el Tribunal Supremo y otras altas instancias judiciales de nuestro país han terminado por convencernos que son uno de los límites a nuestra democracia. Que la Justicia y sus leyes, que debieran protegernos de los abusos, sólo van en un sentido y que la banca y sus intereses son su única preocupación pudiendo torcer y retorcer las leyes a su conveniencia.
La Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, ha denunciado ante las instituciones europeas al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos
Las cláusulas IRPH tampoco se anulan en los casos de hipotecas de viviendas de protección oficial. Así lo ha acordado el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo en una sentencia que replica en estos supuestos el criterio que ya aplicó a la generalidad de los casos.
No existe en la estructura del TJUE un sistema de seguimiento de las resoluciones que dicta, pecando de ingenuidad si piensa que el Tribunal Supremo de España va a someterse, ni a la primera vez ni a la tercera, al principio de jerarquía de de las leyes comunitarias y su jurisprudencia, que están por encima de la española. Nuestro Tribunal Supremo va a intentar hacer su voluntad y lo que a la banca le conviene.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha impuesto una multa de 1.000 euros por temeridad a Unión de Créditos Inmobiliarios SA por obligar a unos clientes a pleitear por los gatos de hipoteca sabiendo que tenían razón y luego reclamar que fueran condenados en costas.
Después de que el Tribunal Europeo se pronunciase el pasado 16 de julio sobre la nulidad de la cláusula que impone los gastos de formalización de hipoteca y ofreciese una interpretación sobre la devolución de los mismos, el Tribunal Supremo dictó sentencia en la que sigue denegando la devolución de gran parte de estos gastos y continúa ayudando a la banca
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha anunciado que tiene previsto llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo su lucha para que sean los bancos quienes deban hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas.
El pasado 16 de julio el TJUE estableció que, cuando una cláusula contractual es declarada abusiva, deben aplicarse las disposiciones de derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, en defecto de acuerdo entre las partes.
Llegan sin parar sentencias desde diversos estamentos judiciales y sobre todo desde el TJUE que reconocen ambos aspectos y ponen los cauces para que los bancos deban pagar sus excesos. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado la esperada sentencia de gastos que determina que puede reclamarse la totalidad de los gastos hipotecarios (notaría, gestoría, registro y tasación), una vez declarada la nulidad de la cláusula.
La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de mayo, ha descartado la petición de devolución de ingresos indebidos derivados de una liquidación firme del impuesto municipal sobre la plusvalía amparada en la declaración de inconstitucionalidad parcial del tributo contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional
