Tener amianto no impide vender ni alquilar una vivienda. Lo que la ley exige es informar, y lo que sanciona es no hacerlo. Un comprador puede adquirir perfectamente un piso con una cubierta de fibrocemento, siempre que sepa que está ahí y en qué estado se encuentra. Resulta desconcertante que una norma pensada para proteger a inquilinos, compradores y trabajadores se esté recibiendo como un ataque a la propiedad.
La pieza central es la prórroga, con fecha de caducidad escalonada, de la rebaja fiscal a la gasolina y el diésel a través del Impuesto sobre Hidrocarburos: 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. Es una retirada progresiva que tiene sentido sobre el papel, aunque presupone que el petróleo se va a portar bien en invierno, algo que nadie en su sano juicio garantizaría hoy. Por eso se incluye una cláusula de salvaguarda: si los precios suben más de un 15%, se vuelve automáticamente a los 20 céntimos.
Mientras la situación en Ormuz y Bab el Mandeb siga deteriorándose, la energía seguirá empujando los precios, y lo más razonable es esperar una inflación elevada en los últimos meses del año. El BCE tendrá el dedo en el gatillo, con nuevas subidas de tipos sobre la mesa si el IPC no cede.
Desde el lado de los consumidores, la valoración es de cauteloso apoyo. CECU celebra la propuesta como "un paso más" para facilitar el acceso a la vivienda, aunque insiste en que necesita ir acompañada de un sistema de vigilancia real para que las restricciones al alquiler turístico o a la compra por no residentes no acaben burlándose por la vía de hecho.
Más allá del ahorro puntual de cada edición, la OCU lleva años ejerciendo una labor de asesoramiento energético que merece reconocimiento: ayuda a elegir la potencia contratada más ajustada a cada vivienda, da visibilidad al bono social eléctrico —una herramienta que muchos hogares con derecho a él ni siquiera conocen— y compara tarifas tanto del mercado libre como del regulado.
Mientras se espera esa reacción política, hay margen de maniobra individual, aunque sea limitado. FACUA calcula que los consumidores domésticos españoles pagan cerca de mil millones de euros de más cada año solo por tener contratada más potencia de la que realmente necesitan, así que revisar y ajustar la potencia contratada es, probablemente, la medida más sencilla y con mayor impacto inmediato en la factura.
Lo que más debería preocupar, y FACUA lo señala con acierto, es a quién afecta especialmente esta práctica: personas mayores, herederos que gestionan un trámite puntual, compradores ocasionales de vivienda, usuarios con poca destreza digital. Es precisamente el perfil menos equipado para detectar la trampa y menos propenso a comparar alternativas antes de pagar.
España cuenta ya con más de 13.500 puntos de recarga y unos 45.000 conectores, pero solo unos 4.000 ofrecen la potencia mínima de 50 kW necesaria para viajar con garantías. Según un análisis reciente de la OCU sobre la red básica de carreteras, únicamente la A-62 cumple los estándares europeos; en el resto persisten distancias excesivas entre cargadores, potencias insuficientes o equipos averiados, con puntos especialmente débiles en peajes como la AP-68 o la AP-9.
El Gobierno tiene previsto ampliar en septiembre la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta los 20 céntimos por litro, muy por encima de los 5 céntimos que se habían planteado inicialmente. La medida se activa porque la subida del gasóleo superó el mes pasado el 15% que marca la cláusula que dispara este mecanismo de contención fiscal.
Más allá del capítulo energético, el decreto introduce una modificación relevante en la gestión de los fondos europeos. Se flexibiliza el calendario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo que aquellos hitos ya cumplidos, pero cuyas inversiones asociadas no se hayan completado, puedan ejecutarse más allá de la fecha límite fijada a finales de agosto.
