El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria estimó íntegramente la demanda y condenó a la entidad a cesar en la práctica abusiva y eliminar la cláusula. La Audiencia de Álava confirmó la decisión, y ahora lo hace el Supremo, al desestimar el recurso de Kutxabank.
El Juzgado de Valencia interpreta que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 164.1 de la Constitución Española, la eficacia de la sentencia que limita los efectos atiende al momento de su publicación en el BOE y no al momento de cuando fue dictada. Por ello, acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por el contribuyente
El despacho de abogados donostiarra anuncia la presentación del escrito-denuncia ante la Comisión Europea y expresa que el TS ha incumplido la jurisprudencia comunitaria en relación a la cláusula que incorpora el índice IRPH en contratos con consumidores
La Autoridad bancaria de defensa del cliente bancario cuya creación anunció a principios de mes la vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, es importante que goce de credibilidad y poder sancionador. Sus resoluciones deberán ser vinculantes y, una vez detectada una mala práctica, deber a establecerse un sistema sancionador que disuada de manera efectiva a las entidades
En el fondo de la cuestión la constatación de que los derechos de los consumidores europeos frente a los beneficios de la banca terminan, como muchos otros, cuando se llega a los Pirineos.
Los ayuntamientos no van a poder exigir el pago de este impuesto, la plusvalía, en las compraventas de inmuebles que se hayan producido antes del día 26 de octubre, pero tampoco van a poder hacerlo en las que se produzcan desde ahora hasta que no se aprueben sus nuevas ordenanzas fiscales, para lo que tienen seis meses
Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”.
Después de tanto tiempo en la poltrona y acostumbrados [...]
Según constate jurisprudencia, se requiere, para la comisión del delito, la ocupación de un inmueble que no constituya la vivienda de nadie; que el ocupante carezca de todo título que legitime su ocupación desde el inicio de su ocupación -por ejemplo, no comete el delito quien teniendo inicialmente un título que habilite su ocupación, al finalizar este se mantenga indebidamente en la posesión del inmueble-. Asimismo, debe constar la voluntad del titular del inmueble a permitir la ocupación, exigiendo la jurisprudencia que la manifestación de voluntad ha de ser expresa.
A esos 1.400 millones, que corresponden al periodo 2013-2020, habría que sumar los correspondientes intereses generados en este período de tiempo y, en su caso, lo cobrado este 2021. Además, hay que tener en cuenta que los organismos de Cuenca ya se han gastado, como mínimo, ese 2%, en la propia gestión ordinaria del tributo "y deben ser compensadas por ello", apunta el Ministerio, que califica esta situación de "legado envenenado".
