El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno, contempla la cesión gratuita de diez terrenos de titularidad municipal al Ejecutivo vasco para desarrollar un total estimado de 5.095 viviendas protegidas y alojamientos intergeneracionales en distintos ámbitos urbanísticos de la capital guipuzcoana, con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler asequible y dar respuesta a la emergencia habitacional que arrastra el municipio.
El sistema fue diseñado precisamente para contener las subidas de los alquileres en un contexto de inflación elevada, protegiendo a los inquilinos a costa de limitar los ingresos de los arrendadores. Es una decisión de política económica con consecuencias redistibutivas claras, aunque el debate sobre si es justa o eficaz sigue abierto.
En 2021, los ingresos por alquiler declarados alcanzaron los 24.205 millones. En cuatro años han crecido un 40%, fruto de un mercado tensionado que acumula subidas anuales superiores al 10%. Esto no es un calentamiento puntual; es una transferencia estructural y sostenida de rentas desde quienes trabajan hacia quienes poseen.
Desde 2021, primer año en que el INE desglosa los datos por antigüedad del contrato, los arrendamientos vigentes acumulan una subida del 7,5%, mientras que los nuevos contratos se han encarecido un 19,3%.
Diez años son los suficientes para convertir una restricción de acceso en una exclusión prácticamente permanente para cualquier persona que haya llegado a Catalunya en la última década y no cuente con recursos para competir en el mercado libre.
Paiporta se suma a una corriente que crece en l'Horta Sud. Mislata, La Pobla de Farnals y Sedaví ya habían formalizado la petición ante la Generalitat. Alaquàs, Burjassot y Paterna han aprobado mociones similares en sus plenos.
La moderación de abril es una buena noticia, pero sería imprudente interpretarla como el inicio de una corrección sostenida. La oferta de vivienda en alquiler sigue siendo insuficiente en los grandes mercados, la construcción de nueva vivienda pública avanza a un ritmo que no guarda proporción con la magnitud del problema, y hay comunidades autónomas que parecen haber decidido que regular el alquiler es una opción ideológica y no una obligación con sus ciudadanos
La Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AvitarGranada), que promovió el recurso, no ha tardado en sacar conclusiones prácticas del fallo. La patronal ha animado a todos los afectados que hayan visto canceladas, bloqueadas o frustradas sus licencias, registros, expedientes o explotaciones turísticas por la aplicación del acuerdo municipal a contactar con la asociación para estudiar su caso.
Otro dato que conviene tener presente para calibrar la dimensión real del fenómeno: solo el 4,9% de la población total —el 5,7% si nos limitamos a la población adulta— obtiene ingresos mediante alquileres. Frente a ellos, el 20,8% de la población española vive de alquiler, según la última Encuesta de Condiciones de Vida. Cuatro veces más inquilinos que arrendadores.
En conjunto, los tres municipios contemplan la promoción de cerca de 1.500 nuevas viviendas en los próximos años, cifra que podría elevarse hasta 1.800 si se desarrolla todo el potencial urbanístico previsto. Es un esfuerzo notable para municipios de tamaño medio, pero conviene no perder de vista que las zonas tensionadas son, ante todo, un instrumento de contención de precios, no de generación de oferta.
