¡Vaya semanita! Era el título de un conocido programa de televisión y bien que se podría aplicar a la que hemos vivido en nuestro país. Lo malo es que no nos van a dejar tampoco la Semana Santa tranquila y la amenaza de Putin de cortar el gas si no se le paga en rublos ya ha vuelto a debilitar los mercados y provocar subidas en los productos energéticos.
Metidos de lleno en la protesta de los transportistas, que tras las medidas del Gobierno ya se ha desinflado, asistíamos a una renovada fiesta del papel higiénico, aunque ahora con leche, huevos aceites y harinas. Lo de la levadura parece que otra vez se echa en falta.
Así las cosas en el país, Sánchez, de la mano con el primer ministro portugués Antonio Costa, se las veían en Bruselas con los sectores más duros de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, y arrancaban finalmente un gran acuerdo que consolida la excepción ibérica en el campo energético. Seguro que tenemos algunas más… El caso es que la UE permitirá que ambos países puedan establecer un sistema de precios máximos, aunque de modo temporal, al gas que se utiliza para generar electricidad. De esta manera se va a impedir que su precio penalice, de forma muy manipulada por las eléctricas, el coste final de la energía, bajando la factura de la luz tanto a empresas como a las familias.
Además, no lo olvidemos, como el precio de la energía es un coste importante en la fabricación de muchos productos y su encarecimiento tiene una influencia directa sobre la inflación que padecemos. Nada más y menos que un 9,8% en marzo, aunque los paros de los trasportistas y las tiranteces en las cadenas de producción también tienen mucho que ver, sin olvidar los “beneficios extraordinarios” de muchos distribuidores de alimentación a los que la fiebre acaparadora de los consumidores ha llenado los bolsillos.
La negociación hispanoportuguesa ha sido un éxito, sobre todo cuando se partía de una posición difícil, con un axioma que defiende unos precios comunes en Europa.
Con la tranquilidad que suponía el acuerdo en el bolsillo, fue el momento de intentar tranquilizar la situación interior, bastante alterada por las alzas continuas de precios, un cierto desabastecimiento y demasiados camiones a marcha lenta por las carreteras. Con el socio de Gobierno, que puso sobre la mesa unas expectativas bastante altas y después de una larga negociación, el pasado martes se presentó un conjunto de medidas -no puedo con lo del paquete- que van a intentar paliar la situación. Al menos ya se tiene la experiencia de lo sucedido con la pandemia y muchas de las propuestas son continuación de las ya puestas en marcha en su momento.
Serán 16.000 millones los que se destinen a suavizar los efectos de la guerra, con 10.000 millones en préstamos ICO y otros 6.000 millones en ayudas directas y en rebajas de impuestos a la luz para rebajar su coste, que ya estaban aprobadas por el Gobierno desde el verano pasado; son la reducción del IVA a la electricidad, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad. Todo ello por un coste de unos 4.000 millones durante seis meses.
Lo cierto es que echo de menos para pagar esta inmensa cifra, un impuesto especial para los que se están forrando con las penalidades de la nación, que no es precisamente el Estado como asegura Feijoó, olvidando que autonomías como la que presiden son parte importante en su composición, recibiendo sus impuestos por ello, sino sectores como el energético que con sus abusos está destrozando nuestra economía, poniendo en problemas a las empresas y tirando por la ventana la recuperación económica. Un impuesto necesario sobre sus desorbitados beneficios, para sufragar una parte de las ayudas públicas que se están aprobando. Y eléctricas y petroleras no son los únicos beneficiarios de las penalidades que sufrimos, que en los últimos tiempos también la distribución se ha subido al tren de los beneficios caídos del cielo.
Otros quieren bajar impuestos, sin especificar cuáles y sin indicar también dónde se realizarían los necesarios recortes, palabra que hace tiempo les encanta. A lo que parece hay momentos en que el patriotismo pasa de moda y sólo se mira la cartera.
Tal vez una de las medidas más sobresalientes y que con mejor ánimo han recibido los españoles, sobre todo a unos días de la Gran Huida de Semana Santa, es la bajada de 20 céntimos por litro de combustible -modelo similar al utilizado en Francia- a partir del viernes 1º de abril. De esos 20 céntimos, 15 céntimos los soportará el Estado y el resto, otros cinco céntimos de euro, las petroleras.
Más polémica, sobre todo para el sector inmobiliario, es la limitación de un 2% a la actualización de los alquileres referenciados al IPC, al menos hasta el 30 de junio.
