La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo ha establecido con claridad que el plazo de prescripción de la acción restitutoria no puede comenzar automáticamente con la publicación de una sentencia colectiva ni con la notoriedad mediática de una determinada controversia jurídica.
Las entidades financieras llevan años aplicando una estrategia bien diseñada frente a las reclamaciones de sus clientes: litigar. No porque crean que van a ganar —en muchos casos saben perfectamente que las cláusulas son abusivas—, sino porque el propio proceso es ya una victoria para ellos. Un particular que se enfrenta a un banco tiene en su contra el tiempo, el dinero y los recursos jurídicos ilimitados del sector financiero. Los bancos cuentan con departamentos legales enteros dedicados exclusivamente a estos pleitos. El cliente tiene, con suerte, un abogado de turno y los ahorros que no quiere gastar en honorarios y costas.
La otra gran jugada maestra es la excusa tecnológica. ¿Quieres hacer una transferencia inmediata? Qué casualidad: justo ahora el sistema “no responde”. Pruébalo más tarde, nos dicen, como si estuviéramos intentando comprar entradas para un concierto.
Las nuevas sentencias del Tribunal Supremo, lejos de representar un avance real para los consumidores, consolidan un modelo en el que la banca sigue teniendo la sartén por el mango. Si bien se reconoce la nulidad de muchos contratos de revolving, la reducción del plazo de restitución de 15 a 5 años limita gravemente la capacidad de los afectados para recuperar su dinero.
La clave del problema radica en que muchas entidades financieras han estado calculando el interés de estos préstamos tomando como referencia el Euribor en términos TAE en lugar de utilizar el TIN, lo que ha generado sobrecostes para los clientes.
La sentencia del TJUE supone un golpe a la doctrina del Tribunal Supremo, que había avalado el IRPH al considerarlo un índice oficial. El TJUE deja claro que la oficialidad no exime a los bancos de cumplir con los requisitos de información y transparencia. Según el abogado José Luis Ortiz, “esta sentencia es un tirón de orejas al Supremo, que ha favorecido descaradamente los intereses de la banca”
Tras la sentencia del TJUE, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo español, que hasta ahora ha avalado la validez del IRPH al considerarlo un índice oficial. Sin embargo, el fallo europeo deja claro que la oficialidad del índice no exime a los bancos de cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Los precios y la rentabilidad de los inmuebles comerciales han caído bruscamente, debido al incremento de las cuotas hipotecarias y a la brutal caída de la demanda en los comercios tradicionales frente al aumento de las compras por internet.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una multa de 530.000 euros que la Junta de Andalucía impuso a ING por introducir cláusulas abusivas en un contrato de préstamo hipotecario y cargar todos los gastos al consumidor
Los préstamos personales y los préstamos al consumo son los que conllevan unos intereses más elevados y donde nos encontramos más claúsulas abusivas. Estos créditos cuentan con una TAE “Tasa Anual Equivalente” muy elevada, superando en algunos casos el 20% del dinero prestado, como es el caso de las tarjetas revolving.
