Asistimos en estos últimos días al enésimo intento de la banca española para lavar su imagen, muy maltrecha desde el hundimiento financiero que se inició en el 2008, al que siguió un rescate mil millonario y una cifra de desahucios desconocida hasta ese momento. Para ello cuentan con inmensos recursos y el obligado favor de los medios de comunicación, que la inversión publicitaria tiene más utilidad que ser el masaje de la población.

Hace ya unas semanas, con mayor impulso desde la medida del Gobierno en que se adjudica el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a los bancos, aparecen en diversos medios de comunicación noticias sobre lo que puede suponer esta y otras posibles medidas que lleguen desde Europa y que –dicen- pueden dejar en muy mala situación a nuestro sistema financiero. Nos referimos a la cláusula IRPH y a la de vencimiento anticipado. La primera puede pasar una factura a la banca cercana a los 32.000 millones de euros, la segunda un problema mucho más profundo con desahucios que podría haberse realizado de manera ilegal.

Desde el año 2008, las entidades financieras españolas han llevado a cabo importantes ajustes de plantilla, acompañados de innumerables cierres de oficinas. En concreto y según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, las entidades que han sobrevivido a la debacle económica y de gestión de los años de oro, cuentan con 72.344 trabajadores frente a los 134.867 que tenía el sector cuando comenzó la crisis.

A los bancos les ha ido un poco mejor, pero también han reducido su personal de manera considerable, pasando de  los 109.133 del año 2008 a 88.549 a finales del 2017…y continúan ajustando.

Es decir, en todo el sector financiero de bancos y Cajas de Ahorro se han perdido más de 80.000 empleos en diez años y si contabilizamos también el 2018 podríamos estar llegando ya a los 90.000 empleos desaparecidos. A las oficinas también llegó la rebaja y las Cajas de Ahorro han bajado de 25.035 sucursales a 12.246, lo que es más de un 51% del total. El descenso en los bancos no ha sido tan acusado, poco más de un 30%, pasando de 15.638 oficinas a 11.018. Entre los dos superan las 15.000 sucursales cerradas a lo largo de toda la geografía española.

A este inmenso ajuste hay que añadir el dinero público que se ha invertido en su saneamiento y cuya cifra final continúa siendo un arcano. Intentando conocerlo con exactitud, el senador de Compromís, Carles Mulet, lo preguntó al Banco de España que contestó dando unos datos muy en línea, aunque no exactos, con los que maneja Aebanca, la patronal bancaria. Para el Banco de España son 62.754 millones frente a los 62.473 que maneja Aebanca, No cesaba aquí el interés del curioso senador Mulet, que también quería saber qué parte del dinero se había recuperado y qué se estaba haciendo para recuperar el resto. Preguntas que quedaron sin responder y es que, a lo que parece, el dinero se da por perdido y nadie va a hacer un esfuerzo para recuperarlo.

Las cifras perdidas también difieren y si en septiembre del año pasado el entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aseguró que daba por desaparecidos 42.590 millones, de los 56.865 invertidos, ya hemos subido casi 6.000 millones de inversión, que se supone irán también a pérdidas. Cuando decimos que la cifra es un arcano no es ni broma ni exageración ya que el Tribunal de Cuentas aseguró hace unos meses que eran 60.718 millones…2.000 menos de la cifra de hoy, a la espera de la de mañana.

Por supuesto que esto no es todo, ya que la cifra total de dinero movilizado asciende a 300.000 millones de euros si añadimos otros conceptos como la puesta en marcha del Sareb, -casi 90.000 milllones-, los 85.965 millones destinados como avales a las subastas de liquidez, que han sido recuperados casi en su totalidad o los 19.300 millones destinados al Fondo para la Adquisición de Activos Financieros y algunas otras minucias. Y está claro que, como no puede ser de otra manera, tras los inmensos ajustes laborales realizados, el cierre de oficinas y las ingentes sumas de dinero público recibido,  para la banca española no ha habido crisis y continúa teniendo unos beneficios sobresalientes.

