FACUA-Consumidores en Acción insiste en reclamar al Gobierno un tope de 50 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado eléctrico, después de que el Ejecutivo haya dado a conocer este lunes que descarta el máximo de 180 euros/MWh que la vicepresidenta Teresa Ribera anunció la semana pasada.
Endesa fue la ganadora el año pasado y también en la novena edición. Hace dos años recayó el premio en Vodafone. Movistar fue la peor empresa de 2016 y también ganó en la primera, segunda, tercera y séptima edición. La premiada como La Peor Empresa de 2014 fue Gilead, el laboratorio del fármaco contra la hepatitis C Sovaldi. En la cuarta y quinta edición el premio fue para Bankia.
La Comisión Europea ha alertado por fin de que la actual situación puede estar causando un daño significativo a los consumidores y cementando la posición de los operadores dominantes, por lo que ha justificado la intervención de precios por parte de los gobiernos.
No se puede entender que los sagrados beneficios de las eléctricas, o de otras empresas que repercuten en el sistema económico, como los bancos, estén por encima de los intereses de la nación. Son tantas las veces que nos han hablado de derechos empresariales, seguridad jurídica, intervención comunista y un amplio etcétera de variantes del mismo discurso, que hemos terminado por tenerlo como una verdad evidente. Y la única verdad es el derecho de toda la nación a la estabilidad y el bienestar.
El Gobierno se ha plegado a los intereses del oligopolio energético y sigue sin acometer nuevas medidas para reducir las tarifas eléctricas una vez que se han mostrado claramente insuficientes las llevadas a cabo en junio -bajada del IVA- y septiembre -bajada de los cargos regulados y el impuesto especial sobre la electricidad-. Todas estas bajadas de precio las ha soportado el erario público que somos todos pero los santos beneficios de las eléctricas siguen intocables a costa del país.
La asociación lleva meses reclamando al Ejecutivo de coalición que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas. Descuento que, al igual que el actual modelo de bono social, correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado
De los datos proporcionados por los inscritos, OCU estima que podrá obtener un ahorro medio de 241€ anuales para su suministro de gas y electricidad. Entre los inscritos, el 52% lo hace para poder acceder a una buena oferta de electricidad y el 47% para una oferta dual que incluye gas y electricidad.
En el sector eléctrico español existen dos tipos distintos de contratos, por un lado, los contratos de precio supervisados por el gobierno o los contratos de precio libre, que son establecidos por las propias compañías eléctricas.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, señala que para que una modificación unilateral del coste de un servicio no sea abusiva debe exponerse en el contrato "de manera transparente" el motivo de dicha modificación y el "modo de variación del coste relacionado con el servicio", para que así el consumidor "pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste".
La promesa del Gobierno resulta imposible de cumplir. Si todo sigue igual en diciembre, que es lo más probable, la factura de electricidad de 2021, será un 9% más cara que la de 2018 (revalorización de IPC incluida). Para que se pudiera cumplir el compromiso gubernamental de que la factura eléctrica de 2021 no superase a las 2018 (más IPC), supondría que el mercado mayorista OMIE fijase un precio de la electricidad durante diciembre en torno a 0 euros, algo que con toda seguridad no va a suceder.
