El mercado inmobiliario no se autorregula, y el Estado no puede seguir premiando a quienes acaparan, especulan o vacían viviendas. La fiscalidad es un instrumento poderoso para orientar el mercado hacia el interés general , porque va contra la rentabilidad del negocio y, por otro lado, garantiza el acceso a la vivienda como un derecho, no como un privilegio de fondos y rentistas.
El gobierno municipal de Madrid busca poner freno a una actividad desbocada que ha provocado la expulsión de vecinos del centro, el aumento del precio de la vivienda y la desaparición del comercio de barrio
La vivienda ha pasado de ser un derecho a un activo de inversión con alta rentabilidad. El Banco de España reconoce sin tapujos que el “alto retorno” de las rentas inmobiliarias ha atraído capital privado y desplazado a las administraciones y los inversores institucionales del mercado del alquiler. En resumen: la oferta ha crecido gracias a los particulares, mientras el sector público sigue desaparecido.
El alquiler de temporada no responde a una necesidad real del mercado, sino a una oportunidad de beneficio especulativo en zonas donde los precios del alquiler permanente están regulados o restringidos.
Durante años, el mercado de la vivienda en España ha operado con escasa intervención pública. Salvo en situaciones excepcionales —la burbuja de 2008 y su posterior estallido—, el alquiler ha estado sometido a una lógica puramente especulativa que ha desbordado los límites de lo asumible para una parte creciente de la población.
Ibiza es hoy un paradigma de la burbuja inmobiliaria en zonas turísticas. En este escenario, incluso personas con trabajos estables y bien remunerados se ven obligadas a vivir en autocaravanas, coches o tiendas de campaña ante la imposibilidad de pagar un alquiler. Los efectos en la economía local son devastadores: los hoteles y restaurantes no encuentran trabajadores, porque no hay dónde vivir.
Más allá de los porcentajes, lo que realmente preocupa es la inercia institucional y la ausencia de un plan común para abordar el mayor problema estructural de España: el acceso a una vivienda digna. Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas han conseguido —o querido— afrontar de forma decidida un problema que no deja de escalar. Y no hay síntomas de que esto vaya a cambiar.
El IRAV ha subido una décima en abril, situándose en un 2,09%. Sin embargo, en ciudades como Madrid, Sevilla y A Coruña, los precios del alquiler siguen una tendencia alcista que supera con creces este índice.
La declaración de San Sebastián abre el camino para otras capitales vascas. Según ha confirmado el propio Departamento de Vivienda, Vitoria-Gasteiz y Bilbao están en proceso de ser declaradas zonas tensionadas, previsiblemente en las próximas semanas.
El Consejo de Estado, en su dictamen previo, también señaló la falta de audiencia a los gobiernos autonómicos y al sector turístico, aunque su informe no es vinculante. Canarias considera que el decreto afecta directamente a su marco regulador del alquiler vacacional, en el que ya cuenta con un registro propio y una normativa en vigor.
