Solo entre el tercer y el cuarto trimestre del año, el precio medio se incrementó un 3,5%, impulsado principalmente por el dinamismo de los polos de empleo y los focos turísticos, que concentran gran parte de la demanda y donde la oferta sigue siendo claramente insuficiente.
El PNRE financia actuaciones en edificios de tipología residencial colectiva y en viviendas unifamiliares, con especial atención a la envolvente edificatoria (fachadas y cubiertas) que separa el interior del edificio del exterior. Para acceder a las ayudas, los edificios colectivos deben contar con al menos el 50% de su superficie sobre rasante destinada a vivienda y con el acuerdo de la comunidad de propietarios, salvo en edificios de propietario único.
Se trata de una norma pionera a nivel estatal, no solo por su contenido normativo, sino por el enfoque desde el que se construye: reconocer la vivienda como un derecho subjetivo y como un determinante directo de la salud. Una visión que conecta de forma directa con los debates actuales sobre falta de vivienda, desigualdad social, consumo, acceso al alquiler y deterioro del parque público, cuestiones centrales en el análisis del sector inmobiliario.
En la última década, los precios de la vivienda han subido más de un 60% en la UE, mientras que los alquileres lo han hecho por encima del 20%, generando una brecha cada vez mayor entre salarios y coste residencial. Esta realidad ha convertido la vivienda en uno de los grandes ejes del debate político europeo.
El Registro deberá someterse a un desarrollo reglamentario posterior, dentro del plazo máximo que fija la Ley. Este desarrollo será clave para concretar los procedimientos, requisitos y funcionamiento de la nueva herramienta, que pretende convertirse en una pieza esencial del mercado inmobiliario andaluz.
La sentencia recuerda que las inspecciones catastrales tienen naturaleza tributaria, y por tanto deben regirse supletoriamente por la LGT. El artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) ya lo apuntaba, pero es ahora cuando el Supremo fija doctrina.
La Directiva EPBD es la norma que regula la eficiencia energética de los edificios en la Unión Europea. Su actualización exige a los Estados miembros planes de acción claros para garantizar que el parque edificatorio esté descarbonizado en 2030 y alcance las cero emisiones en 2050.
Durante los últimos años, el exceso de vivienda construida tras la burbuja inmobiliaria ha dejado numerosos inmuebles sin uso, algunos inacabados y otros abandonados. En esas circunstancias, la falta de control ha favorecido la ocupación ilegal y ha deteriorado la convivencia en ciertos barrios.
El Plan de Vivienda 2026-2030 aspira a consolidar un modelo de vivienda asequible, sostenible y colaborativo, basado en la cooperación entre administraciones públicas, entidades financieras y promotores privados.
Cada vez son más los fondos, grandes propietarios o particulares que acumulan viviendas con fines distintos al residencial, ya sea esperando su revalorización, utilizándolas como activos financieros o destinándolas a alquileres turísticos de corta duración. Este fenómeno, presente en España y en el resto de Europa, reduce el parque disponible para el alquiler de larga estancia y encarece los precios.
