Hace poco más de dos semanas veíamos como ASVAL, la asociación que agrupa a los principales fondos buitre que operan en el país y preside el socialista Joan Clos, se permitía amenazar al Estado con los tribunales por las declaraciones de la Secretaría de Estado Jone Belarra, que adelantaba la intención de Unidas Podemos de incluir en la próxima Ley de Vivienda la obligación para que los grandes tenedores de vivienda cedieran un 30% de su cartera para alquiler social.

Esgrimiendo la necesaria seguridad jurídica que ampara sus beneficios y hablando de expropiación de sus propiedades y derechos, arrojaban el guante y debió de ser con contundencia porque Ábalos se acongojó y cambio de opinión asumiendo con mansedumbre todos sus planteamientos. Y no es ninguna exageración ni licencia periodística pues es posible recoger las declaraciones de ASVAL en aquel momento y las de Ábalos hace unos días. Unas perlas para ilustrar:

Decía ASVAL que “la Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables” y ahora  asegura Ábalos «No pensamos que los particulares tengan que resolver la política pública de vivienda, sino al que corresponda, que es al conjunto de las administraciones”. Aseguraba ASVAL que “una política de control de precios sería contraproducente pues detraería vivienda del alquiler y la llevaría a la venta”. Por su parte Ábalos no nos sorprende con un planteamiento muy propio, afirmando que con el control de precios, «puede haber una detracción del mercado en la que «muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa«.

Para ir terminando con estos interesantes paralelismos que parecen cosa de Plutarco, ASVAL recordó en su nota de prensa que el “Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en contra de una norma, esta vez impulsada por el Gobierno catalán”. Y el ministro socialista asegura por su parte de la nueva norma, que «respete la constitucionalidad», pues «precedentes maximalistas ya han conseguido la oposición del Tribunal Constitucional

El último capotazo de Ábalos a los planteamientos de ASVAL llega hasta la Constitución al asegurar que la futura ley «tenga en cuenta que la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica al respecto de las inversiones y todo eso no lo podemos obviar». ¡Vaya lavado de cerebro para que un ministro de izquierdas -eso dice- contemple los beneficios de estas empresas antes que la Constitución! Nada hay como poner a un ex ministro socialista al frente de cualquier interés para negociar con el PSOE…y luego dicen que criticamos las puertas giratorias sin fundamento.

Este ministro socialista de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, como plantea su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y ha apostado por promover incentivos fiscales -dinero público en vena-, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Este ministro del gobierno de coalición aseguró en el Congreso de los Diputados que la nueva ley de vivienda incluiría medidas para «la contención de rentas de los precios de alquiler con el respeto absoluto y escrupuloso de las competencias de las administraciones autonómicas«. Lo hacía después de que los dos partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, anunciaran que, tal y como recogía el programa de gobierno, el anteproyecto de ley contemplaría un sistema de referencia de precios del alquiler desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que permitiría a ayuntamientos y comunidades autónomas establecer un índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. El instrumento declararía con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana como mercado tensionado cuando se produjera un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler. Y sería a partir de esa declaración cuando se podrían tomar medidas  para que las viviendas pudieran seguir siendo accesibles para la ciudadanía.

La situación está comenzando a tomar muy mal cariz, tanto para la Ley de Vivienda, que a este paso va a ser decepcionante, como para el futuro de la coalición y no parece que la tregua que dieron las elecciones catalanas haya propiciado un mayor entendimiento sino más bien lo contrario. A unos pocos días para que se cumpla el plazo por el que PSOE y Unidas Podemos se comprometían a llevar una nueva ley de Vivienda al Consejo de Ministros antes de marzo, la negociación está totalmente encallada y la relación se tensa por momentos. Como si el PSOE tuviera un plan B para seguir en el Gobierno sin Unidas Podemos.

A los requerimientos del partido morado el PSOE sigue sin propuestas en materia de desahucios, control de precios del alquiler y grandes propietarios, con la salvedad de las declaraciones de Ábalos hablando de ayudas a los propietarios sumisos.

