Es Shakespeare quien pone en boca del centinela Marcelo en Hamlet, la conocida frase “Algo huele a podrido en Dinamarca” pero bien que podemos aplicarla en Madrid, con el tejemaneje que se traen  a costa de la venta de vivienda social el Partido Popular y la Justicia.

Todo comenzó cuando Ana Botella, alcaldesa de Madrid por obra y gracia de Gallardón, que ideó una hábil maniobra para dejar el cargo y ascender a ministro, decidió hacer caja y consideró que la vivienda social de que disponía el ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), era inútil  y por lo tanto prescindible. Y sin preocuparse de la situación en que quedaban los desprotegidos inquilinos,  decidió vender y se buscó al comprador más buitre de la bandada que ya asolaba España: Blackstone.

La operación se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMVS hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas. Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una cuestión de tanto importe y que afectaba la vida de tantos miles de personas, se realizara en poco más de quince días.

Una vez seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo, que de resultas de la “ardua negociación municipal” obtuvo una nueva rebaja de dos millones de euros, algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso por la propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, por el importe de 128,5 millones de euros, casi la mitad de su precio de mercado. En su momento se supo, que además del descuento suplementario de los dos millones, el fondo obtuvo una propinilla en la compra, ya que el equipo de Botella regaló a Blackstone, gestionado en España por Fidere, once trasteros y garajes valorados en 300.000 euros. Este fondo, aprovechando la crisis y las malas prácticas de los políticos se ha ido haciendo con una cartera de más de 30.000 inmuebles y ya es el primer casero del país.

En su momento, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estimó que la enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de valoración, para fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles.

Tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Correos, Ahora Madrid y el PSOE de Madrid, alarmados por la situación económica del consistorio madrileño, y por el incesante trabajo de las destructoras de papel antes de que llegaran al ayuntamiento, abogaron por la creación de una Comisión de investigación de la Deuda de la capital. El PP decidió no participar en este órgano municipal que pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.

A pesar de los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afectaba a la mujer de su endiosado expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre, con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica, ni justificó en ningún momento por qué pagó, dos facturas por idéntica cantidad, 1.196.387.50 euros, el 10 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2014 en concepto de comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación, Itaca de Desarrollos Urbanos SL y Promociones y Desarrollos Creaciona SL, capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre y de la que no hay constancia de ninguna gestión realizada.

De resultas el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y siete miembros de su equipo, ya que la venta supuso un perjuicio para el consistorio de más de 27 millones de euros. No obstante, el mismo tribunal revocó la condena poco después, gracias a los votos de dos consejeros afines al PP. Por ello, la Coordinadora de Vivienda de Madrid presentó sendos escritos instando a Ayuntamiento y Fiscalía a que presentaran recurso contra esta absolución.

Sin embargo, el actual alcalde de Madrid, Martínez Almeida ha asegurado que no va a recurrir la decisión que libra a Botella y su equipo, porque no está dispuesto a “derrochar el dinero público de los madrileños en la búsqueda de venganzas estériles”. Resulta cuando menos curioso esa afirmación que confunde petición de justicia con venganza y con la que  además, se podrían estar cometiendo delitos de administración desleal y cooperación necesaria para exonerar a Botella y su equipo de devolver 25,7 millones de euros a las arcas públicas. Hay que decirlo todo y lo que está claro es que la devolución también implicaría al «gran hombre», que para demostrar su talla tuvo que subirse al podio en las Azores.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que  no recurrirá ante el Tribunal Supremo la revocación de la condena a Botella ya que no considera acreditado que en la operación se causara un perjuicio a las arcas públicas. Contra lo que aseguró el Tribunal de Cuentas cuando condenó a Botella, antes de que dos consejeros afines al PP llegaran con su voto contrario. ¿Habrá perdido la documentación que lo acredita?, ¿No estará escrita en Braille? Fueron 25,7 millones lo perdido en la venta de vivienda social, agujero que Marta Higueras, expresidenta de la EMVS, subió hasta los 127 millones de euros. Pero, como es dinero público, es decir, propiedad de quien manda, no pasa nada. Al igual que tampoco importan los afectados, que se están enfrentando a subidas de hasta un 100% en los alquileres, junto a cartas de rescisión de los contratos de arrendamiento.

Pero no todo está tan claro en el Ayuntamiento de Madrid, que en pleno se posicionó a favor de recurrir la venta, aunque Martínez Almeida ha boicoteado la decisión asegurando que la moción no es vinculante. Da miedo pensar que todo el movimiento creado se debe a que Botella es la mujer de Aznar y es que las manos y los brazos son muy largos en el PP, para muchas cosas.

«El precio de venta de esas promociones se encontraba dentro de los márgenes ofrecidos por las tasaciones obrantes en la causa y, en definitiva, de los precios de mercado», sostiene la Fiscalía. Tampoco habría «prejuicio» por las cantidades «abonadas en concepto de intermediación» para esta venta, ya que «quedó acreditada la prestación de estos servicios», zanja en su escrito.

Peor le está marchando la operación contra la vivienda social al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que al poco de la operación de Botella con Blackstone también hizo su negocio vendiendo 3.000 viviendas protegidas al Fondo Goldman Sachs-Azora. Y es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha anulado en una sentencia la venta de las casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA a un fondo buitre en 2013. La sentencia determina que  la venta fue irregular y ha supuesto «la quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública».

Es la tercera sentencia favorable desde el TSJM para los perjudicados por la venta de González, pero aquí sí que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid (PP) va a recurrir. No sabemos si para defender a su expresidente que está un poquito en desgracia por robar de más, para no quebrar la venta y tener que indemnizar al fondo Goldman Sachs-Azora o porque los afectados no le importan lo más mínimo ya que seguro no votan PP. Habrá que esperar la decisión del Tribunal Supremo, que visto lo que sucede con la banca tampoco es de fiar.

Eduardo Lizarraga

www.aquimicasa.net

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