La propuesta de Belarra también se enmarca en el contexto de la crisis de vivienda que atraviesa España. Según datos recientes, los fondos de inversión extranjeros, conocidos como "fondos buitre", poseen una cantidad significativa de inmuebles en el país, lo que, según algunos expertos, contribuye al encarecimiento del mercado inmobiliario y dificulta el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.
Las cifras oficiales indican un promedio de 45 ocupaciones ilegales diarias en España durante 2024. Sin embargo, expertos señalan que el número real podría ser mayor, superando las 50 diarias, ya que muchas ocupaciones no se denuncian oficialmente.
Fuentes de Vocento aseguran que esta transacción se enmarca dentro del nuevo plan estratégico de la compañía, liderado por su consejero delegado, Manuel Mirat, con el propósito de reforzar la posición del Grupo en sus áreas más relevantes: periodismo, datos, tecnología y expansión de nuevos negocios.
La decisión de la Audiencia de Barcelona representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan las ocupaciones ilegales en la provincia. Al permitir que los propietarios corten los suministros sin incurrir en delitos de coacciones, se les otorga una herramienta adicional para recuperar sus propiedades.
El Gobierno Vasco ha dado pasos importantes para garantizar el acceso a la vivienda, con una regulación que busca controlar los precios y ampliar la oferta de vivienda pública. Pero el problema del acceso a la vivienda no es solo cuestión de Euskadi: afecta a toda España y requiere una estrategia nacional coordinada.
Mientras no haya una política de vivienda efectiva, basada en el aumento de la oferta y la regulación de la especulación, los precios seguirán subiendo. Y esto no solo afecta a quienes quieren comprar, sino también a un mercado del alquiler que cada vez es menos accesible para la población
En los próximos cinco años, caducarán 32.005 viviendas (de ellas, 3.012 en Barcelona ciudad). Y antes de 2035, la cifra total será de 44.326 viviendas que perderán la protección oficial.
La escasez de vivienda sigue siendo uno de los mayores problemas del mercado inmobiliario. España necesita construir al menos 200.000 viviendas anuales durante la próxima década para equilibrar la oferta y la demanda.
La acumulación de viviendas vacías en manos de grandes propietarios es uno de los factores que contribuyen a la escalada de los precios de venta y alquiler. FACUA-Consumidores en Acción ha insistido en que esta práctica especulativa perjudica tanto a quienes buscan una vivienda como al mercado inmobiliario en general.
Según el informe Mapa de riesgos del parque de vivienda en España 2024, un preocupante 19,3% del parque residencial nacional se encuentra en áreas con un nivel de riesgo sísmico "muy alto". Esto equivale a casi cinco millones de viviendas.
