Los fraudes digitales ya no se limitan al correo electrónico: llegan por SMS, WhatsApp, redes sociales y cualquier canal donde puedan obtener nuestra atención. Lo hemos visto con campañas falsas de Amazon, Correos, bancos… y ahora también con la DGT. La evolución es manifiesta... recordemos las famosas "cartas nigerianas".
Cuando el deudor no puede pagar, no hay margen de negociación. Estas empresas no admiten refinanciaciones ni reestructuraciones razonables. Imponen sus condiciones y, si no se cumplen, acuden a empresas de recobro, algunas de las cuales operan en los límites (o directamente fuera) de la legalidad.
Seamos honestos: si hasta el turista nacional acaba cayendo en la trampa, los visitantes extranjeros directamente no tienen escapatoria. A menudo no dominan el idioma, no saben dónde acudir, y lo último que esperan es que un restaurante en el centro de una ciudad famosa les cobre por el pan, el hielo y hasta por usar el baño.
Uno de los principales fallos del nuevo modelo radica en que no distingue entre los residuos generados por residentes y los producidos por la actividad económica implantada en los barrios. Así, los distritos más turísticos y comerciales —como el centro, Sol, o barrios con fuerte presencia hostelera como Chamberí o Salamanca— pagan las consecuencias del turismo descontrolado y la proliferación de pisos turísticos ilegales.
El principio de las acciones colectivas es claro: permitir que una acción judicial represente a miles o millones de consumidores frente a prácticas abusivas o fraudes empresariales. El problema de este nuevo proyecto de ley es que mercantiliza ese principio, convirtiendo el acceso a la justicia en una opción de negocio.
La nueva normativa responde a una exigencia de la Unión Europea, que fija un objetivo claro: al menos el 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, y un 65% para 2035. Para ello, todos los municipios deben cobrar una tasa que cubra los costes reales del servicio y que, además, incentive el reciclaje. En otras palabras, quien más contamine, más debería pagar, al menos en teoría.
La organización insertaba anuncios en diversas páginas web y redes sociales, utilizando vídeos de personalidades reconocidas manipulados con inteligencia artificial para atraer a potenciales inversores. Una vez captada la atención de las víctimas, los estafadores se hacían pasar por asesores financieros, ofreciendo inversiones en criptomonedas con alta rentabilidad y sin riesgo aparente.
La especulación inmobiliaria ha sido señalada como una de las causas principales del encarecimiento de la vivienda. La compra masiva de inmuebles por parte de fondos de inversión y grandes tenedores ha reducido la oferta disponible para la población, elevando los precios.
Una estrategia para mitigar el impacto de los aranceles es priorizar la adquisición de productos de origen europeo. Al hacerlo, no solo se apoya a la economía local, sino que también se evita el sobrecoste asociado a los aranceles.
En España, se ha emitido una alerta urgente por la aparición de fraudes relacionados con estos kits de supervivencia. Los estafadores envían correos electrónicos falsificados haciéndose pasar por aseguradoras reconocidas, como Mapfre, ofreciendo kits de supervivencia gratuitos. El objetivo: robar datos personales y bancarios de las víctimas.
