"La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras"
Como en el contrato no se contempla la opción de pago que no sea aplazado y el sistema de amortización diferido en combinación con la reconstitución del límite del crédito disponible “constituyen el núcleo y esencia del contrato”, el contrato no puede subsistir y, por tanto, el Juzgado declara la nulidad de la totalidad del mismo
En nuestro país, el año pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta norma recogía, entre sus objetivos, que la fecha para dejar de vender automóviles y vehículos comerciales de combustión (también híbridos) era 2040. Ahora deberemos ajustarlo a las normativas comunitarias si finalmente la iniciativa sale adelante.
La novedosa sentencia abre la puerta a que, de forma masiva, los afectados puedan reclamar desde la fecha de suscripción del préstamo hipotecario, aunque con anterioridad ya hubiesen formulado una reclamación y existiese una sentencia firme sobre tal petición. Aunque habrá que esperar al Supremo porque la sentencia no es firme.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria estimó íntegramente la demanda y condenó a la entidad a cesar en la práctica abusiva y eliminar la cláusula. La Audiencia de Álava confirmó la decisión, y ahora lo hace el Supremo, al desestimar el recurso de Kutxabank.
El Juzgado de Valencia interpreta que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 164.1 de la Constitución Española, la eficacia de la sentencia que limita los efectos atiende al momento de su publicación en el BOE y no al momento de cuando fue dictada. Por ello, acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por el contribuyente
El despacho de abogados donostiarra anuncia la presentación del escrito-denuncia ante la Comisión Europea y expresa que el TS ha incumplido la jurisprudencia comunitaria en relación a la cláusula que incorpora el índice IRPH en contratos con consumidores
La Autoridad bancaria de defensa del cliente bancario cuya creación anunció a principios de mes la vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, es importante que goce de credibilidad y poder sancionador. Sus resoluciones deberán ser vinculantes y, una vez detectada una mala práctica, deber a establecerse un sistema sancionador que disuada de manera efectiva a las entidades
En el fondo de la cuestión la constatación de que los derechos de los consumidores europeos frente a los beneficios de la banca terminan, como muchos otros, cuando se llega a los Pirineos.
Los ayuntamientos no van a poder exigir el pago de este impuesto, la plusvalía, en las compraventas de inmuebles que se hayan producido antes del día 26 de octubre, pero tampoco van a poder hacerlo en las que se produzcan desde ahora hasta que no se aprueben sus nuevas ordenanzas fiscales, para lo que tienen seis meses
