Los datos publicados reflejan un descenso del 11,2% interanual, con un total de 163.322 operaciones cerradas entre enero y marzo. Se trata del peor registro para un primer trimestre desde 2024 y supone un cambio de tendencia evidente respecto al comportamiento observado durante los dos últimos años.
Las perspectivas para los próximos meses son razonablemente optimistas. Los elevados niveles de licitación pública registrados durante el primer trimestre, los mejores de toda la serie histórica según el Ministerio, permiten prever que el volumen de nuevas promociones continuará creciendo.
Cada vez son más demandadas las viviendas situadas en municipios cercanos a Granada capital que han experimentado un importante crecimiento demográfico durante los últimos años. Localidades como Armilla, Maracena, Albolote, Ogíjares, La Zubia, Cenes de la Vega o Las Gabias se han convertido en opciones muy atractivas para familias que buscan más espacio y calidad de vida sin renunciar a la proximidad de la ciudad.
La renta bruta disponible de los hogares crece, los cambios demográficos y sociales siguen generando nuevas unidades familiares —en torno a 200.000 al año— y la oferta de vivienda en las zonas donde esa demanda se concentra sigue siendo insuficiente.
En condiciones de mercado convencionales, una subida de precios tan sostenida y tan pronunciada debería atraer inversión promotora, acelerar la producción y, con el tiempo, reequilibrar la oferta. Aquí no está ocurriendo. Los precios suben, pero la vivienda no se construye. Esa disociación es la mejor evidencia de que los problemas del sector no son cíclicos, sino estructurales.
Según el Índice General IMIE de Tinsa by Accumin, la vivienda nueva y usada encareció un 1,3% solo en el mes de mayo, lo que eleva la tasa interanual hasta el 15,4%. Un dato que no invita precisamente al optimismo si se tiene en cuenta que la inflación general de la economía crece bastante por debajo de esa cifra: la vivienda le saca nada menos que 11,9 puntos porcentuales de ventaja al IPC
El Supremo lo recuerda con claridad: la protección legal no alcanza a cualquier operación inmobiliaria frustrada, sino únicamente a aquellas en las que la adquisición respondía a una necesidad habitacional. Ser consumidor, o haber comprado una sola vivienda, no garantiza por sí solo el acceso a esas garantías. Lo que importa es el destino real de la compra.
Por primera vez en mucho tiempo —o quizás en toda la serie— ninguna comunidad autónoma logró mantenerse por debajo del 10% de subida anual. La geografía del encarecimiento es ya universal en España. A la cabeza del ránking figuran Aragón y la Región de Murcia, con un alza del 15,6%, seguidas de Castilla y León y Ceuta, con un 14,9%. También por encima de la media nacional se situaron Asturias, la Comunidad Valenciana y La Rioja, con un 14,3%, Cantabria con un 14%, y las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid con un 13,6%.
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La ley permite además a los ayuntamientos autorizar, de forma temporal, alojamientos temporales en parcelas industriales vacantes en entornos urbanos consolidados. El objetivo declarado es dar respuesta a la movilidad laboral y aprovechar suelo infrautilizado. El objetivo real, que nadie oculta demasiado, es que el coliving —ese eufemismo para habitaciones compartidas a precio de piso entero— encuentre cobertura legal en la región.
