Con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que, entre otras cosas, va a permitir la conflictiva limitación de precios del alquiler en zonas tensionadas, se cierra una larga etapa de maduración, que ha durado más de lo previsto y comienza otra en la que presenciaremos duros enfrentamientos políticos y parlamentarios.
El Gobierno tiene prisa en que la Ley se ponga en marcha y por ello va a tramitarse por el procedimiento de urgencia, lo que no impedirá que, de aprobarse, tarde un año en el trámite parlamentario, con lo que, como pronto, no podría estar en vigor hasta principios del 2023.
La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jone Belarra, ha manifestado al respecto que la Ley va a permitir «avanzar en la garantía del derecho a la vivienda y ponerle coto a la especulación inmobiliaria, que es una de las grandes lacras de nuestro país». Son más de 3 millones de compatriotas los que sufren un sobreesfuerzo para pagar el alquiler dedicando más del 30% de sus rentas, “y esto es insostenible” ha añadido Belarra.
La nueva Ley que comienza su andadura pretende dotar a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos que, no lo olvidemos, son los que tienen las competencias, de las suficientes herramientas para regular el alquiler en las denominadas zonas tensionadas, poniéndose del lado de los arrendatarios y exigiendo una actuación responsable a los grandes propietarios.
Para lograr sus objetivos la Ley actuará en varios puntos fundamentales; entre ellos, el establecimiento de zonas de precios tensionadas para la reducción de los alquileres, la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda social y los incentivos fiscales para la reducción voluntaria de precios.
Es la limitación de los precios de los alquileres en estas zonas tensionadas, a las personas físicas o jurídicas que dispongan de más de diez inmuebles, la intención que más rechazo ha generado, tanto entre los grandes fondos de inversión, o fondos buitre como se les quiera llamar, como entre los partidos de la derecha, sus defensores a ultranza. Por tener unos números claros, en Madrid hay 26.573 titulares con más de 10 inmuebles, según los datos del Catastro, seguida de Barcelona (25.640) y Valencia (16.147).
A estos grandes tenedores se les limitará el precio de los alquileres en las zonas tensionadas basándose en un índice oficial. Al resto de propietarios en esas mismas zonas, se les limitará el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior. La declaración de estas zonas tensionadas será un papel reservado a las Comunidades Autónomas que, a petición de los municipios, lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.
La situación que devendrá será muy frustrante para ayuntamientos que quieran ayudar a sus vecinos y lo soliciten en comunidades autónomas gobernadas por el PP, ya que el partido ha asegurado que no declararán zonas tensionadas. Tranquilidad para los buitres y ajo y agua para los inquilinos. Por eso los distintos movimientos de vivienda exigen que los ayuntamientos tengan autonomía para declarar las zonas tensionadas y evitar así las maniobras de los chicos de Casado.
Una medida que no gustaba a Podemos pero que ha sido finalmente incluida, son las desgravaciones fiscales que se aplicarán a los nuevos contratos; de un 50% de forma general en el IRPF y que podrá llegar hasta el 90% de bonificación cuando los arrendatarios rebajen un 5% el precio de sus alquileres.
La Ley intenta amortiguar la gran carencia de vivienda social que padecemos y para ello establece una reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública destinándose la mitad para alquiler.
Y en cuanto a otro de los caballos de batalla de los movimientos sociales, la gran cantidad de vivienda vacía que hay en nuestro país y que debería llegar al mercado, la Ley, que la especifica como aquella que lleva más de dos años vacía y cuyo propietario tiene más de cuatro en propiedad, permitirá a los ayuntamientos recargos de hasta un 150% del IBI para animar su salida al mercado del alquiler.
Otro de los epígrafes del anteproyecto contempla la interrupción de los desahucios a familias vulnerables por impago del alquiler, que podrán ser suspendidos de oficio por los juzgados durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica.
Salvando las distancias entre los socios de Gobierno y sus apoyos parlamentarios para la aprobación de la Ley, con un ERC y un PNV que la miran de reojo por posibles problemas competenciales, el mayor inconveniente para la puesta en marcha de esta legislación es la posición ultramontana y anti todo del Partido Popular, que ya ha asegurado que no la aplicará en las distintas comunidades autónomas en las que gobierna. Lo que es un nuevo varapalo para muchos de esos 3 millones de inquilinos que existen en el país y que se van a ver discriminados en razón de su residencia.
Su presidente, Pablo Casado, ya anunció, incluso antes de conocer su contenido, que la iban a recurrir ante el Constitucional, por el ataque sin precedentes que supone a la propiedad privada y la inseguridad jurídica que conlleva.
La revuelta conservadora llega hasta los consistorios que amenazan -los del PP, claro está- que no van a subir el impuesto de bienes inmuebles para “castigar” a los propietarios de viviendas desocupadas. Como Almeida, que lo afirma con rotundidad mientras se queja de la disminución de ingresos por la plusvalía municipal que él mismo estaba bajando, al igual que sucesiones, basuras y otros conceptos…todo un sinsentido que sólo se entiende por el NO al Estado del que se han excluido.
