Los ERTEs están ayudando, hay multitud de empresas en teletrabajo y que han podido reducir sus gastos. También hay mucho personal que ya no está y algunas inmobiliarias que no cogen el teléfono. Entre el resto la consigna es la misma, reinventarse y sobrevivir.
Ante la concreción de una Ley de Vivienda que ya está llegando tarde, los diferentes actores van tomando posiciones y la discusión comienza a generalizarse volviéndose bronca. Todos se juegan mucho y los peones ya se están moviendo en el tablero. Por un lado hay mucho dinero en juego, por el otro la razón de ser de un pacto de legislatura.
No se han cumplido las previsiones más pesimistas que sobre la evolución del sector inmobiliario se producían en pleno confinamiento, allá por el mes de mayo. No ha habido bajadas de precios del 5% o más y tenemos que dejarlas, según diversas fuentes, entre el 1,5 y el 2,5%. Tampoco se ven cambios de precios a la baja en los anuncios de venta de inmuebles, por lo que estas bajadas medias se estarían produciendo en las negociaciones entre comprador y vendedor, cosa que por otro lado siempre sucede.
Ha sido el empeoramiento de la situación económica de muchos españoles por la pandemia, lo que ha traído aparejado un notable incremento en los desahucios a partir del verano y el movimiento del Gobierno, empujado por Podemos, para pararlos
Se estima que la Iglesia Católica tiene en España más de 100.000 propiedades inmobiliarias, de las que 5.000 son iglesias, siguen conventos, cementerios, ermitas, locales, y un buen número de pisos, locales y edificios alquilados a terceros y de lo que no se saben muy bien los ingresos que le rentan… Todo ello le convierte en el mayor propietario inmobiliario del estado.
El degradante espectáculo del IRPH, al que estamos asistiendo tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de noviembre, demuestra muchas cosas y proporciona una claridad cristalina de lo que hay tras las bambalinas del poder judicial, aunque se esté haciendo a costa de la salud física y mental cada vez mayor de unos afectados, de los que algunos llevan ya más de 10 años inmersos en la pesadilla, que ven como sus derechos son pisoteados a cuenta de los intereses de las grandes corporaciones financieras.
La pandemia acelerará las tendencias económicas ya observadas: demografía a la baja, incorporación masiva de nuevas tecnologías, auge del comercio electrónico y la digitalización empresarial, junto a un incremento de los residentes urbanos con el fortalecimiento de nuevos núcleos poblacionales
Este marco diabólico ha convertido a nuestro país en uno de los mercados inmobiliarios más especulativos, que a pesar de las circunstancias continúa generando deuda y cementando a la vez hasta el último metro cuadrado de nuestras costas, no podría ser tan atractivo para los grupos inversores que son, al final, quienes manejan los hilos, si España tuviera un parque de vivienda social proporcional a su población
La pandemia va a cambiar mucho del mundo que conocíamos y es mejor comenzar a asumirlo. El sector inmobiliario, como la gran mayoría de las actividades económicas, no va a ser ajeno a estos cambios. Y no sólo es la brusca digitalización del entorno de trabajo de las agencias inmobiliarias, ni la gran maestría que está adquiriendo el usuario a la hora de hacer búsquedas en Google, que consigue que muchos olviden el nombre de los grandes portales inmobiliarios y demuestra que el que no está en Google no existe. También el dinero está cambiando sus costumbres y los inversores ven al sector con otros ojos.
Con Madrid como capital europea de la pandemia y exportando casos en todas direcciones, no podemos pretender volver a la normalidad. Los políticos chapuceros o incapaces y un bichito que aprovecha nuestras equivocaciones para medrar nos lo van a impedir. La solución es fácil: más sanidad, más recursos, más restricciones, más responsabilidad y menos mediocridad. Pero antes unas administraciones en rebeldía, que sólo trabajan para ver de echar la culpa de la situación a otros, ¿quién toma la iniciativa?
