Aquellos afectados por hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) que se atrevan a demandar "a sabiendas de que pueden perder" tendrán que asumir las costas procesales y despedirse del depósito. Dicho de otro modo: antes de reclamar lo que legítimamente les pertenece, que se lo piensen dos veces.
El principal argumento esgrimido por las comunidades recurrentes es la invasión de competencias. Tanto Madrid como Extremadura y Andalucía sostienen que el texto interfiere en ámbitos que el ordenamiento jurídico reserva a las autonomías, concretamente en la gestión y ejecución de las políticas de vivienda.
Si el relato político requiere acudir a los datos reales, los del Consejo General del Poder Judicial son incómodos para quienes han hecho de la okupación su caballo de batalla. Las demandas por ocupación ilegal —los llamados juicios verbales posesorios— llevan años en descenso y han marcado niveles históricamente bajos desde que comenzaron a contabilizarse sistemáticamente en 2018. En algunos trimestres recientes, el número de procedimientos nuevos a nivel nacional ha caído por debajo de los 500, con reducciones interanuales que llegan a superar el 44%.
Mediante Auto de 29 de abril de 2026 (recurso 8442/2024), el Tribunal Supremo ha admitido el recurso y ha fijado la cuestión a resolver: determinar si el valor de referencia catastral debe aplicarse siempre como base imponible en el ITP, o si por el contrario puede ser desvirtuado mediante informes periciales u otras pruebas que acrediten que el valor real del inmueble es inferior.
Para ATA, la falta de aplicación de esta directiva supone otra traba más para la supervivencia de miles de autónomos, muchos de ellos vinculados directa o indirectamente al sector inmobiliario, la intermediación, la construcción, la rehabilitación y los servicios.
El TJUE ha señalado con claridad que no basta con que la definición del IRPH apareciera en el BOE. Había que explicar al consumidor cómo funcionaba el índice, qué consecuencias tenía frente a otros y si el banco incluía —como advertía la propia Circular 5/94 del Banco de España— un diferencial negativo que compensara su carácter encarecedor. Nada de eso ocurrió.
Una nueva doctrina del Tribunal Supremo abre una rendija de esperanza para quienes estaban en plazo de recurrir en aquel momento y que podrían recuperar cantidades que en muchos casos ascienden a decenas de miles de euros.
La propuesta de reforma ha sido tumbada con una amplia mayoría en contra. PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos han votado en contra, mientras que PSOE, PNV y Coalición Canaria han sido los únicos partidos que la han apoyado. Vox, por su parte, ha optado por la abstención.
El decreto aprobado por el Consell supone uno de los cambios más importantes en la normativa urbanística y agraria de los últimos años. Mientras que el Gobierno defiende la necesidad de estas modificaciones para agilizar inversiones y responder a la crisis de vivienda, las críticas están siendo cada día más numerosas.
El Proyecto ARCE 2050 se presentó en la Casa de la Arquitectura como una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en el sector de la edificación. Este plan se enmarca en un proceso participativo que involucra a administraciones, profesionales del sector y la ciudadanía, con el objetivo de acelerar la transición hacia ciudades más sostenibles, resilientes y descarbonizadas.
