Ni en las peores pesadillas hubiéramos podido imaginar un año así; y es que como en una película de ciencia ficción el desarrollo de la pandemia continúa empeorando y está arrastrando a la economía a un panorama desolador que no se va a solucionar este año ni el siguiente ni posiblemente el otro. Y no habrá repunte económico duradero en tanto que no consigamos controlar la crisis sanitaria que ha vuelto con una prevista segunda ola, haciendo crecer los contagios, la saturación de los hospitales y los fallecimientos.

Ha sido un verano de competencia entre los territorios para pasar de fase, en los pueblos para hacer las no fiestas y en la hostelería para ir trampeando con los aforos, exigiendo mayor amplitud de horarios y haciendo crecer las mesas en las terrazas. Ha sido un gigantesco ejercicio de irresponsabilidad nacional. Y ahora lo estamos pagando. Y muchas más lágrimas podremos derramar si la no asunción de las medidas más estrictas consigue que el coronavirus se lleve de nuevo por delante la Semana Santa primero y después el verano.  Somos en estos momentos la capital europea de la pandemia, con Madrid como foco principal y nadie vendrá el año próximo si no conseguimos erradicar el virus.

Nos lo ha advertido el FMI, que nos avisa de que la tímida recuperación económica iniciada este verano corre el riesgo de irse al traste si no somos capaces de controlar las infecciones. Y recuerda que  la salida de la crisis económica ocasionada por la pandemia «estará estrechamente vinculada a la capacidad de limitar nuevas infecciones.

En su día elegimos tener una economía dominada por los servicios y orientada al turismo; al que atraemos con el clima, los bajos precios, los horarios disparatados y la fiesta en continuo. Si todo lo aderezamos con una sanidad insuficiente, políticos incapaces, contratos precarios y sueldos miserables, obtenemos la estructura más débil y vulnerable ante una situación como la que nos afecta.

Asegura también el FMI, que ya reconoce que España por sus estructura va a ser uno de los países con mayor contracción económica y que el Gobierno debe continuar con las medidas de apoyo a empresas y ciudadanos.  El organismo nos confirma una caída del 12,8% del PIB para este año con un repunte del 7,2% para el año próximo. Pero tan sólo si conseguimos  contener los contagios del COVID-19.  Y con extraño acierto, como si fuéramos viejos conocidos, pide “compromiso político”.

Teniendo en cuenta la situación económica y su previsible evolución negativa en los próximos meses, que no serán ni dos ni tres, el  FMI estima que las prestaciones por desempleo y la asistencia social en todos sus ámbitos, deberán ser reforzadas y extendidas, porque en caso contrario tendremos un fuerte incremento de la pobreza y de la exclusión social.  Sobre todo entre los jóvenes que con sus contratos `precarios y escasa cualificación, son los más afectados por una crisis económica que está golpeando con dureza los sectores que más trabajos de este tipo generan.  Y también, no lo olvidemos, los “trabajos B”, que al no estar regulados, ni censados,  dejan fuera del sistema de protección a todos los que vivían de ellos, que en España son centenares de miles.

Por todo ello, el organismo internacional hace una buena valoración de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, “la paguita” como lo denominan sus detractores. Y pone especial énfasis en la necesidad de poner en marcha o ampliar los programas de vivienda social y ayudas al alquiler. La pérdida de la vivienda es un paso de gigante hacia la marginación y la exclusión social.

Cuando se produjo el estado de alarma y el confinamiento, el gobierno estableció una serie de ayudas al hambre, la pobreza energética, los desahucios y otras penalidades, a millones de españoles. Moratoria de los desahucios, bajadas en el precio del alquiler, prohibición de cortes en los suministros básicos de agua, gas y electricidad y los ERTE para todos aquellos empleados que se hubieran quedado sin trabajo. Ahora, en el momento de su finalización, se ha decidido prorrogar algunos aspectos de este denominado “escudo social”.

En primer lugar se han prorrogado los ERTES hasta el 1 de enero. Aunque cambiando un poco su aspecto. No ha sido fácil llegar a un acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos. La cuerda se ha tensado hasta casi la rotura y de los plazos para lograrlo mejor ni hablar, porque la patronal se ha añadido a la firma en el tiempo de descuento. Su principal reticencia, que ha sido finalmente resuelta se debía a no querer secundar una prorroga que discriminara directamente por sectores. De nuevo el diálogo social se ha visto refrendado por la patronal, el Gobierno y los sindicatos.

