ADICAE considera que la comisión por descubierto de Kutxabank que el Supremo ha declarado abusiva y nula era arbitraria e imposible de justificar desde el punto de vista de protección del consumidor, una vez que ya se cobran los intereses de demora
La decisión final de que una cláusula abusiva y nula sea suprimida y que se pueda continuar o no con el procedimiento de ejecución hipotecaria– independientemente de que el contrato pueda o no subsistir- o deba tal ejecución ser sobreseída acudiendo el acreedor a un declarativo, ordinario, si a su Derecho conviniere, depende sola y exclusivamente del consumidor.
Por lo visto para el alto Tribunal no es suficiente ayudar a los bancos contra los hipotecados favoreciendo los desahucios, sino que también quiere acabar con la posibilidad de que con los magros euros del SMI, los contribuyentes puedan ahorrar alguna pequeña cantidad. El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que Hacienda puede embargar al contribuyente la parte del salario mínimo que haya ahorrado de un mes para otro.
Las sucesivas actuaciones del Supremo, a cual más enloquecida, para defender a la banca, están convirtiendo sus sentencias en un culebrón que no tiene ninguna pinta de terminar ni bien ni pronto. Inasequibles al desaliento, acumulan ya una buena serie de revolcones judiciales desde el TJUE, pero, a lo que parece, no están satisfechos y buscan seguir en el candelero de la estupidez, con los carrillos bien calientes.
Ana Botella, alcaldesa de Madrid por obra y gracia de Gallardón, que ideó una hábil maniobra para dejar el cargo y ascender a ministro, decidió hacer caja y consideró que la vivienda social de que disponía el ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), era inútil y por lo tanto prescindible. Y sin preocuparse de la situación en que quedaban los desprotegidos inquilinos, decidió vender y se buscó al comprador más buitre de la bandada que ya asolaba España: Blackstone.
En nuestro país si hay una institución tan desprestigiada y [...]
Con opiniones muy dispares y un importante caos en su aplicación, que ha llevado al Ministerio de Justicia a una moratoria hasta el 31 de julio, el pasado día 16 se puso en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. La prórroga concede a entidades y notarios un mes y medio para que adapten sus recursos a las nuevas condiciones. Mientras tanto permite la tramitación en papel u otros canales para dar tiempo a los bancos a que actualicen sus plataformas informáticas.
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Tras la sentencia publicada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los jueces españoles podrían archivar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que están en curso salvo en aquellos casos en que los usuarios pidan expresamente que sigan adelante.
Esta ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sirve para trasponer una directiva para la cual España ya acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para la transposición acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción.
