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Los bancos venden nuestro derecho a la vivienda a los buitres financieros

Conforme suben los años en el calendario y nos vamos alejando de la descomunal crisis, inmobiliaria primero y financiera después,  que sacudió nuestro país entre el 2008 y el 2014, parece que el problema de la vivienda va perdiendo trascendencia.  A ello ayuda también el importante descenso del número de ejecuciones hipotecarias que se está viviendo desde finales del 2017 y que según el Instituto Nacional de Estadística ha marcado el segundo mejor dato de la serie histórica a lo largo del primer trimestre del 2019.

Y es que «tan sólo» se han contabilizado 2.018 ejecuciones hipotecarias, ya sea de primera vivienda o vacacional. Si tenemos en cuenta los datos sobre las ejecuciones más sangrantes, la de aquellas sobre la vivienda en la que reside el propietario, encontramos que la cifra se reduce hasta los 1.490 expedientes en este primer trimestre del año.

Y como el mercado inmobiliario, aunque ralentizándose, va bien, con una cantidad que pudiera alcanzar las 600.000 unidades vendidas este año y un incremento de precios de alrededor del 3%, parece que la situación se ha encauzado y por muchos años, lo que es un error.

Existen problemas latentes que no sólo no han encontrado solución, sino que al alimentarlos y dejarlos crecer, estamos poniendo los cimientos de otros problemas en el futuro. Y es que lejos de asemejar nuestro mercado inmobiliario al de nuestros vecinos de Europa occidental, continuamos ahondando las diferencias.

La vivienda continúa siendo la tradicional hucha en la que los españolitos de la clase media invierten sus ahorros, bien sea como medio de asegurarse una jubilación digna, bien para dejar una herencia segura a los hijos. Todo ello auspiciado y promovido por una política fiscal de ayuda a la compra inmobiliaria, prolongada en el tiempo e impertérrita a los cambios de partido en el Gobierno. Lógicas medidas interesadas de una clase política –basta mirar las declaraciones de bienes de los miembros del Congreso y Senado- cuyos componentes son los primeros en invertir en ladrillos.

Sin embargo esa política oficial de ayuda a que todo carpetovetónico sea dueño de su castillo, no se acompaña con medidas que intenten llevar adelante el precepto constitucional del derecho a la vivienda. Así, según el  Observatorio Vasco de la Vivienda entre 2008 y 2018 la partida destinada a vivienda por la Comunidades Autónomas, se ha reducido en un 35,9%, es decir, ha pasado de los 2.535 millones de euros en 2008 a 1.626 el pasado año, teniendo  como claro causante al abandono autonómico de la política de vivienda protegida. Y las cifras cantan, a lo largo de todo el 2018 se construyeron 5.167 viviendas protegidas frente a las 68.857  que, según el Ministerio de Fomento, se levantaron en 2008. Con este afán constructor jamás saldremos del 1,6% de vivienda protegida que padecemos. Para alcanzar a nuestros vecinos, que llegan hasta al 18%, vamos a tener que recurrir a otros métodos.

Y no es que la vivienda social sea algo prioritario de la izquierda, que en todos estos años y en todas esas Comunidades Autónomas han habido Gobiernos de todo tipo con el denominador común de que la vivienda social les ha importado un comino. Aunque está claro que no se ha llegado a la situación de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, en donde esas viviendas sociales se vendieron con el mayor desparpajo, por no decir otra cosa, a fondos buitre que pensaban iban a  hacer su gran operación, comprando a precio de derribo y poniendo en la calle a los inquilinos, vía anulación de sus contratos o mediante subidas desproporcionadas.

En este sentido ha sido noticia, no por esperada menos sorprendente, que  el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya confirmado la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo buitre Azora-Goldman Sachs por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), llevaba a cabo durante el Gobierno del PP de Ignacio González, una de las queridas ranas de la charca de Aguirre. Esos casi 3.000 inmuebles se adjudicaron por 200 millones de euros en una operación que proporcionaría grandes beneficios al fondo, liquidez a la Comunidad y quizá criaría algún maletín de altillo.

No es la única información que respecto a la venta de viviendas sociales por parte del PP ha saltado desde los Tribunales a los medios. Así, la Audiencia Provincial ha ordenado por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas públicas vendidas por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone, al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Asociación de Afectados. En este caso fueron 128,5 millones de euros los que ingresó el Ayuntamiento de Ana Botella para aliviar su endeudada economía.

