Las plataformas encargadas de gestionar los activos de Sareb han asumido una doble misión: por un lado, vender los cerca de 5.800 pisos que permanecerán todavía bajo el paraguas del banco malo; por otro, preparar los 40.000 inmuebles que pasarán a la entidad pública. De esa cifra, unas 3.000 viviendas están ocupadas sin título legal y constituyen la prioridad inmediata.
El Barómetro Anual del Mercado del Alquiler 2026 constata que la escasez de vivienda disponible y el constante incremento de los precios están impulsando alternativas al alquiler residencial tradicional. El mercado se adapta porque la demanda ya no siempre puede acceder a una vivienda convencional, lo que está favoreciendo el crecimiento de nuevas modalidades de arrendamiento.
Cada vez son más los propietarios que recurren a una artimaña tan extendida como injusta: disfrazar un alquiler de vivienda habitual como si fuera un contrato de temporada, con una duración inferior a los doce meses, para esquivar la protección que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reconoce al inquilino.
Esta brecha creciente entre hipotecas y compraventas sugiere que buena parte de las operaciones que siguen cerrándose lo hacen con financiación bancaria, mientras que las compras al contado, más frecuentes en episodios de menor actividad, podrían estar perdiendo peso relativo en el conjunto del mercado.
A partir de ahora, cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en Andalucía deberá acreditar al menos diez años de empadronamiento en la comunidad. En el caso del alquiler, el listón baja a cinco años.
Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, la estrategia de avisos y controles extensivos desplegada en la última década ha permitido aflorar más de 1.495.000 declaraciones que incluyen rendimientos de capital inmobiliario que antes quedaban fuera del radar de Hacienda
El otro gran fracaso estructural es el del bono social. Año tras año, las cifras confirman que la mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan, bien porque desconocen su existencia y sus condiciones, bien porque creen —erróneamente— que no tienen derecho a él.
El Tribunal Supremo ha resuelto que imponer un seguro de vida de prima única vinculado a una hipoteca, contratado además con una aseguradora del mismo grupo empresarial que el banco prestamista, constituye una cláusula abusiva.
El propio informe del Banco de España lo resume con una frase que debería incomodar a más de un responsable político: el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en propiedad en España ha crecido 80 puntos más que la media de la eurozona desde 1980, hasta situarse en 188,6 puntos frente a los 110 de la media europea.
La cifra de 654 expedientes en tramitación funciona como recordatorio de que, más allá del ruido mediático y los anuncios puntuales, el incumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de grandes tenedores no es un fenómeno marginal, sino una práctica extendida que la Generalitat empieza a perseguir con multas de verdad.
