No tiene pinta de que vaya a ser un buen mes para el Gobierno. Y aunque para muchos después del próximo puente se acabe el mundo y no por una tormenta de fuego sino por un atracón de turrón y langostinos, con pandemia de cuñados incluida, para Pedro Sánchez y su muchachada, la situación se va ennegreciendo por momentos. No es de extrañar que haya decidido realizar dos consejos de ministros a la semana a lo largo de diciembre y dado el caso podría haber puesto un par de mobil homes – nada de promiscuidad XD- en los jardines de Moncloa para más comodidad de sus chicos y chicas.
Y por eso de llevar un orden, deseable ante todo lo que llega, voy a comenzar por lo de la luz. Y en esto ando algo perplejo, porque no me esperaba que un político como se dice, con más conchas que un galápago que es Sánchez, se dejara dar la pillada que se le avecina. ¿Cómo se le ocurre prometer que este año los consumidores pagarán lo mismo que en 2018 una vez descontado el IPC? Entiendo que debió ser un calentón de esos que produce ir bien comido y aposentado, porque desde luego ni encomendándose al cielo y mucho menos a las eléctricas los números le van a cuadrar.
El recibo eléctrico del usuario medio se ha situado en noviembre en 115,18 euros, un 68,1% por encima de los 68,50 euros del mismo mes del año pasado. Se trata de la segunda factura más cara de la historia, tras la del pasado octubre, según pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que lleva meses enredando con la situación, sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC.
Con estos datos y lo que llevamos de meses anteriores, un usuario medio tendría que recibir una factura en la que su compañía le devolviese 12 euros cuando finalice el próximo mes. Jajajajaja, como que no veo yo que Pedro, a pesar de sus dotes ya probadas, pueda convencer a las hermanas kilowatio de semejante desatino y más después de lo que ya les ha hecho los pasados meses con sus beneficios, que deben estar todos los CEOs del sector, con Sánchez Galán como Gran Maestre, haciéndole sesiones intensivas de vudú jamaicano. Preveo un buen conjunto de Pinochos en las portadas de los medios más afines.
El caso es que los sucesivos incrementos de todas las fuentes energéticas y no sólo de la luz, han logrado incrementar, según la OCU -otra enredadora- en más de 800 euros la factura energética media de las familias españolas en relación con la del año anterior: 260 en electricidad, casi 190 en gas y de 300 a 400 en carburantes.
Muchos ayuntamientos, como Zaragoza, Valencia, Barcelona, Vigo, Sevilla, Segovia, Valladolid…pocos del PP, con la honrosa excepción de Salamanca, están intentando paliar en lo posible los problemas de sus vecinos, con las peticiones a sus servicios sociales disparadas y ayudas planteadas en comida y energía. El problema es que las medidas del ‘escudo social’ desarrollado por el Gobierno por la pandemia, y que lograron evitar más de 200.000 cortes de suministro en los primeros meses, no condonan ni congelan la deuda de las familias con las empresas suministradoras. Y como ésta sigue creciendo, se avecina un vía crucis de reclamaciones, pleitos y embargos cuando dejen de estar vigentes.
Y si lo de la luz está complicado, la subida de las pensiones con un IPC disparado y el diálogo social roto, se ha puesto un pelín caro. Seguro que cuando se acordó regularizarlas con el IPC nadie pensó en lo que está sucediendo. Resulta curioso, aunque lógico en la propia dinámica empresarial de negociar una cosa y hacer la contraria, que la postura de la patronal de querer retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años, choque con las decisiones de las grandes empresas de jubilar cada vez más anticipadamente a sus trabajadores. Como por ejemplo Telefónica, que acaba de presentar un plan de salida voluntaria del 60% de sus trabajadores de más de 54 años.
Lo que demuestra de forma fehaciente que en España, a partir de los 50 años, los trabajadores son residuos laborales y sus perspectivas de encontrar un trabajo, si tienen la desgracia de quedarse en paro, son las de un plato de acelgas hervidas. La realidad, que no nos engañen como acostumbran, es que de esta forma la pensión que recibirán será mucho menor; todos ganan menos los de siempre. Mientras a las empresas les resulte rentable el despido de los mayores y la contratación de sus reemplazos con sueldos miserables, continuaremos desperdiciando la experiencia y el conocimiento. Y así nos va.
