Tras la sentencia publicada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los jueces españoles podrían archivar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que están en curso salvo en aquellos casos en que los usuarios pidan expresamente que sigan adelante.
Esta ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sirve para trasponer una directiva para la cual España ya acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para la transposición acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción.
Sin casi ya tiempo por la próxima disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo, el Gobierno prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda, ya consensuado con Podemos. Y a diferencia del fiasco anterior incluirá un índice de precios máximos para el alquiler en las grandes ciudades y cambios en los desahucios. Con el propósito de lograr el mayor consenso posible se continúa negociando con el PDeCAT y el PNV en el texto que se lleve al Consejo de Ministros.
La desaparición el pasado año, forzada por la moción de censura, del Gobierno de Mariano Rajoy continúa teniendo consecuencias. La última ha sido que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias del 17 y 31 de enero de 2019, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno del PP, que pesaba sobre las leyes catalanas de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015 y Ley 4/2016). Y ha dejado sin efecto la suspensión cautelar que recaía sobre varios preceptos legales de las mismas, quedando así nuevamente en vigor ambas leyes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de sendas sentencias.
La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia que registradores y notarios están cobrando de más en escrituras de cancelación, novación y subrogación de hipotecas. Tanto los Registradores, y también los notarios, aprovecharon una modificación de los aranceles para las operaciones de cancelación, novación y subrogación de hipotecas inmersas en operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Real Decreto-ley 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, para interpretarla a su favor, lo que supuso una importante subida de los aranceles que afectaba a todos los consumidores. ¿Alguien sabe cuál es la profesión de M. Rajoy?
El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos los datos que confirman que el frenazo en la compraventa de casas experimentado el mes de noviembre no fue a causa de la actuación del Supremo y que es preciso buscar otras causas. El avance de las hipotecas el pasado mes de noviembre alcanzó un 14.2% según datos del INE, siendo el undécimo mes del año en incrementarse. Fueron un total de 28.835 los créditos hipotecarios concedidos a un interés medio del 2,61%. También creció en un 5,5% el importe medio de las hipotecas hasta alcanzar los 130.651 euros.
La batalla de los afectados por el IRPH está a punto del desenlace, aunque es preciso decir que, con los antecedentes existentes, tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los afectados se verán abocados a reclamar su liquidación a través de los tribunales especiales, que con lo colapsados que ya están por el resto de cláusulas abusivas de los bancos, podrían demorar su sentencia casi dos años y a ello jugará la banca
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una serie de sentencias el pasado 23 de enero, donde ha fijado doctrina sobre la posible abusividad de la cláusula de comisión de apertura y sobre a qué parte corresponde el pago de los distintos gastos derivados de la contratación de un préstamo hipotecario (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, aranceles ante notario y registrador y gastos de gestoría).
Aunque pueda parecer un contrasentido, en el mercado inmobiliario todo es posible. Así, los bancos rescatados con dinero público han protagonizado casi las dos terceras partes, el 65 % total, de los desahucios por ejecución hipotecaria, según una investigación de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
En esto del inmobiliario no salimos de un problema para meternos en otro. Al lío del Supremo con el Impuesto de los Actos Jurídicos Documentados le sigue el barullo de los alquileres, con un decreto ley publicado el 18 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con los nuevos cambios legales en materia de alquiler y que decae tras 35 días, al no ponerse de acuerdo el PSOE y Podemos sobre su total idoneidad por no incluirse una limitación en el precio del alquiler y la incorporación del IPC para las subidas.
