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Vivienda, políticos y mentiras de campaña

Sino lluviosa, estamos teniendo una primavera abundante en declaraciones de todo tipo, desde las absurdas a las provocadoras, pasando por las estultas y las sinsentido…es lo que tiene esta larga primavera electoral que nos han regalado los políticos. Y siendo una de las cuestiones que más de moda –muy a pesar de casi todos- ha estado en los diez últimos años, no podía faltar que todos los aspirantes a algo: diputado, concejal, europeo, autonómico, cargo de confianza… hablaran con sumo desparpajo y soltura de vivienda, aunque la mayoría no tengan ni idea de qué hablan, lo que es un rasgo muy común de los políticos que padecemos.

Todos los partidos en liza han reflejado, de una manera u otra su postura en los programas; una postura que desde la izquierda a la derecha, pasando por ese discutido centro, que no se sabe muy bien a quién pertenece pero sí que conocemos a quien lo ha perdido, pretende arreglar ese problema consuetudinario en un programa de tres líneas y cuatro años.

Por supuesto, ese arreglo que dicen van a lograr es el que quieren sus votantes. Los partidos de la derecha con el foco puesto en los propietarios y los de la izquierda en los arrendatarios, con timidez en el PSOE, que tiene dudas y con virulencia en Podemos que lo tiene muy claro. En el extremo opuesto se repite la jugada aunque cambiando PP por Ciudadanos, que Casado no sabe muy bien si se va del centro o se vuelve, que en poco más de un mes nos tiene ya sorprendidos. Como VOX, con su propuesta de llevarnos al oeste  y que nos regalen las pistolas en las cajas de cereales.

Empezando por el PSOE, nos asegura que quiere fomentar la vivienda social movilizando suelo público disponible mediante la cesión de derecho de superficie. La financiación se llevaría a cabo por  parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y el ICO que fomentarían  la construcción de nueva vivienda de alquiler social, así como la rehabilitación de viviendas existentes. También quiere llevar adelante la tan comentada ya renta de emancipación, dirigida a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes de pocos recursos.

Por su parte Unidas Podemos continúa centrado en la intervención del mercado del alquiler para impedir las ya habituales subidas abusivas de precios.  También quiere regular el alquiler turístico  y dar forma al derecho a la vivienda que reconoce la Constitución, una mera declaración de intenciones que no dice ni cómo ni a quién. Esas medidas le obligan a declarar la guerra – así lo dicen- a los fondos buitre y a las SOCIMI, en lo que no dejan de tener razón. Los de Iglesias también hablan de crear un gran parque de vivienda social y comienzan prometiendo incrementar en 50.000 unidades la oferta para este año y los venideros.  Para conseguir esta cifra reclamaría la cesión de las viviendas vacías de los “grandes tenedores de vivienda”, aumentando la inversión pública y creando una figura de cesión de vivienda a la administración a cambio de una garantía de cobro y conservación del inmueble.  La inexistencia de una alternativa habitacional  por parte de las administraciones públicas imposibilitaría los desalojos, tanto por impago del alquiler, como cuota hipotecaria u ocupación en precario.

En el otro lado, en el de los propietarios, tanto C’s como el PP proponen aumentar  las deducciones fiscales para los arrendadores, ya sean personas físicas o jurídicas, al objeto de incrementar las viviendas en el mercado y que no queden vacías.  Quiere el PP equiparar  en términos tributarios,  la vivienda habitual con los planes de pensiones para que se considere un ahorro de cara a la jubilación. También se eliminaría el IAJD para la constitución de hipotecas sobre vivienda habitual.

Comparten de nuevo  C’s y PP la creación de un sistema de arbitraje entre las partes y quiere el PP agilizar el proceso de desalojo, entre 12 y 24 horas, medida que comparte con VOX, al igual que condenar la okupación con penas de cárcel.  De igual forma quiere reformar los procesos civiles para que las empresas tenedoras de vivienda puedan tener los mismos derechos que las personas físicas.  A lo de las armas, cortas o largas, el PP de Casado aún no ha llegado…¡derechita cobarde!…

En apariencia todo queda muy bien ordenado y  con el objetivo puesto en el votante de cada uno de los grupos al que se intenta convencer, llevándole a un mundo feliz en el que sus aspiraciones –si ganan- serán satisfechas.  Pero no es así, tan sólo es lo que nos dicen unos y otros, para que fuéramos el pasado día 28 de abril y vayamos el próximo día 26 de mayo, obedientes y sin más barullo, a depositar la papeleta que les legitimará durante cuatro años más.

La realidad es otra muy diferente y no nos la dirán porque no pueden asumir que conozcamos que todas las milongas que nos cuentan son imposibles de llevar a cabo. Y si desde un lado no se pueden llevar a cabo, tampoco es necesario salir de estampida a votar a los que les van a impedir ser malos y de izquierdas.

Y lo mejor, para entender la situación que nos encontramos, es poner los datos, negro sobre blanco.  En nuestro país existe, según datos del INE (2017), un total de 25.645.100 viviendas, de las que 19.120.000 son viviendas principales lo que nos deja un total  de 6.525.000 segundas viviendas. Las viviendas puestas en alquiler en el mercado libre son unas 3,3 millones. Por otra parte, las viviendas sociales son apenas 385.000, es decir, el 1,5% del total, lo que nos coloca a la cola de Europa. Para alcanzar el 15% que se considera óptimo, tendríamos que llegar a la cifra de 3.850.000 viviendas, es decir, al ritmo de 50.000 al año que defienden los partidos políticos de izquierda se necesitarían 77 años, lo que ya nos hace reflexionar un poco sobre el problema.  Sin embargo, desde diversas fuentes se considera que con 1.400.000 viviendas más podríamos salir del problema actual, lo que a ese ritmo propuesto podríamos cubrir esa necesidad en tan sólo 28 años. Lo que los números parecen decirnos es que la herencia recibida, tras 50 años de mirar hacia otro lado en cuestiones de vivienda social, es muy difícil de gestionar.

