La cifra de 654 expedientes en tramitación funciona como recordatorio de que, más allá del ruido mediático y los anuncios puntuales, el incumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de grandes tenedores no es un fenómeno marginal, sino una práctica extendida que la Generalitat empieza a perseguir con multas de verdad.
El reparto geográfico deja claro dónde está el foco. La Comunitat Valenciana se lleva la palma con 19 locales inspeccionados, seguida de Andalucía (7), Cataluña y Madrid (5 cada una), Canarias (4) y Baleares (1). En la operación han participado equipos del Área de Inspección, de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que da una idea del calibre del despliegue: esto no es una simple visita de cortesía con carpeta bajo el brazo.
El ranking de precio por metro cuadrado también se mueve. San Sebastián se mantiene como la capital más cara de España, con 5.154 €/m², seguida de Madrid (4.683 €/m²) y Barcelona (4.463 €/m²). Palma de Mallorca (3.472 €/m²) y Bilbao (3.240 €/m²) completan el grupo por encima de los 3.000 €/m², con Málaga, Cádiz y Valencia pisándoles los talones.
El comprador o inquilino que hoy pone rumbo al norte se encontrará con precios superiores a los de hace unos años, aunque todavía existen oportunidades en zonas con mayor recorrido y en municipios menos tensionados. Pero la tendencia es clara: mientras las temperaturas extremas sigan castigando el sur peninsular cada verano, la cornisa cantábrica seguirá ganando adeptos, y con ellos, precios que ya empiezan a rivalizar con los de las costas tradicionalmente más caras del país.
La accesibilidad a la vivienda se complica mes a mes. El encarecimiento de los precios, sumado al leve repunte del coste hipotecario y a la pérdida moderada de poder adquisitivo derivada del nuevo repunte de la inflación, ha disparado de nuevo la tasa de esfuerzo de compra.
Por el momento, el anuncio de García Gómez marca el inicio de un proceso, no su conclusión. La propuesta deberá pasar primero por los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid antes de elevarse formalmente al Parlamento regional, un trámite que el propio Gobierno autonómico sitúa en un horizonte de "los próximos meses", sin concretar fecha exacta.
Mientras las operaciones se hunden, los precios siguen sin inmutarse. El metro cuadrado se situó en abril en 2.046 euros, un 9,4% más que un año antes y el segundo dato más alto de toda la serie histórica del Notariado, solo superado por los 2.067 euros/m² de enero. Son ya 33 meses consecutivos de subidas ininterrumpidas. Por tipología, los pisos lideraron el encarecimiento, con un 12,2% interanual hasta los 2.391 euros/m², frente al 3,4% de las viviendas unifamiliares.
El cuadro que dibuja Solvia para el conjunto del año es coherente con la dinámica de los últimos trimestres: precios al alza, oferta insuficiente, demanda sostenida y alquiler sin alivio visible. No hay elementos en el horizonte que apunten a una corrección significativa mientras persistan los desequilibrios estructurales del mercado: la brecha entre lo que se construye y lo que se necesita sigue siendo amplia, y cerrarla llevará años, no meses.
El problema no es que existan impuestos sobre la vivienda. Es que existen en cada esquina del proceso: cuando compras, cuando vendes, cuando la habitas, cuando no la habitas, cuando la alquilas, cuando la heredas. La vivienda es, en la práctica, el activo más gravado de la economía española, y las administraciones —estatal, autonómica y municipal— se han repartido el pastel con una eficiencia que no demuestran en otros ámbitos de la gestión pública.
Las actividades inmobiliarias cerraron abril de 2026 con un incremento del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. La cifra continúa siendo positiva y confirma la fortaleza estructural del sector, aunque queda lejos del crecimiento medio del 8,7% registrado en 2025. La entrada en el nuevo año ha supuesto un evidente cambio de velocidad.