Entre las seis entidades financieras que cotizan en Bolsa, Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter han ganado entre el 2008 y el 2017 nada menos que 84.000 millones de euros. Y que entre enero y septiembre de este año ya llevan unos beneficios netos de 13.909 millones. Vamos, que superan en bastante el coste del rescate, que no nos engañemos, de una manera u otra, con adquisiciones saneadas y adquiridas por un euro, ha ido a parar a sus arcas.

Y a la vez que gozan de esos exagerados beneficios a costa del dinero público y la pérdida de esos 90.000 puestos de trabajo, tenemos unos banqueros que están entre los mejor pagados de Europa, con 152 de ellos que superan el millón de sueldo anual. Y somos el único país de Europa que hemos incrementado, desde el 2015, en un 20%  el número de esos banqueros millonarios.

Hablando de sueldos, podemos hablar de la retribución de la presidenta del Santander, Ana Botín, que asciende a casi 10,6 millones entre sueldo y plan de pensiones; el de Francisco González, del BBVA que cobró el pasado año 5,8 millones; José Oliú del Sabadell, que alcanzó los 3,65 millones, o Jordi Gual de Caixabank, con unos modestos 1,15 millones. Falta Ignacio Goirigolzarri, que al estar al frente de una entidad nacionalizada tiene su sueldo limitado a tan sólo 800.000 euros anuales.

Y el resto de los ejecutivos del sector tampoco van descalzos, ya que 102 de ellos cobran entre uno y dos millones de euros, 27 ingresan entre dos y tres millones, 10 perciben de tres a cuatro, cinco ganan entre cuatro y cinco millones, tres directivos se embolsan de 5 a 6 millones, dos de ellos de seis a siete millones, otros dos entre nueve y diez y hay un banquero que gana de 11 a 12 millones de euros

De esta manera tenemos que el sueldo medio de un banquero en España es de 2,24 millones, con datos del 2015,  lo que les sitúa en la zona alta de Europa, por delante de Reino Unido (2,04 millones) y sólo por detrás de Liechtenstein (3,89 millones) y Austria (2,15).

Claro está que estos sueldos y beneficios no salen de la nada y que en algún sitio del balance tendremos que situar los casi 700.000 desahucios producidos, siendo mejor no hablar de los suicidios. Y los contratos hipotecarios, llenos de trampas y estafas, como las cláusulas suelo, los intereses de demora, el IRPH, , imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado… etc, etc, etc.

Y si todas esas estafas se venían produciendo “sin novedad”,  fue porque se contaba con unas leyes favorables, unos políticos implicados y unos jueces que sólo sabían mirar para un lado, el de la banca.  Tuvo que llegar el TJUE  para decirnos que nuestra legislación hipotecaria no era legal, que no se había traspuesto la Directiva 93/13/CE –y aún no lo ha sido- y que la protección a los consumidores en los contratos hipotecarios era inexistente. Y comenzaron a llegar las condenas desde Europa, para oprobio de nuestro Tribunal Supremo empeñado en seguir utilizando las rodilleras ante la banca. La última condena en relación a esta directiva llegó en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado. Anteriormente, en 2013, el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo, defendiendo el botín conseguido por la banca hasta esa fecha.  Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan.

En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad,  por consiguiente estamos a la espera del pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que volverá a ser contrario a los intereses bancarios. También en 2017, y tras la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo, en su papel de penúltimo baluarte bancario, el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento, y si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas ¿Cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras?

Los beneficios de la banca en España, los sueldos astronómicos de sus ejecutivos y el tamaño que alcanzó, no se consiguieron por una elevada competitividad ni por una acertada gestión empresarial, sino por el vasallaje de una clase política que puso a su disposición un país cautivo por leyes compradas y diseñadas por ellos mismos y una Justicia controlada, que sólo sabe mirar por sus intereses. Todo ello sin contar con las ayudas de dinero público, conocidas o no, que se le han facilitado cuando lo han necesitado. La némesis a la que se enfrentan, a la que deberá seguir la consiguiente catarsis, es fruto tan sólo de sus actuaciones. Ni son víctimas del sistema ni pobres de solemnidad, sino banqueros sin piedad. Debieran aprender, pero no lo harán porque llevan la trampa y la estafa en su código genético.

Eduardo Lizarraga

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