Opinión

Ha sido el empeoramiento de la situación económica de muchos españoles por la pandemia, lo que ha traído aparejado un notable incremento en los desahucios a partir del verano y el movimiento del Gobierno, empujado por Podemos, para pararlos

El degradante espectáculo del IRPH,  al que estamos asistiendo tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de noviembre, demuestra muchas cosas y proporciona una claridad cristalina de lo que hay tras las bambalinas del poder judicial, aunque se esté haciendo a costa de la salud física y mental cada vez mayor de unos afectados, de los que algunos llevan ya más de 10 años inmersos en la pesadilla, que ven como sus derechos son pisoteados a cuenta de los intereses de las grandes corporaciones financieras.

Este marco diabólico ha convertido a nuestro país en uno de los mercados inmobiliarios más especulativos, que a pesar de las circunstancias continúa generando deuda y cementando a la vez hasta el último metro cuadrado de nuestras costas, no podría ser tan atractivo para los grupos inversores que son, al final, quienes manejan los hilos, si España tuviera un parque de vivienda social proporcional a su población

La pandemia va a cambiar mucho del mundo que conocíamos y es mejor comenzar a asumirlo. El sector inmobiliario, como la gran mayoría de las actividades económicas, no va a ser ajeno a estos cambios. Y no sólo es la brusca digitalización del entorno de trabajo de las agencias inmobiliarias, ni la gran maestría que está adquiriendo el usuario a la hora de hacer búsquedas en Google, que consigue que muchos olviden el nombre de los grandes portales inmobiliarios y demuestra que el que no está en Google no existe. También el dinero está cambiando sus costumbres y los inversores ven al sector con otros ojos.

Con Madrid como capital europea de la pandemia y exportando casos en todas direcciones, no podemos pretender volver a la normalidad. Los políticos chapuceros o incapaces y un bichito que aprovecha nuestras equivocaciones para medrar nos lo van a impedir. La solución es fácil: más sanidad, más recursos, más restricciones, más responsabilidad y menos mediocridad. Pero antes unas administraciones en rebeldía, que sólo trabajan para ver de echar la culpa de la situación a otros,  ¿quién toma la iniciativa?

Ya se están apuntando medidas que podrían prorrogarse aún más en el tiempo, como son las moratorias en los cortes por impago de los principales suministros del hogar: luz, agua y gas. Pero la situación no acaba ahí, ni mucho menos. El otro gasto importante para las familias, el más importante podría decirse, es la vivienda. Y es en este mercado inmobiliario donde la crisis económica que ya se está abriendo podría provocar importantes cambios.

La situación es difícil y la profundidad de la crisis en el sector inmobiliario tendrá mucho que ver con las consecuencias que la pandemia tenga en el mercado laboral. El desempleo influirá en el número de operaciones y también en los precios. La necesidad de liquidez en muchos propietarios les obligará a aceptar ofertas que jamás hubieran considerado y a otros les empujará a retirar su propiedad de la venta. La segunda residencia en la costa se llevará la peor parte y podría perder el terreno perdido en estos años de recuperación.