La inflación anual estimada del IPC en noviembre es del 5,6%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE, es decir, la tasa más alta del IPC desde septiembre de 1992 y superior a la que tuvimos en octubre con un 5,4%. Este avance del IPC en caso de confirmarse supondría un aumento de dos décimas en su tasa anual. En este comportamiento destacan las subidas de los precios de la alimentación, impulsadas por el incremento de los costes energéticos y, en menor medida, los carburantes. Temblando estarán en Moncloa con un mes de diciembre, tradicionalmente inflacionista.
El caso es que las pensiones se revalorizarán en un 2,5%, que es la inflación media de los últimos 12 meses y no con la inflación a cierre de noviembre, que pondría en mayores aprietos las cuentas del estado. En todo caso muy lejos del 0,25% que impuso Rajoy sin negociación de ningún tipo, poniendo a los pensionistas en pie de guerra .
Como las pensiones en el 2021 se revalorizaron un 0,9%, los pensionistas recibirán la paga compensatoria –conocida coloquialmente como paguilla– por la desviación del 0,9% al 2,5% final, es decir, un 1,6%, lo que alcanzará una media de unos 300 euros. Para el año próximo, la pensión máxima llegará a los 39.474 euros en 14 pagas, lo que suponen 2.820 mensuales, es decir 112 euros más de lo que percibieron en 2021.
Y si lo de las pensiones está encauzado y no supondrá dolores de cabeza al Ejecutivo, salvo en el caso de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lleva lanzando globos sonda desde hace meses y recogiendo de todo menos flores, aspecto diferente tiene la subida del SMI que se había dejado para enero y deberá negociarse este mes, como “aguinaldo” especial para Sánchez.
La anterior subida del SMI se realizó a finales de septiembre, con efectos retroactivos al día primero de ese mes, alcanzando los 965 euros sin la presencia de la patronal, que se levantó de la mesa y ya no volvió, lo que originó la conocida frase de Yolanda Díaz “A veces no negociando se pierde”, aprovechando de paso la ocasión para pedirle a Garamendi que “se resituara”.
La ministra de Trabajo quiere un nuevo incremento en enero, para que no sean los trabajadores más vulnerables los que paguen en sus salarios la consecuencia económica de la inflación, como ha sucedido de forma habitual. Pero no es la opinión compartida por otros miembros del gabinete que prefieren que la subida se realice a lo largo del año, lo que provocará nuevas tensiones en el Gobierno de coalición.
El objetivo del Gobierno es seguir las recomendaciones de la Carta Social Europea y fijar el SMI en el 60% del sueldo medio. Esto nos llevaría a situarlo en los 1000 euros en 2022 y en los 1.027 en el 2023. Está claro que la patronal volverá a poner el grito en Génova y que las falanges de Casado saldrán a defender los intereses de los trabajadores como siempre, con la menor subida posible, para que los empresarios no sufran todo el esfuerzo y mantengan su nivel adquisitivo.
Y si complicada está la situación en el aspecto económico, con una inflación desbocada y unos datos económicos que a golpe de pandemia y de cepas diversas no terminan de consolidarse, el aspecto político más duro está mucho peor, sumergido casi en el surrealismo.
VOX y sus socios, tanto monta monta tanto Arrimadas como Casado, se han propuesto competir en el abonado campo de la involución y lo demuestran cada día, ya sea marchando en manifestación con las fuerzas de seguridad del Estado, que van perdiendo la credibilidad y la equidistancia que debieran tener, como haciendo revivir a ETA en cada esquina o amenazando con reformar la reforma laboral y llevar la de la Ley Mordaza al Constitucional; como si una Ley Orgánica -4/2015, de 30 de marzo- que entró en vigor el 1 de julio de 2015, en sustitución de la anterior Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992), fuera uno de los principales pilares del Estado.
Sin salir del surrealismo, pero cayendo un poco hacia lo bufo, no puedo resistirme a hacer mención del papelón de nuestro entrañable Bertín, lleno de sentimientos patrios, sostenidos por un pie en Luxemburgo y otro en Panamá. Estoy casi seguro que para resarcirle de las maldades de gentes sin escrúpulos ya estará pensando Almeida en hacerle hijo predilecto de Madrid, ahora que Almudena Grandes ha decaído del nombramiento.
Lo cierto es que tanto a los que se le llena la boca como a los que no, debiéramos todos pensar un poco más en nuestra realidad. Con una estructura económica que ha demostrado su debilidad frente a una pandemia de la que aún no hemos salido, actuar un poco más como país unido no nos vendría mal. Y dejar las miserias para cuando todo esto acabe tampoco.
Eduardo Lizarraga
Aquimicasa.net