Desahucios

Sobre el papel, el mecanismo de asunción de deudas es estructural, la protección frente a fondos llega a 2030 y la suspensión para el resto alcanza tres años. Pero antes hay que pasar un trámite nada menor: la convalidación en la Diputación Permanente, tras la disolución de las Cortes. Dicho de otro modo, el decreto ya está en vigor, pero su supervivencia depende de una votación en plena precampaña, donde cada grupo tendrá que retratarse.

Detrás de cada caso hay una aritmética que no cuadra. Los alquileres llevan años subiendo muy por encima de unos salarios que apenas se mueven, y cualquier imprevisto, una separación, un despido, una renovación denegada, convierte a una familia trabajadora en una familia en riesgo. El inquilino ya no compite con otros inquilinos: compite con carteras de inversión que miden la vivienda en rentabilidad por metro cuadrado.

No hablamos de alguien que se negara a pagar. La mujer seguía abonando los recibos de luz y agua y pretendía hacerlo hasta que terminara el proceso judicial. No había deuda que cobrar ni consumo ajeno que financiar. Solo prisa. Mucha prisa por sacarla de allí.

En 2018, el edificio fue adquirido por Renta Corporación, que llegó a ofrecer a Maricarmen comprar su piso por 240.000 euros, una cifra inalcanzable para una jubilada. Después pasó a manos de otra sociedad. Hoy, esa vivienda junto al Retiro vale cuatro veces más. Ese es el verdadero motor del desahucio: no un propietario necesitado de su casa, sino una revalorización que no admite inquilinos de renta antigua.

Uno de los factores que más está influyendo en esta caída de los procedimientos es la entrada en vigor de la normativa sobre eficiencia de la Administración de Justicia. La nueva regulación obliga, en determinados supuestos, a intentar una negociación previa al desahucio a través de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes siquiera de presentar la demanda.

La Generalitat gestiona más de 14.500 viviendas públicas, de las cuales aproximadamente el 13% se encuentran ocupadas de manera ilegal, lo que equivale a unas 1.885 viviendas fuera del circuito legal de adjudicación.

Uno de los argumentos centrales del rechazo ha sido el de Junts, que sostuvo que la redacción del decreto generaba inseguridad jurídica y, en su opinión, avalaba las okupaciones. Desde esta formación se defendió que la protección a inquilinos vulnerables no podía traducirse en una desprotección sistemática de los pequeños propietarios ni en un mensaje ambiguo frente a situaciones de ocupación ilegal.