El Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy, día 5 de marzo, una providencia por la que asegura que esperará a que ha decidido paralizar todos los asuntos pendientes de resolución sobre créditos inmobiliarios ligados al polémico Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelva a pronunciarse al respecto.
El Tribunal Supremo ha decidido prohibir que un fondo buitre pueda instar el desahucio de un inquilino de una vivienda protegida en Madrid y lo hace aplicando la ley y la lógica, que muchas veces van por diferentes caminos.. La decisión del TS se basa en que los jueces anularon la venta de l3.000 viviendas públicas de realizada por la Comunidad de Madrid a estos fondos y, por tanto, ya no son de su propiedad no pudiendo instar al desahucio de sus ocupantes.
Un manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
Ni la contradicción del Supremo con su propia doctrina ni la tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos, se había visto nunca en la historia del Tribunal Supremo de España. La desesperación de estar en ese callejón sin salida y con el barro hasta las orejas les ha llevado a contradecir las leyes atentando además contra los derechos de los consumidores.
Ante la amenaza de la Secretaría de Estado de "incluir en la futura Ley de Vivienda la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social", Asval asegura que esta medida supondría un nuevo "atentado contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española".
el Tribunal Supremo y otras altas instancias judiciales de nuestro país han terminado por convencernos que son uno de los límites a nuestra democracia. Que la Justicia y sus leyes, que debieran protegernos de los abusos, sólo van en un sentido y que la banca y sus intereses son su única preocupación pudiendo torcer y retorcer las leyes a su conveniencia.
La Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, ha denunciado ante las instituciones europeas al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos
Las cláusulas IRPH tampoco se anulan en los casos de hipotecas de viviendas de protección oficial. Así lo ha acordado el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo en una sentencia que replica en estos supuestos el criterio que ya aplicó a la generalidad de los casos.
No existe en la estructura del TJUE un sistema de seguimiento de las resoluciones que dicta, pecando de ingenuidad si piensa que el Tribunal Supremo de España va a someterse, ni a la primera vez ni a la tercera, al principio de jerarquía de de las leyes comunitarias y su jurisprudencia, que están por encima de la española. Nuestro Tribunal Supremo va a intentar hacer su voluntad y lo que a la banca le conviene.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha impuesto una multa de 1.000 euros por temeridad a Unión de Créditos Inmobiliarios SA por obligar a unos clientes a pleitear por los gatos de hipoteca sabiendo que tenían razón y luego reclamar que fueran condenados en costas.