Y si para defender a los propietarios de esos 150.000 pisos que existen en zonas presumiblemente tensionadas, Casado está dispuesto a llegar al Constitucional, para defender la reforma laboral de Rajoy, hecha sin consenso ni diálogo social, se irá hasta Bruselas para denunciar a España por la falta de consenso.
Porque este es el problema con la posición radicalizada en la que se ha situado el Partido Popular, sus denuncias y actuaciones van en contra del Estado y de los millones de habitantes para los que unas mejores condiciones de vida, con vivienda digna, trabajo no esclavo y suministros a precios asequibles para sus sueldos, son muy deseables. Son decenas de millones que para el PP pesan menos en la balanza de su política que los fondos buitre y los grandes empresarios del sector bancario y eléctrico. La plutocracia por encima de todo.
Ha sido en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Pamplona en donde el líder de la derecha se ha desmelenado asegurando que fomentará “el crecimiento empresarial quitando las barreras sindicales, fiscales y laborales”, lo que muestra claramente sus intenciones si algún día llega a la Moncloa y recuerda demasiado por desgracia a las intenciones de la CEDA en los años 30. Lo que por supuesto olvida Casado es la declaración del FMI respecto a la reforma laboral de Rajoy, denunciando que incrementó la pobreza entre los trabajadores.
Por supuesto que ni la futura Ley de Vivienda ni la derogación de la reforma laboral son los únicos aspectos en los que Casado toma partido por las oligarquías e intenta vulnerar al Estado ignorando a la inmensa mayoría del pueblo español. Claro que en esto va correspondido, porque también el pueblo pierde la memoria el día que va a votar y de forma generosa, altruista y suicida vota por el mantenimiento de los beneficios del IBEX, olvidando que lo sacan de su bolsillo.
Muy paradigmática es también la postura del PP, compartida por VOX, con las medidas tomadas por el Gobierno para abaratar en lo posible la factura de la luz. Y es que reducir los beneficios de las eléctricas no les ha gustado nada y han sacado toda la artillería verbal para defenderlos. Cuca Gamarra, Javier Maroto y Pablo Casado, al alimón, han competido para comprobar quien era capaz de llenar titulares con la barbaridad más grande. Y así, las palabras expropiación, social comunismo, meter la mano en las empresas, intervención…aparecieron en los medios para justificar la posición que ambos partidos quieren tomar en el Congreso para tumbar las medidas tomadas para abaratar la luz. Ellos lo tienen claro, hay que eliminar los impuestos en el recibo eléctrico y cargarlo todo a los Presupuestos Generales del Estado para que haya que subir los impuestos creando malestar general y sin tocar los sacrosantos beneficios que con nuestro sudor ganan las eléctricas. Y habrá quien lo comparta. Rizando el rizo y cayendo en el esperpento, lo que se le da muy bien, Espinosa de los Monteros ha pintado un panorama sobrecogedor, con unas hidroeléctricas y nucleares pidiendo por las calles para poder sobrevivir.
Hay que ir finalizando, pero sin olvidar el escándalo que supone la no renovación del CGPJ y aunque el líder se escude en no querer ver jueces comunistas en la cúpula judicial o esgrima que los magistrados se tienen que elegir entre ellos, todos sabemos que la Gúrtel y la Kitchen son la verdadera causa de los jueces caducados y caducos. Ir colocando magistrados en los puntos clave es la labor de ese que concentra todo el poder y fue Director General de Justicia con José María Aznar. Se llama Carlos Lesmes y el pobre no se va a poder jubilar hasta que consiga exonerar al PP y a Mariano Rajoy de todos los marrones que arrastran por culpa de ese advenedizo que se llama Bárcenas. Y el tema va para largo.
Amenazando con el Constitucional, el primo de Zumosol o Bruselas, atacando al Estado envuelto en la bandera patria, que todo es posible y lo explican en los másteres, soltando exabruptos más propios de hace 80 ó 90 años, defendiendo a ultranza la plutocracia y el neoliberalismo más radical, junto a la ocultación de la corrupción, el líder del PP, con la camarilla de su partido detrás, muy bien auxiliados por VOX, están creando un malestar social y un enfrentamiento y crispación generalizada que hacía mucho tiempo no se veía. Tanto que hay que ir a las hemerotecas para documentarse. Y no es bueno.
La mayoría de los españoles se las ve muy duras para llegar a fin de mes, los gastos en vivienda y suministros básicos, que suben sin cesar, se comen unos sueldos raquíticos -media de 1.300 euros- que cuesta incrementar porque nuestras empresas sólo saben encontrar la competitividad en los bajos salarios. El mercado no regula nada y esa es la gran mentira que como un mantra nos repiten una y otra vez, son los lobbys empresariales defendidos por sus peones políticos los que lo hacen; y por eso es preciso regularlo desde el Estado, para que la especulación no acabe cebándose en el rebaño, como sucede casi siempre.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
