Detrás de cada caso hay una aritmética que no cuadra. Los alquileres llevan años subiendo muy por encima de unos salarios que apenas se mueven, y cualquier imprevisto, una separación, un despido, una renovación denegada, convierte a una familia trabajadora en una familia en riesgo. El inquilino ya no compite con otros inquilinos: compite con carteras de inversión que miden la vivienda en rentabilidad por metro cuadrado.
No hablamos de alguien que se negara a pagar. La mujer seguía abonando los recibos de luz y agua y pretendía hacerlo hasta que terminara el proceso judicial. No había deuda que cobrar ni consumo ajeno que financiar. Solo prisa. Mucha prisa por sacarla de allí.
En 2018, el edificio fue adquirido por Renta Corporación, que llegó a ofrecer a Maricarmen comprar su piso por 240.000 euros, una cifra inalcanzable para una jubilada. Después pasó a manos de otra sociedad. Hoy, esa vivienda junto al Retiro vale cuatro veces más. Ese es el verdadero motor del desahucio: no un propietario necesitado de su casa, sino una revalorización que no admite inquilinos de renta antigua.
Uno de los factores que más está influyendo en esta caída de los procedimientos es la entrada en vigor de la normativa sobre eficiencia de la Administración de Justicia. La nueva regulación obliga, en determinados supuestos, a intentar una negociación previa al desahucio a través de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes siquiera de presentar la demanda.
El Pleno insiste en que no cabe una regla absoluta: todo depende de la legitimidad de la posesión. Un cónyuge en litigio de familia, un inquilino con un contrato discutido o cualquiera con un título precario pero existente no es equiparable a quien ha entrado en una vivienda sin derecho alguno. Por eso los inquiokupas —inquilinos que dejan de pagar pero conservan un contrato de arrendamiento— quedan fuera del alcance de esta doctrina liberadora para los propietarios
La Generalitat gestiona más de 14.500 viviendas públicas, de las cuales aproximadamente el 13% se encuentran ocupadas de manera ilegal, lo que equivale a unas 1.885 viviendas fuera del circuito legal de adjudicación.
Uno de los argumentos centrales del rechazo ha sido el de Junts, que sostuvo que la redacción del decreto generaba inseguridad jurídica y, en su opinión, avalaba las okupaciones. Desde esta formación se defendió que la protección a inquilinos vulnerables no podía traducirse en una desprotección sistemática de los pequeños propietarios ni en un mensaje ambiguo frente a situaciones de ocupación ilegal.
La prórroga vuelve a poner de manifiesto la cronificación de una situación excepcional que nació durante la pandemia y que, cinco años después, sigue siendo necesaria ante el encarecimiento del alquiler, la falta de vivienda asequible y el aumento de la vulnerabilidad residencial en amplias capas de la población.
La problemática más grave ya no está en las ejecuciones hipotecarias, sino en el desahucio por impago del alquiler, que representa siete de cada diez lanzamientos en España. Solo entre enero y marzo se registraron 5.443 desahucios de inquilinos, una cifra que deja claro que el alquiler se ha convertido en el verdadero epicentro de la emergencia habitacional.
A pocas semanas de que expire la moratoria antidesahucios, la presión se multiplica. Podemos alerta de que sin prórroga se producirán “miles de desahucios de personas vulnerables”, mientras que Sumar exige no solo extender la medida, sino ampliarla a más colectivos y convertir parte del mecanismo en estructural.
