Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, más de 64 millones de bombonas de GLP se consumen cada año en España, principalmente en núcleos rurales sin conexión al gas natural. Es una fuente energética esencial en hogares vulnerables, razón por la cual su precio está regulado por el Estado
Uno de los temas que sigue sobre la mesa es la fiscalidad del gas natural, especialmente en lo relativo al IVA aplicable a este suministro esencial. Desde octubre de 2023, el Gobierno aplicó una medida transitoria de reducción del IVA: primero al 5% y después al 10%. Sin embargo, esta medida terminó en abril de 2024, devolviendo el tipo impositivo a su valor habitual del 21%.
En España, millones de hogares dependen del gas licuado de petróleo (GLP) envasado, que no es otra cosa que la bombona de toda la vida. No todos los pueblos ni barrios tienen acceso a la red de gas natural. Y no todos pueden pagar una instalación eléctrica eficiente.
Con un mercado energético inestable, la volatilidad en las materias primas y los costes logísticos podrían seguir presionando al alza el precio del butano en los próximos meses.
El precio de la bombona de butano subirá un 4,27% a partir de este martes, situándose en 16,61 euros. Esta nueva revisión sigue la tendencia al alza que se retomó en septiembre, según indica la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La subida impactará a muchos consumidores que dependen del butano como fuente de energía, especialmente en aquellos hogares sin acceso a la red de gas natural.
Después de dos revisiones a la baja, el precio máximo de venta al público de la bombona de butano se encarece un 3,85% a partir de este martes 17 de septiembre hasta los 15,93 euros, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.
FACUA insiste en reivindicar que se imponga en los suministros de gas y luz un IVA acorde a su carácter de servicios básicos y que la bajada de recaudación para las arcas del Estado que se derive de esta disminución se compense con un aumento en los impuestos directos que afecte a las energéticas y a otras grandes corporaciones.
El incremento de esta última revisión se debe, principalmente, al aumento del coste de los fletes (+4%) y a la elevada cotización de las materias primas, pese a que su precio ha disminuido (-3,1%), así como a la apreciación que el euro ha vivido frente al dólar (+2,2%) en los dos últimos meses
Aparte de Escal, la CNMC también apunta al Santander (71,9 millones), CaixaBank (48 millones), Enagás (32,4 millones) y Bankia (21,1 millones). En total, el organismo español de la competencia consideraba que 368 millones de euros de compensaciones liquidados a las cinco compañías desde 2014 debían ser devueltos.
