El arrendatario del inmueble pedía a los inquilinos la cantidad de 1.200 euros al mes cuando el anterior contrato era de 950 euros. De esta forma incumplía la norma que fija la congelación de los precios para los inmuebles en los que había existido un contrato en los últimos cinco años.
A cambio de esta socialización de sus bienes inmobiliarios las empresas serían compensadas económicamente con unas liquidaciones que se estima que puedan alcanzar los 13.700 millones de euros.
La Guardia Civil recomienda desconfiar de los anuncios en los que el precio del alquiler sea desmesuradamente bajo y consultar el número de personas que han alquilado anteriormente el inmueble, así como sus comentarios y opiniones.
A pesar de la mayor aceptación del alquiler por parte de la sociedad en España, continúa muy arraigada la percepción de que este régimen de acceso a una casa es temporal. Así lo cree el 65,7% de los entrevistados (el 70,9% de los jóvenes), algo que podría tener relación con el hecho de que aquellos que residen en una vivienda en propiedad manifiestan un mayor nivel de felicidad (7,5) que los que comparten casa (7,2) o viven de alquiler (7,1)
Se trata del segundo caso en el que el Ayuntamiento sanciona por discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen, aunque el primero fue por el anuncio de un piso que se ofrecía solo para personas españolas.
Coincidiendo con la sentencia en su contra, la plataforma de alojamiento ha indicado que es obligatorio que los propietarios de París demuestren que sus apartamentos han sido registrados en el ayuntamiento. Además, Airbnb afirmó que ya lo había hecho obligatorio desde el 1 de abril para todos los nuevos anuncios lanzados en la capital y desde este jueves esa obligación se extiende a todos los propietarios que pongan a disposición toda su casa. En caso contrario, desactivará esos anuncios.
Para terminar de complicar la situación, sobre todo para los que están haciendo la Ley desde el PSOE, que ven debilitarse sus argumentos, han comenzado a llegar algunas informaciones de lo que está sucediendo en Cataluña con la regulación de los precios del alquiler. Las rentas bajan en los 61 municipios donde hay regulación y suben en el resto. Además se están firmando más nuevos contratos de arrendamiento. Es decir, se están consiguiendo los objetivos buscados.
Madrid y Barcelona son las zonas con mayor número de viviendas turísticas. Ambas ciudades concentran el 10,2% del total. En relación a agosto de 2020, el número de estas unidades ha bajado un 14,8% en Barcelona y un 10,0% en Madrid. Este menor descenso relativo sitúa a la capital como la urbe con más viviendas turísticas de España.
El crecimiento descontrolado de la vivienda turística genera graves perjuicios en las zonas en las que se implanta, al provocar el encarecimiento del alquiler, la expulsión de los barrios a sus habitantes tradicionales y el deterioro de la convivencia de los vecinos.
Las 32 multas impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona se dirigen a plataformas de anuncios de vivienda y a sus administradores, junto con agencias inmobiliarias, por no incluir el índice de referencia de precio de alquiler, tal como marca la ley que regula los alquileres de la Generalitat. El monto total de las sanciones propuestas asciende a 96.000 euros.
