El déficit no se distribuye por igual. Más de la mitad, el 52,5%, se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Son las zonas con mayor presión demográfica, mayor dinamismo económico y, no por casualidad, los mercados donde el precio del alquiler ha registrado los incrementos más severos de los últimos años.
Las perspectivas para los próximos meses son razonablemente optimistas. Los elevados niveles de licitación pública registrados durante el primer trimestre, los mejores de toda la serie histórica según el Ministerio, permiten prever que el volumen de nuevas promociones continuará creciendo.
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda de mayo. El plan moviliza un presupuesto total de 7.000 millones de euros bajo un modelo de corresponsabilidad: el Estado aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante
A los problemas derivados de la guerra se suma otra tendencia preocupante que el sector arrastra de forma independiente pero simultánea: el incremento de la delincuencia en las obras.
El nuevo Plan movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden ya a la anualidad de 2026. Para hacerse una idea de la magnitud, es el triple de lo que contemplaba el plan anterior. El modelo de financiación funciona por corresponsabilidad: el Gobierno central aporta el 60% y las comunidades autónomas corren con el 40% restante, lo que en la práctica significa que ninguna región puede limitarse a cobrar el cheque sin poner algo de su parte.
El PERTE de Industrialización de la Vivienda está dotado de 1.300 millones de euros de inversión pública en diez años, de los que 1.000 millones se destinarán a financiación y 300 millones a capitalización. C
ANCI propone reactivar el mecanismo de revisión excepcional de precios que ya se aplicó en 2022 mediante el Real Decreto-ley 3/2022, aprobado entonces para hacer frente al shock económico derivado de la invasión de Ucrania. La intención es adaptar su redacción al escenario actual, de modo que pueda aplicarse de forma automática y eficiente sin necesidad de tramitaciones que alarguen los tiempos de respuesta.
El crédito bancario vivo destinado a promoción inmobiliaria se situó en 25.060 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, frente a los 25.228 millones contabilizados al cierre de 2024, según los datos del Banco de España. La cifra es prácticamente plana en términos absolutos, lo que ya dice bastante: el crecimiento del sector no está viniendo de la banca tradicional, sino de otras fuentes.
El modelo que propone el Gobierno no es el de siempre —el Estado transfiere dinero y se desentiende—, sino uno de corresponsabilidad efectiva: el Gobierno de España aporta el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante. Más inversión que nunca, pero también más exigencia que nunca.
Alfaro advierte de que la falta de Presupuestos Generales del Estado condiciona la ejecución, y que el diseño competencial puede ralentizar o incluso bloquear la puesta en marcha de medidas en determinados territorios. El caso de la Comunidad de Madrid, que ya ha manifestado sus reticencias, ilustra perfectamente el riesgo: un plan que depende de la voluntad política de actores que pueden no compartir sus objetivos tiene un problema estructural de base.
