económicas y hacer públicos los nombres de los comercios que cometen estas irregularidades. La falta de controles, critica, es fruto del creciente abandono de las políticas de protección al consumidor por parte de las comunidades autónomas.
En la mayor parte de los casos, las irregularidades detectadas por FACUA consisten en cobrar a los consumidores el mismo importe que antes de la bajada del IVA, con lo que la totalidad de la misma se estaría destinando a un aumento del margen de beneficio del establecimiento.
El artículo 72 del citado real decreto-ley indica que volverá a aplicarse el IVA del 4 y el 10% a estos alimentos afectados por la rebaja del IVA, el 1 de mayo "en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5 por ciento". Si no es así, la medida continuará en vigor hasta final de junio.