El nuevo esquema diseñado para los ERTES los próximos cuatro meses, los divide en tres tipos: Por un lado, los de rebrote, cambian a ‘ertes de suspensión‘ y están diseñados para ser utilizados por todas aquellas empresas afectadas transitoriamente por un cierre decretado por la Administración o que arrastren ese cierre desde hace meses.  Una segunda categoría serían los ERTES por ‘limitación de actividad’, como todas aquellas empresas obligadas a limitar sus aforos.  Y la tercera modalidad de erte contempla los sectores, estando limitados a una lista de actividades y subactividades que se han ido delimitando en la mesa durante la negociación, como son la hostelería, parte del comercio o las actividades turísticas. Las actividades más perjudicadas por la pandemia serán exoneradas de entre el 85% y el 75% de las cotizaciones sociales de sus empleados.

Y si los empresarios se mantuvieron firmes en su pretensión de extender los ERTES por sectores, ambos sindicatos exigieron que en esta segunda fase se mantuviera intacto el poder adquisitivo de los afectados. Y venían con razones para exigirlo, porque la reforma laboral del PP contempla que una persona que cobre prestación de paro durante más de seis meses ve disminuir al séptimo su prestación. Del 70% de la base reguladora al 50%. Los sindicatos lo exigieron y finalmente el real decreto contemplará que la percepción económica continuará siendo del 70% de la base reguladora.

El escudo social de marzo, para paliar los efectos de la Covid 19, también contemplaba la moratoria hipotecaria y la prohibición del corte de suministros de luz, agua y gas a las familias especialmente vulnerables. Pero en estas cuestiones, sin sindicatos que lo defendieran y con la banca y las compañías energéticas defendiendo sus cortes y desahucios, el Gobierno ha fallado a los más afectados y ya no habrá ninguna moratoria para incluirse en las medidas.

Además, a partir del día 30 comenzarán a llegar los recibos pendientes a los afectados y no se ha arbitrado ningún sistema de pago en diferido, dejándolo todo al manejo de las compañías energéticas que harán prevalecer sus intereses económicos.

En lugar de la moratoria se ha aprobado un nuevo supuesto para que los consumidores eléctricos que están aún en desempleo, ERTE, jornada reducida, o con algún miembro de la familia en esas circunstancias, o bien en el caso de los empresarios o autónomos que hayan visto reducidos un 75 % sus ingresos, puedan obtener el bono social con un descuento del 25 % en el recibo de la luz.

Más grave es aún la no ampliación de la moratoria hipotecaria, a la que ha accedido un número ridículo de familias debido a los inmensos requisitos de vulnerabilidad económica que impuso la banca, que comenzó interpretando el decreto por su cuenta  de la manera más restrictiva posible, obligando a reunir los cuatros requisitos de vulnerabilidad económica y consiguiendo que el Gobierno de coalición hiciera suyas las condiciones que se imponían, aunque en un principio había asegurado que con uno de los requisitos bastaba. Una nueva victoria de la banca que volverá a llenar los juzgados con desahucios y las calles con familias sin casa.

Al no ampliar el plazo de solicitud de la moratoria hipotecaria más allá del 30 de septiembre se está desprotegiendo a las familias más vulnerables que, tras el estado de alarma, continúan con una situación económica mermada y grave debido, entre otras situaciones, a la extensión en el tiempo de los ERTE y a la caída nunca vista antes de la actividad económica. Son los trabajos más precarios y vulnerables los que han desaparecido y lo seguirán haciendo hasta que la actividad económica no se recupere, allá por el 2023.

No acaba de terminar el verano y ya tenemos por delante un otoño de pesadilla, con los políticos enzarzados en idioteces de reyes y banderas y la economía hecha unos trapos. Aún podemos estar a tiempo de salvar algo del verano que viene, pero no lo conseguiremos si continuamos como hasta ahora. Este pasado verano ha sido un alarde de irresponsabilidad amparada en un “estamos salvando la economía”.

Con Madrid como capital europea de la pandemia y exportando casos en todas direcciones, no podemos pretender volver a la normalidad. Los políticos chapuceros o incapaces y un bichito que aprovecha nuestras equivocaciones para medrar nos lo van a impedir. La solución es fácil: más sanidad, más recursos, más restricciones, más responsabilidad y menos mediocridad. Pero antes unas administraciones en rebeldía, que sólo trabajan para ver de echar la culpa de la situación a otros tirando de demagogia,  ¿quién toma la iniciativa?

Eduardo Lizzarraga

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