Las propuestas que Unidas Podemos ha remitido a Ábalos y que han sido aireadas en los medios con mayor o menor escándalo. se centran en la regulación y control de precios en las denominadas zonas tensionadas, (medida que quedó recogida en el acuerdo de coalición para incluirse en la Ley de Vivienda), prohibición permanente de los desahucios, que se acordó a finales de diciembre de 2020 y que expirará cuando decaiga el estado de alarma en el mes de mayo, movilizar vivienda vacía por medio de un impuesto que grave estas propiedades a partir del cuarto inmueble y la cesión de la Sareb y de los fondos de inversiones de una parte de sus viviendas vacías para destinarlas al parque público de viviendas de alquiler de cada una de las comunidades autónomas que disponen de estas competencias.

Por su parte el PSOE ha respondido con las reivindicaciones de ASVAL en boca de Ábalos y con un acuerdo con la Sareb que se ha firmado hace dos días y que cambiará dinero público por vivienda social.

Las organizaciones sociales recuerdan al PSOE su pacto

Así las cosas diversas organizaciones sociales están recordando al PSOE la situación del mercado de la vivienda y los compromisos que asumió con el pacto de Gobierno. Facua, en boca de su secretario general, Rubén Sánchez, asegura que «En los fondos buitre, bancos e inmobiliarias deben estar tocándole las palmas al PSOE por anunciar que no va a cumplir su compromiso de regular los precios máximos de los alquileres. Esperemos que el ministro Ábalos rectifique»,

Hace apenas dos meses 9.000 organizaciones sociales firmaron un manifiesto promovido por el sindicato de inquilinas para pedir la regulación de las rentas. El manifiesto recuerda que, después de 12 años del inicio de la crisis económica, la situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España. Se trata de precios medios de contratos vigentes, hecho que se explica por las subidas de precio desorbitadas cuando vencen los contratos. Por ello actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. En el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. Un elevado porcentaje de esta población española que vive de alquiler destina más del 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

Más contundente y con más datos ha resultado la rueda de prensa dada por CC.OO con ocasión de la presentación del informe “La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría”. Aseguran que hay en nuestro país alrededor de 3 millones de inquilinos, el 41% de la población que vive de alquiler, dedicando más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento. Se trata de “un esfuerzo excesivo para acceder a un bien básico como es la vivienda que agrava los riesgos de exclusión y pobreza”, afirmó Unai Sordo secretario general de CCOO.

Sordo ha explicado que buena parte de la población destina una parte excesiva de sus rentas a acceder a la vivienda, ya sea a la compra o al alquiler, lo que precisamente dificulta dicho acceso y además resulta antieconómico al ir en contra del ciclo de mercado porque retrae recursos que van a parar a manos de rentistas en lugar de destinarse a fines más productivos.  De estos 3 millones de inquilinos, 4 de cada 10 dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler, y de ellos, 1,4 millones destinan más del 50%. Los alquileres excesivos –asegura CC.OO. en el informe- afectan a más de la mitad de los inquilinos del País Vasco, Canarias, Madrid y Asturias y a 4 de cada 10 en Baleares, Andalucía y Cataluña. El informe hace hincapié también en que el 43% de los inquilinos pertenece a hogares en riesgo de exclusión y pobreza. El 26% no superan los 14.000 euros anuales y el 36% ingresan entre los 14.000 y 26.000 euros. Con estos datos, la conclusión es contundente: “Los precios del alquiler en España agravan los riesgos de exclusión y pobreza” en palabras de Unai Sordo.

Se esperaba que la nueva Ley corrigiera la situación que se está viviendo en el mercado de la vivienda, que ha transformado un bien de primera necesidad y al que tienen derecho todos los españoles, en un activo financiero sujeto a las especulaciones del mercado, al que como nos recuerda Ábalos, hay que defender y ahí está el nudo gordiano. El problema surge cuando somos tan ciegos que no entendemos que la defensa de los intereses especulativos de unos pocos  – los fondos inversores en vivienda representan menos del 9% de la inversión total en inmobiliario- está poniendo en riesgo el futuro del sector inmobiliario en su conjunto y también a medio plazo el del país.  Y es que en el lado contrario de la balanza, ese que Ábalos y el PSOE desdeñan, tenemos los desahucios, la miseria, los jóvenes sin futuro y en la calle, la okupación y el riesgo de un enquistamiento de la pobreza con un incremento de posibles estallidos sociales. Ante esta situación la decisión del PSOE es la de seguir alimentando a los buitres con dinero público, como ya hizo el anterior Gobierno de Rajoy con el rescate a la banca. ¡Toma gobierno de izquierdas!