Las perspectivas no invitan al optimismo. El Observatorio prevé que la escasez de oferta continúe mientras no se adopten medidas que estimulen o creen nueva vivienda, que los precios sigan altos y que la demanda se mantenga en las zonas más pobladas.
El primer paso es encargar a un arquitecto un proyecto técnico que demuestre que las dos viviendas resultantes cumplen la normativa. Después llega la autorización de la comunidad de propietarios, luego la licencia municipal, que por lo general es de obra mayor y exige proyecto básico y de ejecución con dirección facultativa.
Esta semana se han acumulado frentes abiertos contra las plataformas digitales, desde el Ministerio de Consumo hasta la Comisión Europea, pasando por un sindicato que ha puesto la lupa sobre los dos grandes portales inmobiliarios del país. Y lo que se dibuja es un sector que creció sin control y que ahora se revuelve cada vez que alguien pretende ponerle normas.
Con hogares que destinan entre el 40% y el 100% de sus ingresos a pagar un techo, según el propio diagnóstico del partido, la vivienda se ha convertido en el gran agujero por el que se escapan los votos de los dos grandes. Y ahí entra Democracia21, con el lema «Volver a creer» y la promesa de romper la política de bloques. La pregunta es si existe todavía ese centro al que apela o si es un solar abandonado desde hace décadas.
El Ministerio presenta la consulta como una muestra de su apuesta por la participación en la definición de la posición española. El trámite se enmarca en el Estudio de Impacto de la Propuesta Legislativa Europea (EIPLE), el instrumento previsto para que España pinte algo en la elaboración de normas comunitarias antes de que lleguen ya cocinadas.
La finalidad declarada es ampliar la oferta de vivienda asequible y frenar la escalada del alquiler allí donde la presión es más asfixiante. Las subvenciones se amparan en el artículo 18 de la Ley de Vivienda y deben servir para financiar los planes específicos que cada comunidad diseñe para corregir los desequilibrios que impiden a muchos hogares acceder a un techo a precio razonable.
El Gobierno Vasco ha alcanzado un principio de acuerdo con Testa Residencial, la socimi controlada por el fondo estadounidense Blackstone, para quedarse con 510 viviendas protegidas del barrio donostiarra de Benta Berri por 100 millones de euros. El objetivo es que sus inquilinos sigan donde están y que esos pisos no acaben en el mercado libre cuando caduque su protección, en noviembre de 2028.
Una buena integración puede funcionar en un sentido o en los dos. Del CRM a la web, das de alta un inmueble y aparece publicado; cambias el precio y se actualiza; lo marcas como vendido y desaparece o se muestra como vendido, con sus fotos, planos, características y agente asignado. De la web al CRM, cada solicitud de información, de visita o de valoración entra directamente en tu CRM con los datos del contacto, el inmueble por el que pregunta y el origen de la consulta.
Pueden acogerse los pequeños propietarios, aquellos con menos de cinco viviendas, que destinen el inmueble a alquiler habitual. Quedan fuera las personas jurídicas. Y hay dos condiciones que estrechan bastante el embudo: la vivienda debe estar en una zona tensionada y la renta no puede superar el índice de precios de referencia
Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que recogen fundamentalmente los impagos de renta, se quedaron en 2.244 casos, un 57,7% menos que entre abril y junio de 2025. Aun así, siguen representando el 50,1% de todos los desahucios ejecutados, lo que dice mucho de dónde está hoy el verdadero punto débil del sistema: no en la hipoteca, sino en el recibo mensual de un alquiler que cada vez se come una parte mayor del sueldo.
