El auge del alquiler turístico plantea un desafío para el mercado inmobiliario español. Si bien genera beneficios económicos, también es evidente su impacto negativo en el precio de la vivienda, los servicios y la calidad de vida de los residentes.
El IRAV sustituye al tradicional Índice de Precios al Consumo (IPC) como referencia en los contratos de alquiler, con el objetivo de evitar incrementos desproporcionados en las rentas y garantizar una mayor seguridad jurídica tanto para los inquilinos como para los propietarios.
La regulación del alquiler en Cataluña, impulsada tanto por la Generalitat como por la nueva Ley de Vivienda estatal, ha sido el detonante de esta desbandada. En particular, la declaración de 140 municipios como zonas tensionadas, junto con el tope en los precios de los contratos de alquiler, ha reducido significativamente la rentabilidad para los grandes inversores.
Con la presentación de un ambicioso paquete de medidas por parte del Gobierno en el foro "Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar", se plantea un nuevo enfoque para abordar la crisis habitacional y los desequilibrios del mercado. Estas políticas, lideradas por el presidente Pedro Sánchez, buscan garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, proteger a los sectores más vulnerables y regular el mercado para frenar su conversión en un bien exclusivamente especulativo.
Además del incremento en los alquileres, el precio de compra de la vivienda también ha registrado una subida notable en Madrid, alcanzando un incremento interanual del 9,1%. Con este aumento, el precio medio de la vivienda en la Comunidad de Madrid se sitúa en 2.732 €/m², posicionándola como la tercera región más cara de España, detrás de Baleares y Guipúzcoa.
La calculadora de actualización de la renta del alquiler lanzada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es un recurso valioso para arrendadores e inquilinos que deseen mantener sus contratos actualizados según la normativa vigente.
El IRAV surge de la necesidad de regular las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento, conforme a lo estipulado por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Este nuevo índice sustituye al IPC como principal referencia y se aplicará a todos los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023.
El Decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía plantea la posibilidad de establecer limitaciones a las VUT en áreas saturadas. Sin embargo, estas medidas aún no se implementan de manera efectiva en Málaga, lo que deja sin solución inmediata el desbalance entre la oferta de viviendas turísticas y residenciales.
La promoción Nuestra Señora de los Ángeles 14 forma parte del ecobarrio de Puente de Vallecas, un proyecto urbanístico que combina desarrollo urbano y sostenibilidad medioambiental. Este modelo busca reducir el impacto ambiental de las viviendas y promover un entorno más saludable para sus residentes.
El origen de la investigación se remonta al pasado mes de junio, cuando Consumo solicitó información a diversas plataformas de alquiler turístico para analizar la legalidad de las viviendas publicitadas. Como resultado, se detectaron miles de anuncios de pisos sin licencia, lo que vulnera el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
