Cuando el CIS pregunta no ya por los problemas del país sino por los que afectan directamente a los encuestados, el orden cambia ligeramente. La crisis económica pasa al primer puesto con un 38,8% de menciones, seguida de la vivienda con un 25,6%, la sanidad con un 19,5%, la calidad del empleo con un 16,7% y la inseguridad ciudadana con un 10,1%.
La entidad debe haber requerido fehacientemente el pago al deudor con carácter previo a la inscripción, y debe poder acreditar que ese requerimiento fue efectivamente recibido. No basta con demostrar que se envió una carta: hay que demostrar que llegó. Y la carga de la prueba de todos estos requisitos recae sobre la entidad, no sobre el consumidor.
Numerosas entidades deniegan el reembolso alegando, de manera genérica y sin aportar pruebas concretas, que el usuario ha actuado con negligencia grave. El argumento funciona como un comodín: no requiere demostración, no exige documentación específica y traslada la carga de la prueba al consumidor, que es exactamente lo contrario de lo que establece la ley.
Que para conseguir cita haya que desplazarse físicamente a la oficina y montar el escándalo necesario para que alguien se digne atenderte es una situación propia de un Estado fallido, no de una democracia europea del siglo XXI.
Para muchas asociaciones de consumidores el problema no reside únicamente en el encarecimiento del petróleo. El verdadero debate se centra en cómo se trasladan esas subidas al precio final que pagan los ciudadanos, ya que en numerosas ocasiones la evolución de los carburantes en las estaciones de servicio no guarda una relación proporcional con los movimientos del mercado internacional.
Cada comunidad autónoma ha desarrollado sus propios programas, y las diferencias entre territorios son notables. En la Comunidad de Madrid, el Plan Mi Primera Vivienda permite acceder a hipotecas de hasta el 100% del valor de tasación o compraventa para menores de 40 años, con un precio máximo de vivienda de 390.000 euros.
La recomendación básica, aunque reiterada, sigue siendo decisiva: mirar siempre el correo desde el que nos llega la falsa notificación. No basta con fijarse en el nombre visible del remitente; es imprescindible comprobar la dirección completa. Si no corresponde exactamente al dominio oficial, estamos ante un intento de fraude. También es aconsejable desconfiar de enlaces acortados o direcciones web que incluyan ligeras variaciones ortográficas.
La derogación del decreto ómnibus deja en el aire decisiones que afectan al poder adquisitivo de los pensionistas, a la protección de los hogares vulnerables y al funcionamiento del mercado inmobiliario.
La presión sobre los hogares se concentra en cuatro grandes ámbitos: vivienda, alimentación, energía y servicios esenciales. En el conjunto del año, vivienda, hostelería y alimentación han sido los componentes que más han empujado el IPC al alza.
El anteproyecto introduce una batería de medidas para que el consumidor sepa realmente lo que está firmando. La información precontractual deberá presentarse de forma clara, destacada y concentrada en una sola página, algo que contrasta con los actuales contratos diseñados para confundir, ocultar costes y empujar a la firma rápida.
