Con la primera semana de septiembre en marcha retomamos las preocupaciones y deberes que se quedaron por hacer al llegar agosto. Y el problema de la vivienda asciende en la escala de importancia de los españoles; lo asegura el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su última encuesta: el acceso a la vivienda es el segundo problema para los españoles, después de la crispación política y, en tercer lugar, el desempleo, que antes era la primera preocupación.
El alquiler vacacional ya es el enemigo común
Los políticos están tomando buena nota de lo que preocupa a unos votantes que en muchos lugares se han echado a las calles para dar a conocer su descontento. Y con un año de récords turísticos en todos los aspectos y territorios, salta a la palestra el que ya está considerado como primer enemigo del concepto vivienda asequible para los españoles: el alquiler vacacional. De hecho, según datos del INE, las viviendas turísticas se han disparado en el último año un 9,2%, suponiendo el 1,33% del total del parque de viviendas del país, frente al 1,21% del pasado año. Pero este fenómeno no es el único que está afectando al mercado de la vivienda.
Si hasta hace unos años cualquier iniciativa contra los efectos del turismo masivo era preconizada por la izquierda, a la que se acusaba de turismo fóbica, ahora todas las administraciones, sin tener en cuenta su color político, están tomando medidas más o menos fuertes, más o menos acertadas, para intentar controlar un fenómeno que hace tiempo se nos fue de las manos. Los pisos de alquiler vacacional se han convertido en el enemigo común.
Ásí, estos intentos de control van desde la suspensión de nuevas licencias a la prohibición total: en algunos territorios las viviendas turísticas han crecido un 30% en último año y en algunos municipios superan hay el 50% de las viviendas. Todas las administraciones afectadas: islas, costas, grandes capitales y algunas zonas turísticas del interior han puesto a las viviendas de uso turístico en su punto de mira. Sin olvidar los alquileres temporales y el alquiler de habitaciones, que están creciendo de forma exponencial para huir de la regulación de los alquileres tradicionales.
Y los ejemplos están en todas esas zonas calientes y no por el sol y lo tórrido del verano, sino por el turismo masificado y sus excesos poco sostenibles.
Con las manifestaciones de afectados llegan las medidas
Comenzaron en abril en Canarias, donde miles de personas salieron a las calles para protestar por el modelo turístico con miles de viviendas vacacionales, unos precios enloquecidos en una de las comunidades con el PIB por habitante más bajo y con una vivienda de cada tres en manos de extranjeros. Unas semanas después ocurrió en Mallorca, con los precios que han subido un 124% en la última década. Málaga, Cádiz, Valencia…en todas las capitales de las zonas turísticas el problema es similar o camino de serlo. Y las peticiones de la ciudadanía son muy similares y han puesto los pelos de punta a más de un grupo político: moratoria turística, limitación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes, tasa turística…
El Gobierno de Canarias que, algo asustado en un principio por la magnitud de las protestas manifestó su intención de pasar a la acción, tiene encallada en el Parlamento una legislación que permitiría dedicar por cada municipio una de cada 10 viviendas al alquiler turístico. El Govern de Baleares pretende estudiar la forma de llevar adelante un modelo turístico de más calidad y que defienda al residente. En Palma se quieren prohibir nuevos pisos turísticos, y limitar la entrada de cruceros y coches de alquiler. Todo ello no ha evitado nuevas manifestaciones, con pancartas señalando a los turistas que contemplaban el espectáculo desde las terrazas de bares y restaurantes.
En Valencia se ha aprobado una moratoria para licencias de pisos turísticos y hasta Paco de la Torre, alcalde de Málaga y defensor a ultranza del modelo turístico de la Costa del Sol ha anunciado restricciones a las viviendas vacacionales. Cádiz y Sevilla también están adoptando medidas, aunque desde la administración autonómica, dirigida por Juan Manuel Moreno, se eche la culpa del problema a la falta de vivienda pública y a una legislación: Ley de Vivienda- que empeora el problema. Todo ello a pesar de que el Tribunal Constitucional al resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por la CCAA de Andalucía avaló la ley de Vivienda en la mayor parte de su articulado.
Además de los problemas de un turismo descontrolado y que consume unos recursos en vivienda que no tenemos, los expertos también ven una clara falta de oferta de obra nueva, excesivas trabas en la construcción y ausencia de suelo urbanizable.
Un déficit de 150.000 viviendas al año
Y es cierto que la oferta es insuficiente, porque a lo largo del 2023 se construyeron unas 95.000 viviendas en un país que tiene unas necesidades mucho mayores. El propio Banco de España reconoce que faltan 225.000 viviendas nuevas para atender la creación neta de hogares prevista para el periodo 2024 y 2025. Un déficit al que es necesario añadir el de 365.000 unidades inexistentes, que arrastramos de 2022 y 2023, es decir, unas 600.000 unidades en el conjunto de los cuatro años y que se ha concentrado, sobre todo, en las comunidades de Catalunya, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Es preciso añadir, aunque esto no lo dice el Banco de España, que una buena parte de las 95.000 viviendas construidas en el 2023, sobre todo en las comunidades mencionadas, son viviendas de lujo, edificadas para ciudadanos de alto poder adquisitivo, muchos de ellos extranjeros. Y es que las 125.000 viviendas compradas por ciudadanos no residentes en 2023 son también un factor que desequilibra el mercado y una de las razones por las que nunca se controlará a sí mismo. El promotor lo tiene muy claro, con el precio del suelo, los costes de la mano de obra y el precio de los materiales los números sólo salen si se edifica vivienda de lujo… la asequible que la construya el estado.
Y este es el problema de fondo de la vivienda en España, que no es asequible para los españoles y sus sueldos, ni en compra ni mucho menos en alquiler. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2022, el salario medio mensual bruto en España fue de 2.128,44 euros brutos; y para el 2023 puede haber subido un 4%, lo que demuestra claramente las dificultades de las familias españolas para tener vivienda y llegar a fin de mes y la “moda” de los pisos compartidos, los zulopisos y el alquiler de habitaciones.
Es muy difícil hacer una tortilla sin romper los huevos y en este caso o están en la cesta del propietario del inmueble o en la de los empresarios que pagan los salarios. Y el problema es que ambos conceptos se alejan más cada año.
El concepto de rentabilidad e inversión ha acabado con la vivienda asequible
La posesión de la vivienda en España, que desde siempre ha estado ligada a rentas elevadas, se está concentrando en las manos de la clase alta de la sociedad, los fondos de inversión o conocidos clanes familiares. Y la clase modesta y ya la disminuida clase media no pueden acceder a este bien que se ha transformado en un lujo inasequible. El alquiler, subiendo una media del 7% anual desde el 2016, también está dejando de ser una solución.
Por un lado, alquiler vacacional, temporal, por habitaciones, alquileres asequibles, obra nueva, segunda mano… y en el otro lado rentabilidad, inversión, especulación; tenemos un severo problema con la vivienda procedente de una política inadecuada desde hace décadas y que ahora nos está explotando en las manos. Hace falta consenso político, estrategias a todos los plazos y entender que sin vivienda no hay país, lo contemple como derecho la Constitución o el sentido común.
Pero hay demasiados intereses económicos en juego, la mayoría privados, aventados por grupos empresariales que manejan la opinión y los partidos políticos, sobre todo en los municipios. ¿Habrá que mentar el patriotismo o será mejor disponer de una legislación nacional al respecto? ¿Será posible o inconstitucional? ¿La vivienda es un bien necesario que sirve para vertebrar el territorio o sólo para el beneficio privado? ¡Vaya lío!
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
Deja tu comentario