Por lo tanto y salvo que el milagro de los panes y los peces se repita con las viviendas, hay dos vía de afrontar el problema:  incrementar la construcción de nuevas viviendas de protección oficial hasta llevarlas a un ritmo de 250.000 al año, con lo que en poco menos de 6 años solucionamos el problema o echar mano de esas 3,3 millones de viviendas en alquiler en el mercado libre, o de las 6.525.000 viviendas secundarias

La primera solución, la de coger la paleta y ladrillo sobre ladrillo solucionar el problema, llena de satisfacción a banca y empresas ya que fuera un esfuerzo público o privado para luego hacer vivienda social, las necesidades crediticias serían inmensas, casi tanto como los beneficios que se repartirían las grandes empresas constructoras del país.

Siguiendo con la negrura de los datos,  el año 2017 fueron 5.375 las viviendas que recibieron el calificativo de protección oficial. De ellas 2.956 fueron financiadas por el Estado y el resto, 2.419 por las CC.AA. El presupuesto destinado a la financiación de estas viviendas ascendió a poco más de  473 millones de euros habiéndose aprobado para el 2018, 474,24 millones.  Lo que nos aclara de forma manifiesta que para alcanzar esas 250.000 viviendas anuales, habría que invertir 23.662 millones, no posibles de presupuestar, salvo nuevo endeudamiento del Estado en contra de Bruselas…a lo que parece la vía de la paleta es imposible. Aunque  la banca española y las empresas del ladrillo aplaudieran hasta con las orejas.

Y para una mejor perspectiva, es preciso plasmar en el papel  en dónde han quedado determinados compromisos de los nuevos partidos de izquierdas. Ahora Madrid se comprometió en 2017 a  construir 4.200 nuevas viviendas públicas en tres años. A día de hoy apenas llegan a las 1.000 unidades, lo que representa un 24% del compromiso electoral. Un poco peor le va a Colau, que prometió 4.000 y aún no ha llegado a las 200. Y el problema no es la falta de voluntad, que como el valor se les supone, sino el brutal endeudamiento en que dejarían las cuentas municipales.

La otra posible solución para contar con ese 1.4 millones de viviendas que se considera imprescindible es el de echar mano de lo ya construido y disponible.  Y a los primeros a los que se ve en el cuadro son las instituciones financieras, que disponen del mayor stock de viviendas en manos empresariales del país. Y aunque lo están vendiendo a fondos buitre a toda velocidad, tan sólo cambia de manos empresariales. Se estiman en una 388.000 las viviendas vacías en manos de la banca, lo que todavía, si las cedieran al 100%, estaría lejos de solucionar el problema. Desde sus inicios, Podemos y sus entornos reclaman que se obligue a la banca a poner en alquiler social sus pisos vacíos. El propio Mariano Rajoy obtuvo para el Fondo Social de Vivienda 9.900 pisos de la banca, que se muestra muy reticente a dar un solo piso más, esgrimiendo la presión que tienen desde el BCE para que vendan todo el ladrillo eliminándolo de sus balances.

Y si obligáramos a la banca, o a los que les compren los pisos, a ponerlos en alquiler social, aún nos faltaría otro millón en el mercado, que tendrían que llegar necesariamente de los pequeños propietarios. Y aquí nos encontramos con todo tipo de problemas legales, propiciados por un entramado legislativo que protege la propiedad privada y que se va a mostrar siempre en contra de obligar a nada a los dueños de las viviendas vacías o en alquiler. El primer paso sería derogar la LAU y sustituirla por otra ley que asegure el alquiler social en el mercado libre. ¡Casi nada!

El problema surge de un concepto de vivienda social mal llevado y en el que no se ha trabajado nada por lo público y se ha dejado la inversión realizada a merced de los beneficiarios.  Ahora en el País Vasco han cambiado los conceptos. La vivienda social será siempre en alquiler y nunca en propiedad, De esa manera podrá ir aumentando el parque, sin que se haga negocio por parte de particulares con viviendas que se han pagado con dinero de todos.

Solucionar el problema de la vivienda en nuestro país no se logra con parches de cuatro años, con política dispersa y con leyes hechas para los entramados financieros.  Hay que comenzar desde la base, con un gran pacto social, un cambio legislativo y el abandono del concepto de vivienda como recurso financiero o hucha de ahorros.

Pero ¿quién es el que le reconoce a sus votantes que el sistema hace imposible la política de vivienda que propones? ¿Que si todo marcha conforme a tus previsiones, para lo que les pides el voto, sus hijos o nietos podrán tener una vivienda asequible? Hay que hacer promesas aunque estén para incumplirlas. Y así, la banca seguirá controlando la deuda, pública y privada, los fondos buitre y SOCIMIs continuarán haciéndose cada vez con más vivienda y los desahucios sin garantía habitacional proseguirán implacables. Y no existirá un parque suficiente de vivienda social mientras la banca tenga las llaves del sistema y generen crisis y soluciones, de forma alternativa y en forma de deuda a su conveniencia.

En tanto la política de vivienda sea dirigida hacia la gestión privada y se generen beneficios para los gestores de la deuda, mientras se deje que la vivienda sea un activo financiero más, sujeto a las leyes del mercado y no sea un verdadero derecho social, los partidos políticos continuarán con sus mentiras electorales, vacías de posibilidades e impotentes ante una situación de la que no consiguen hacerse con el control.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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