Este nuevo procedimiento no solo cambia el método de reparto, también toca las condiciones de entrada, y aquí es donde conviene prestar atención antes de lanzarse a solicitar nada. A partir de ahora se exigen 5.000 euros de ingresos mínimos para acceder al alquiler protegido, 19.000 euros para la compra de VPO y 24.000 euros para la compra de VPT.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que recibió el aval unánime de las comunidades autónomas el pasado mes de mayo en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, triplica los recursos respecto a su predecesor, el PEV 2022-2025, y eleva la inversión total hasta los 7.000 millones de euros
Se trata del segundo gran paquete de vivienda pública que lanza el organismo desde su creación, después de la convocatoria piloto de 171 viviendas en Vigo, Valencia y Mieres, y confirma que el modelo de convocatorias periódicas que la propia entidad anunció empieza a tomar forma a buen ritmo.
El punto más contundente del anteproyecto es el que afecta directamente a los intermediarios digitales. A partir de ahora, una vivienda turística no podrá anunciarse en Airbnb, Booking o cualquier otra plataforma similar si su propietario u operador no ha presentado antes la declaración responsable o no figura inscrito en el Registro de Turismo regional.
Una vez reformados solo podrán destinarse a domicilio habitual del titular, quedando expresamente prohibido su uso como segunda residencia. Los futuros compradores tendrán que estar inscritos en Etxebide, y el precio de venta quedará limitado a la horquilla de la VPO de régimen general: entre 109.000 euros para 45 m² y 198.806 euros para 90 m², con derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración.
Si el semestre completo confirma la tendencia del trimestre, con una caída del 4,4% en las zonas tensionadas (788,4 euros de media entre enero y junio, frente a los 824,3 euros de 2025) y una subida del 2,8% fuera de ellas, hasta los 599,2 euros, la previsión más realista es la de un mercado dual que se consolida: los precios seguirán moderándose donde existe tope legal y tensionándose donde no lo hay, mientras el número de contratos de vivienda habitual seguirá siendo escaso frente a la demanda real.
No todos los alquileres se rigen por el mismo índice, y ahí está una de las paradojas más llamativas del mercado actual. Los contratos suscritos antes del 25 de mayo de 2023 quedan al margen del IRAV y continúan actualizándose con el IPC o con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), según lo que se pactara en su día entre propietario e inquilino.
El reparto entre alquiler social y asequible tendrá que lidiar, además, con la heterogeneidad de un parque que arrastra más de una década de historia. Entre los activos de la Sareb en Baleares hay viviendas sin cédula de habitabilidad, inmuebles ocupados, pisos con inquilinos ya instalados y hasta promociones que quedaron a medio construir cuando estalló la crisis.
Esta actuación no viaja sola. Forma parte del IX Plan de Control e Inspección en materia de vivienda 2025-2026, que además de las viviendas deshabitadas incluye ejes dedicados a la promoción y edificación, la rehabilitación protegida, la adjudicación y transmisión de vivienda protegida, el registro de contratos de arrendamiento y el registro de grandes tenedores. Es, en definitiva, un esfuerzo por poner orden e información donde antes había opacidad, revisando desde el cumplimiento normativo en construcción hasta las condiciones reales de los alquileres protegidos.
La Comunidad Valenciana concentra el mayor número de viviendas ofertadas, con superficies que van de los 30 a los 160 metros cuadrados y rentas mensuales de entre 350 y 1.066 euros, dependiendo del municipio. La renta media por metro cuadrado se sitúa en 6,43 euros en Castellón y Alicante, mientras que en Valencia capital el precio medio sube hasta los 7,07 euros por metro cuadrado.