Esta nueva apertura del procedimiento tiene como origen el informe de la Cámara de Cuentas, que ya señaló en su momento, que  la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar, ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios. A eso se suma que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a Fidere.

Fue el fondo adjudicatario el que fijó el precio de la operación, con un importe no sólo inferior al que podría haberse obtenido en el mercado por esas viviendas, sino incluso por debajo de su valor contable, lo que produjo un grave quebranto económico en la contabilidad municipal. Para qué hablar de dos facturas, por valor de 2,3 millones de euros, pagadas a una empresa que sin conocerse nada de lo que hizo, cobró puntualmente. Una empresa de la órbita del partido que mandaba en el Ayuntamiento y Comunidad.  Los magistrados que han ordenado la reapertura del caso, hablan de “un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos«.

Estas dos operaciones inmobiliarias del PP en Madrid nos expresan de forma muy clara la opinión que tiene este partido del derecho a la vivienda recogido en nuestra Carta Magna. Y en consonancia, vende antes la vivienda social de miles de madrileños, que recortar sus asesores a dedo en el Ayuntamiento o Comunidad. Nada menos que 213 asesores contabilizados, Carromeros y similares, llegó a tener Botella, con un salario que superaba los 10 millones de euros al año. La hermana de Esperanza Aguirre, la nuera de una concejala del PP y dirigentes de Nuevas Generaciones, eran algunos de los  enchufados municipales.

Pero parecía más fácil vender la vivienda de sus conciudadanos más desfavorecidos, que además seguro votarán a otro partido, que quitar pesebres a la familia.

De forma más soterrada y obedeciendo a las directrices del Banco Central Europeo, que les ha conminado a continuar deshaciéndose del ladrillo que todavía mantienen en sus balances, nuestros amados bancos rara es la semana que no sacan a la venta un apañado paquete de inmuebles que indefectiblemente cae en manos de algún fondo buitre. Por hablar de  las operaciones más cercanas, Sabadell podría estar cerrando la venta de una empresa inmobiliaria a Cerberus; la entidad nacionalizada Bankia está finalizando la venta de una cartera de 3.000 viviendas por 500 millones a través de KPMG y hace unas semanas vendió a Blackstone otro paquete de viviendas valorado en 300 millones y otra cartera algo más pequeña, valorada en 150 millones a Cerberus.

De esta forma, las viviendas que quedaron en manos de los bancos tras la crisis, van pasando a fondos buitre que ya se han convertido en los primeros caseros del país. Y esta manera de hacer caja lo realiza una banca que recibió para sanearse algo más de 60.000 millones de euros, cuya mayor parte no devolverá.

Y si los fondos buitre de todo el mundo llegan entusiasmados a nuestro país, para hacerse con nuestras casas, no es porque les guste el sol y los toros, sino porque saben que nuestra legislación está hecha para proteger a los propietarios y que los dueños de la deuda lo son también del país, como ya vienen demostrando los bancos que hicieron esa legislación a la medida de sus necesidades, sin que a los políticos del momento les importara un ardite el pueblo al que tenían que proteger. Y no nos engañemos, que así seguimos, y si no fuera por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nuestros derechos estarían tan pisoteados por los bancos como hace veinte años.

La ausencia de vivienda social, el alto precio que está alcanzando el inmobiliario,  el acaparamiento especulativo de la vivienda en manos de fondos que sólo buscan el máximo beneficio, la voracidad bancaria y una legislación que protege a las empresas y sus sacrosantos beneficios frente a los derechos de las personas, son clara muestra que seguimos sin resolver, ni siquiera enfocar, el problema de la vivienda en España.  Y lo pagaremos sin duda alguna en la próxima crisis económica, pues hemos convertido a la vivienda en un valor financiero sujeto a los manejos especulativos de la Bolsa y su realización de beneficios, algo que jamás debieran haber consentido nuestros políticos, porque son nuestras casas, pero ninguno ha hecho nada por evitarlo y sí por favorecerlo, animados por nosotros, que sólo salimos a la calle a festejar el balón.

 

Eduardo Lizarraga

WWW. aquimicasa.net

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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