El dato que mejor ilustra la presión que ejerce el precio de la vivienda sobre el comprador es el del importe medio de los préstamos: 173.331 euros en abril, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo mes del año anterior. El capital prestado total rozó los 6.935 millones de euros, con un crecimiento interanual del 13,7%.
Entre enero y marzo de este año, 3.328 familias iniciaron un proceso de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual. Son 923 más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra es la más alta para un primer trimestre desde 2022, y no hay forma de leerla que no duela. Porque no hablamos de segundas residencias ni de inmuebles de inversión: hablamos de la casa donde se duerme, donde crecen los hijos, donde se guarda todo lo que una familia tiene.
El Gobierno estudia la posibilidad de buscar alternativas a los índices de referencia que usa el sector financiero para los créditos a tipo variable. La iniciativa ya fue impulsada por Sumar mediante una proposición no de ley que el Congreso tumbó a finales de abril, con el voto en contra del PSOE, el PP y Vox. Ahora, la Secretaría General del Tesoro ha incluido la pregunta en una consulta pública sobre transparencia bancaria que estará abierta hasta el 19 de junio: ¿Considera necesario modificar el listado de índices de referencia oficiales?
El plazo medio de los préstamos se mantuvo en 25 años. En cuanto a la modalidad, el 63,8% de las hipotecas se firmó a tipo fijo frente al 36,2% a tipo variable, una distribución que refleja la preferencia mayoritaria por la certidumbre en un contexto de tipos aún moderados pero con perspectivas inciertas. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,83% para las de tipo fijo y del 2,86% para las variables, una diferencia mínima que explica en parte por qué tantos compradores siguen optando por blindarse ante posibles movimientos del Banco Central Europeo.
El Tribunal de instancia civil de Reus plaza n.º 2 ha declarado la abusividad de la cláusula IRPH Cajas en un préstamo hipotecario formalizado el 1 de marzo de 2001, ordenando la sustitución del índice por Euribor desde el origen del contrato y la devolución de las cantidades cobradas de más.
Habrá que esperar a que el TJUE responda. Mientras tanto, los especialistas recomiendan no litigar bajo la doctrina actual del Supremo, que convierte el camino de los afectados en una carrera de obstáculos diseñada para que lleguen pocos a la meta. Lo que no admite discusión es que el debate judicial sobre el IRPH está lejos de haberse cerrado, que más de un millón de familias siguen pagando las consecuencias de una comercialización opaca y que la imagen de la judicatura española en materia de protección al consumidor no sale, precisamente, reforzada de esta historia.
El mercado de la vivienda español afronta, en definitiva, una tormenta de varios frentes simultáneos: la presión inflacionista derivada de la guerra comercial, la posible vuelta al alza del Euríbor, el vencimiento masivo de contratos de alquiler a precios de pandemia y la amenaza de miles de desahucios reactivados.
Si tenemos claro cuál es la comparativa que pide el Tribunal de Justicia, nos daremos cuenta de que casi todas las comparativas que hace esta gente son tramposas y únicamente buscan probar que no hay un desequilibrio importante.
Un desequilibrio observado en el momento de la contratación es de 73.466 €, equivalentes al 20.50% del capital recibido, seis veces más que el importe cuyo impago conllevaría la pérdida de la vivienda familiar de los demandantes.
Según las estadísticas del Banco de España, la subida diaria de casi dos décimas es la cuarta mayor registrada desde 1998, una señal clara de la tensión que atraviesan los mercados.
