La posibilidad de convertir todos estos espacios en hogares reales para personas con necesidades habitacionales debería ser una prioridad. No solo por su lógica social y urbanística, sino también por su eficiencia ambiental: no consumir nuevo suelo, rehabilitar lo existente, y revitalizar barrios degradados.
Según los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las ejecuciones hipotecarias se han incrementado un 4,2% interanual en el primer trimestre de 2025, mientras que los desahucios derivados de impagos de alquileres han aumentado más de un 6% en algunas comunidades como Cataluña, Madrid y Andalucía.
La clave de esta reforma reside en la introducción de un nuevo tipo de autorización administrativa: las denominadas "licencias esenciales" o simplificadas. Estas licencias no sustituyen a la tradicional licencia de obras, pero permiten avanzar en los procesos de tasación y financiación hipotecaria, bajo ciertas condiciones
No se trata solo de compraventa, de hipotecas imposibles o alquileres abusivos. Se trata de una inseguridad estructural: de no saber si dentro de seis meses vas a seguir en tu casa, de destinar la mitad del sueldo a mantener un techo, o de ver cómo tu hijo adulto sigue viviendo en tu casa porque ni con trabajo puede emanciparse.
El Reglamento 2024/1028, aprobado en abril de 2024 por el Parlamento Europeo y el Consejo, obliga a los Estados Miembros a establecer un sistema de registro digital único para los arrendamientos de corta duración.
Una de las claves del nuevo plan es la colaboración público-privada, en la que el Ayuntamiento cede suelo municipal para que promotores privados y entidades sociales construyan vivienda protegida. De las más de 4.600 viviendas proyectadas, unas 2.330 serán desarrolladas bajo esta fórmula mixta, lo que representa la mitad del total.
El Estado se compromete a aportar el 60% de la financiación, mientras que las comunidades asumirán el 40% restante. Con esta estructura, se busca garantizar la corresponsabilidad y un reparto justo de los recursos para lograr un impacto efectivo sobre el mercado de vivienda.
Con un déficit acumulado durante décadas, el acceso a la vivienda se ha convertido en un agujero negro que devora los salarios, enriquece a grandes grupos inversores y, sobre todo, frustra expectativas de vida. Las soluciones existen, los fondos también. Lo que falta, una vez más, es voluntad política real y capacidad para el acuerdo.
Una de las novedades más significativas en estas licitaciones es que se valora con un 10% la industrialización en la construcción, es decir, el uso de técnicas modernas que permiten acortar plazos, reducir costes, mejorar la eficiencia energética y ganar calidad constructiva. Esta decisión se enmarca dentro del PERTE de Industrialización de la Vivienda.
Ante este escenario del alquiler, se podría pensar que la compra es una alternativa más segura. Pero tampoco es una salida fácil. De entrada, para acceder a una hipoteca es necesario contar con un ahorro previo de al menos el 30% del precio del inmueble: un 20% como entrada y otro 10% para cubrir gastos como notaría, registro, impuestos o comisiones.
