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Madrid suspende sus desahucios mientras dure la alarma

Los desahucios y lanzamientos hipotecarios en Madrid han sido suspendidos mientras dure la alarma, esto es  hasta el 27 de marzo como mínimo, por los riesgos que implican en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. La decisión se tomó el pasado jueves y la notificó a letrados y procuradores el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de la capital. Al día siguiente lo confirmaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Supremo y la Banca pierden la cláusula IRPH en Europa

El Tribunal de Justicia europeo sentenció, el pasado martes día 3 de marzo,  que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), utilizado para fijar el tipo de interés de casi un millón de créditos hipotecarios, a los que ha costado entre 18.000 y 35.000 euros más por préstamo,  puede ser considerado abusivo y, por tanto, sometido a anulación por parte de los jueces españoles en contra de lo dictado por el Tribunal Supremo

Por |2020-04-02T14:23:44+02:00marzo 5th, 2020|Opinión, Tribunal Supremo|1 comentario

El Tribunal Supremo condena al Estado por el impuesto de plusvalía

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado a indemnizar a un abogado zaragozano al que el Ayuntamiento de Jaca, en Huesca, cobró más de 2.500 euros del impuesto de plusvalía por la venta de una vivienda en la que, debido a la bajada de precio real del domicilio, perdió dinero.

ADICAE pide reclamar las comisiones por descubierto

ADICAE considera que la comisión por descubierto de Kutxabank que el Supremo ha declarado abusiva y nula era arbitraria e imposible de justificar desde el punto de vista de protección del consumidor, una vez que ya se cobran los intereses de demora

Los aprietos del Supremo frente a la sentencia del TJUE

La decisión final de que una cláusula abusiva y nula sea suprimida y que se pueda continuar o no con el procedimiento de ejecución hipotecaria– independientemente de que el contrato pueda o no subsistir- o deba tal ejecución ser sobreseída acudiendo el acreedor a un declarativo, ordinario, si a su Derecho conviniere, depende sola y exclusivamente del consumidor.

El Supremo de España continúa a la caza de los desfavorecidos

Por lo visto para el alto Tribunal no es suficiente ayudar a los bancos contra los hipotecados favoreciendo los desahucios, sino que también quiere acabar con la posibilidad de que con los magros euros del SMI, los contribuyentes puedan ahorrar alguna pequeña cantidad. El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que Hacienda puede embargar al contribuyente la parte del salario mínimo que haya ahorrado de un mes para otro.

El Supremo urde la trampa y cae en ella hasta las orejas

Las sucesivas actuaciones del Supremo, a cual más enloquecida, para defender a la banca,  están convirtiendo sus sentencias en un culebrón que no tiene ninguna pinta de terminar ni bien ni pronto. Inasequibles al desaliento, acumulan ya una buena serie de revolcones judiciales desde el TJUE, pero, a lo que parece, no están satisfechos y buscan seguir en el candelero de la estupidez, con los carrillos bien calientes.

A vueltas con la vivienda social, la Justicia y el PP de Madrid

Ana Botella, alcaldesa de Madrid por obra y gracia de Gallardón, que ideó una hábil maniobra para dejar el cargo y ascender a ministro, decidió hacer caja y consideró que la vivienda social de que disponía el ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), era inútil  y por lo tanto prescindible. Y sin preocuparse de la situación en que quedaban los desprotegidos inquilinos,  decidió vender y se buscó al comprador más buitre de la bandada que ya asolaba España: Blackstone.

El Tribunal Supremo infringe la Ley y la separación de poderes

En nuestro país si hay una institución tan desprestigiada y [...]

Cuando la banca no protesta es que se frota las manos

Con opiniones muy dispares y un importante caos en su aplicación, que ha llevado al Ministerio de Justicia a una moratoria hasta el 31 de julio, el pasado día 16 se puso en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. La prórroga concede a entidades y notarios un mes y medio para que adapten sus recursos a las nuevas condiciones.  Mientras tanto permite la tramitación en papel u otros canales para dar tiempo a los bancos a que actualicen sus plataformas informáticas.

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