Compra Venta

La buena noticia, si es que existe, es que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en toda la Unión. La mala noticia es que, mientras Bruselas consulta, aquí seguimos gestionando el día a día entre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una Ley de Vivienda cuya aplicación real varía según a qué comunidad autónoma le preguntes, y una batalla permanente sobre la ratificación de decretos de zonas tensionadas que a estas alturas ya podría tener su propia temporada de serie documental.

Es una apuesta razonable sobre el papel: España necesita ampliar un parque público de vivienda hoy a años luz de la media europea. El problema es de escala. Noventa millones repartidos entre cinco comunidades y más de trescientos municipios son una cantidad modesta frente a la crisis habitacional. Que el dinero se destine bien es condición necesaria, pero no suficiente, para que el impacto llegue a los precios que paga cada inquilino.

Las promociones financiadas deberán mantener su finalidad pública y respetar unas condiciones de precio asequible que fijará el propio Ministerio en las resoluciones o convenios correspondientes, donde también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución de cada proyecto. El precio máximo de cada plaza tendrá que incluir servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi,

La escalada del segmento premium no es un fenómeno aislado, sino la punta más visible de una tendencia que atraviesa todo el sector: menos oferta disponible, costes de construcción al alza y una demanda que no da tregua, ni en Marbella ni en el resto del país. Todo apunta a que 2026 cerrará con el precio de la vivienda todavía en ascenso, y el segmento de lujo litoral, blindado por su propia escasez estructural, seguirá tirando del carro con subidas que probablemente se prolonguen bien entrado 2027.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite actualizar la renta cada anualidad siempre que el contrato incluya una cláusula que lo prevea. El problema es que esa cláusula no dice lo mismo según cuándo se firmó. Los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023 suelen remitirse directamente al IPC, sin ningún tipo de amortiguador.

Si hay una provincia que resume esta tendencia, es Alicante. Con 5.710 compraventas extranjeras en el trimestre, el peso internacional alcanza ya el 46,43% del mercado provincial, tres puntos más que hace un año. Málaga no se queda atrás: 3.474 operaciones, un 20,79% más, hasta el 37,01% del total. Por comunidades, Baleares (32,27%) y la Comunidad Valenciana (31,03%) encabezan el ranking, seguidas de Canarias (29,33%), Murcia (23,71%), Cataluña (17,63%) y Andalucía (15,95%).

El dato más tranquilizador del informe, y el que en mi opinión merece más atención de la que suele recibir, es el del índice suavizado, que elimina los efectos estacionales propios de cada trimestre. Este indicador ha crecido un 1 % y encadena ya dos años consecutivos de evolución ascendente, desde el segundo trimestre de 2024.

El Banco de España tiene la última palabra, y será su revisión de la Circular 4/2017 la que determine si el marco actual es suficiente o si hacen falta cambios normativos de mayor calado. Mientras tanto, la AEV se ha adelantado con su propia guía, lo que puede leerse de dos maneras: como un gesto proactivo de un sector que quiere reforzar la confianza, o como un intento de marcar el terreno antes de que lo haga el regulador. Probablemente haya algo de ambas cosas.

Rodríguez ha insistido en que el Ministerio velará para que los recursos del Plan Estatal de Vivienda se destinen efectivamente a proteger a las víctimas de la violencia machista, sin que la gestión autonómica se convierta en un obstáculo para quienes más lo necesitan.

n junio de 2026, con respecto al mismo mes del año anterior, la compraventa de viviendas cayó un 4,0%, hasta las 67.529 unidades, mientras que el precio medio del metro cuadrado se disparó un 8,8% interanual, hasta los 2.114 €/m². Un contraste que, mes tras mes, deja cada vez más claro que el problema de fondo del acceso a la vivienda en España no tiene visos de resolverse a corto plazo.