El principal argumento esgrimido por las comunidades recurrentes es la invasión de competencias. Tanto Madrid como Extremadura y Andalucía sostienen que el texto interfiere en ámbitos que el ordenamiento jurídico reserva a las autonomías, concretamente en la gestión y ejecución de las políticas de vivienda.
Para ATA, la falta de aplicación de esta directiva supone otra traba más para la supervivencia de miles de autónomos, muchos de ellos vinculados directa o indirectamente al sector inmobiliario, la intermediación, la construcción, la rehabilitación y los servicios.
La propuesta de reforma ha sido tumbada con una amplia mayoría en contra. PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos han votado en contra, mientras que PSOE, PNV y Coalición Canaria han sido los únicos partidos que la han apoyado. Vox, por su parte, ha optado por la abstención.
El decreto aprobado por el Consell supone uno de los cambios más importantes en la normativa urbanística y agraria de los últimos años. Mientras que el Gobierno defiende la necesidad de estas modificaciones para agilizar inversiones y responder a la crisis de vivienda, las críticas están siendo cada día más numerosas.
El Proyecto ARCE 2050 se presentó en la Casa de la Arquitectura como una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en el sector de la edificación. Este plan se enmarca en un proceso participativo que involucra a administraciones, profesionales del sector y la ciudadanía, con el objetivo de acelerar la transición hacia ciudades más sostenibles, resilientes y descarbonizadas.
La nueva proposición seguirá sin ser del agrado de Sumar y Podemos, quienes ya han expresado preocupaciones sobre posibles "pelotazos urbanísticos". Ambos partidos de izquierdas aseguran que el texto propuesto limita el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación, una cuestión que permanece en el nuevo texto.
En la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), de 6 de octubre de 2021, el artículo 17, apartado 12, no contempla la doctrina jurisprudencial que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales, sino que el mencionado artículo ha modificado la posibilidad de establecer límites y prohibiciones a esta actividad, redactando que existe la posibilidad de “limitar o condicionar”. Sin embargo, no incluye la prohibición en la redacción de la norma.
Se mantiene el tope del 2% a los contratos de alquiler vigentes que será hasta final de año y subirá al 3% en 2024. A partir de 2025 se establecerá un nuevo índice sustituirá al IPC. Si la vivienda se pone en alquiler por primera vez a partir de 2024 el precio del alquiler lo fijará un índice que determinará cada CC.AA.
La Ley de Vivienda puede entrar en vigor al día siguiente de estar publicada en el BOE. Por norma general es a los 20 días de su publicación, pero en este caso se puede indicar otra fecha en el texto como sucedió con la subida de las pensiones. Tras catorce meses paralizada en la Comisión de Justicia, todo parece indicar que en apenas unas horas verá la luz verde.
"La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras"