Este nuevo escudo social se completa con un nuevo mecanismo de protección del empleo durante los próximos meses, con limitación a los despidos y la posibilidad de acudir de nuevo a los ERTEs, para que las empresas eviten la destrucción de empleos durante estos meses. El Real Decreto contempla que aquellas empresas beneficiarias de ayudas directas por el aumento de los costes energéticos, no podrán despedir por causa objetiva hasta el 30 de junio, tampoco las que se acojan a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos, lo que no ha gustado mucho a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, porque opina que va en contra de la pactada reforma laboral.
El acuerdo se complementa con un incremento del 15% en la ayuda del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono social eléctrico hasta otras 600.000 familias y la ayuda por calefacción.
La idea es mantener las ayudas hasta el 30 de junio, pero podrían prorrogarse si la situación empeora porque no se prevé que la inflación baje este año y que la situación del gas, ligado a la guerra de Putin, podría empeorar en las próximas semanas y no quedarse en la subida del 11% que ha experimentado ante las amenazas de corte.
La limitación de los alquileres se esperaba en el sector, pero no se tenía muy clara ni su cuantía ni de qué forma se realizaría, ni el tiempo estimado de aplicación. Las expectativas fluctuaban entre la congelación, como propugnaba Unidas Podemos, prorrogando los contratos y obligando a los arrendadores a mantener las mismas rentas y condiciones, y un 3% la Agencia Negociadora del Alquiler, con el 30 de junio como límite para unos y hasta fin de año para otros, lo que aún está por ver.
Las alarmas empezaron a saltar cuando en febrero se comenzaron a actualizar los alquileres por parte de los propietarios y con el IPC del 6,5% estaba habiendo unos incrementos medios mensuales cercanos a los 50 euros. Con el 9,8% de inflación de este mes, el incremento anual superaría los 800 euros. Demasiado para unos salarios que si el pacto de rentas termina en fumata blanca, no superarán el 3% de incremento anual durante tres años. Con la nueva medida este alquiler de 700 euros al mes podría subir 14, es decir, no llegaría a los 170 euros al año.
Y como sucedió en el confinamiento no todos los propietarios son iguales ante la ley, aunque casi. En concreto los grandes tenedores no podrán subir los alquileres más del 2%, siendo para ellos de obligado cumplimiento. No así para los propietarios particulares que podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima del 2% pero, de no haber acuerdo, deberán respetar ese límite. El Ejecutivo ha cambiado el índice por el que se revalorizarán los alquileres hasta el 30 de junio, adoptando el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0% y un techo del 2%.
Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos remite a ese índice para la actualización de rentas, en la práctica la inmensa mayoría de los arrendamientos se revalorizan con el índice que mide el nivel de inflación.
El sector no se ha tomado nada bien la medida, sobre todo entre los grandes propietarios, considerándolo algunos una intromisión en la propiedad privada y reclamando la mayoría medidas compensatorias para los arrendadores. No sólo porque dejarán de percibir unas rentas que esperaban, sino también porque el coste de la vida se les incrementa como a todos los demás y deben hacer frente a los gastos de la vivienda que se incrementarán con toda seguridad.
No parece que tres meses de no subida puedan originar una catástrofe, pero los más agoreros ya hablan de retirada del mercado de viviendas en alquiler, subidas de precios, huida de inversores por inseguridad jurídica y mayores dificultades para los que deban buscar un arrendamiento en buenas condiciones. La realidad, en forma de mucho movimiento en el sector, está quitando fuerza a sus vaticinios y es que las inversiones en el sector inmobiliario están siendo numerosas y un valor refugio ante las dificultades, también con la primera residencia.
Con expectativas de un cierto control de los precios energéticos y relajado el confrontamiento social de estos días, el Ejecutivo espera que la situación de abastecimiento se normalice y que ese descuento de 20 céntimos por litro favorezca el descanso de Semana Santa y unos días de playa. Espera que podamos volver a ver las caravanas por las carreteras y la operación especial de tráfico, tras los cual todo se debería ver un poco mejor. Pero Putin sigue empeñado, no tiene otra para conservar la cabeza, en salirse con la suya y tras los ucranianos que se están quedando sin país, los más perjudicados, aunque sólo en el bolsillo, seremos el resto de europeos, sobre todo si el gas deja de fluir. Iremos viendo.
Eduardo Lizarraga
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