De forma sorpresiva y anunciando lo que puede ser el otoño si no se pone remedio, el suicidio por desahucio ha vuelto a las páginas de los periódicos después de meses silenciados. No se ha podido evitar, ni el desahucio ni el suicidio que le siguió. Ha sido un hombre en Barcelona, en el barrio de Sants, que llevaba ya tres años en el desempleo y para el que los plazos que dio el juzgado para desalojarle de la vivienda de alquiler en que vivía desde el 2018, han marcado trágicamente el fin de su vida. Con la comitiva judicial en la puerta, notificándole el desalojo, se precipitó a un patio interior dejando atrás un perro con el que compartía sus días, unos canarios enjaulados y la cara espantada del funcionario judicial que nunca se pudo imaginar lo que sucedería aquel día.
Este suicidio no es uno más en la larga lista de los sucedidos desde el 2010. Desde aquel año la crisis económica e inmobiliaria, junto con la inacción del gobierno del momento y su apuesta por los derechos de los bancos, propiciaron una larga lista de suicidios declarados que se fueron silenciando siempre que hubo oportunidad y otra más larga aún en que por diferentes motivos los suicidios y sus actores quedaron ocultos ante la opinión pública. Este suicidio se produce en otro contexto, con otro Gobierno más concienciado del problema y con unas leyes que pretenden impedir al menos una de sus causas, el desahucio.
El Gobierno de coalición estableció una moratoria en el pago de la hipoteca y prohibió los desahucios por alquiler a los afectados por la crisis del coronavirus. Con el decreto aprobado en diciembre pasado, esta prohibición se extiende hasta el próximo 9 de agosto aplicándose también, en algunos casos, a personas que han ocupado la vivienda, lo que ha causado las iras de los que ven antes el beneficio económico que la vida de las personas. La normativa pretende dar la posibilidad a la persona arrendataria de una vivienda habitual, de poder suspender el desahucio por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional en ese momento para sí y su familia. Esta mala situación puede no derivarse de los efectos del covid, pero si haberse visto agravada por sus consecuencias.
La normativa pretende agilizar el procedimiento de valoración por parte de los servicios sociales y la búsqueda de una alternativa habitacional. Además se atribuye al Juez la facultad de suspender el lanzamiento, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto y las circunstancias, hasta que los servicios sociales competentes puedan ofrecer las soluciones más adecuadas que hagan frente a la carencia de una vivienda digna, en el contexto de la excepcionalidad del estado de alarma. Para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado anterior, debe tratarse de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 10 viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la normativa
Pero el procedimiento no está funcionando, al menos en este caso ha fallado estrepitosamente y lo ha hecho desde el lado de los jueces que tienen que interpretar y aplicar la ley. Tanto la PAH, como los concienciados sindicatos de vivienda de Barcelona, creen que una vez más ha quedado demostrado que el decreto de moratoria contra los desahucios aprobado por el Gobierno, y que se extiende de momento hasta el 9 de agosto, no es efectivo en muchos casos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a los juzgados que revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente para los desahucios de personas vulnerables.
La realidad es que los desalojos se están incrementando, al menos los que afectan a los más vulnerables, los que viven de alquiler. En este primer trimestre de 2021, se produjeron un total de 7.862 lanzamientos derivados del impago de la renta, un 14,01% en relación al año anterior. Por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarios se situaron en 2.548, lo que implica una variación interanual del 6,52%.
El mayor problema con el que se encuentran estas personas desahuciadas de sus viviendas alquiladas es que después ya no hay nada. La inexistencia de la vivienda social necesaria deja a estos desalojados en la calle, con la nimia protección de los servicios sociales que carecen de los medios suficientes.
La salida elegida por Segundo, que así se llamaba el hombre que iba a ser desahuciado en Sants, muestra uno de los problemas de salud pública más soterrados en nuestro país: las muertes por suicidio.
Al ser una cuestión tabú para nuestra sociedad no hay datos muy actuales, pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de muertes por suicidio en España creció en 2019 un 3,7% respecto al año anterior, llevando la cifra total a 3.671 personas frente a las 3.579 del año 2018. Es decir, cada día se suicidan diez personas en España el doble de las que mueren por accidentes de tráfico y convirtiendo así a esta causa de fallecimiento en la primera del país, con 7,6 suicidios por casa 100.000 habitantes. En todo caso hay que tener en cuenta que estos son los datos oficiales, los otros multiplican la cifra por dos, ya que muchas muertes falsean su causa por cuestiones religiosas medievales y por la vergüenza que supone un suicidio en la familia.
Y si los datos nos cogen por sorpresa es porque nuestro desconocimiento se debe al interés existente por ocultarlos. Los bancos porque no quieren aparecer como asesinos de personas en sus desahucios, el Gobierno porque no destina presupuestos para su contención y tratamiento y los medios porque se escudan en el «efecto Werther» o imitación, cuyo nombre se debe a los suicidios ocurridos supuestamente en el siglo XVIII entre jóvenes que leyeron la novela romántica de Goethe ‘Las penas del joven Werther’.
En los peores momentos de la anterior crisis, comenzada en 2008, que tuvo sus momentos más virulentos entre el 2011 y el 2015, se producía un suicidio cada 5 horas por desesperación ante la situación económica, lo afirma la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un informe basado en datos oficiales de la policía. En la Comunidad de Madrid se estima que se producían cada 54 horas, siendo los desahucios la causa principal de fallecimiento de los madrileños.
La PAH imputa al denominado terrorismo financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. Esta dura cifra representa algo menos del cincuenta por ciento de todos los que se producen en el país. Lo que significa que la mala situación económica de los afectados o de sus familias es, en casi la mitad de las ocasiones, el origen de tan dramática decisión.
De momento no existen cifras oficiales del impacto y la evolución que tendrá este drama de la pandemia que vivimos en los suicidios, es una incógnita. Lo que sí es previsible y que hay que tener claro es que la situación de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y anímicas, junto a las medidas de confinamiento, los miedos que ha generado y el desgaste social, dejarán un rastro importante en la vida de muchas personas. Y nada va a mejorar con unas previsiones económicas que no son buenas los próximos dos años.
En los casos más vulnerables será la gota que puede colmar el vaso de la desesperación que otros factores ya habían llenado. Y una muestra de ello es que la venta de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado en las farmacias, al igual que se ha incrementado el número de pacientes que buscan una ayuda de carácter psiquiátrico, hasta ahora muy insuficiente en la sanidad pública, con citas que pueden demorarse meses y precios alternativos en la sanidad privada que rondan los 60 euros hora.
Se prevé un fuerte aumento de los desahucios por alquiler en los próximos meses. Con la Ley de Vivienda en discusión entre los socios de Gobierno y aún sin acuerdo, una de las medidas planteada por Unidas Podemos es la de incluir las medidas anti desahucio de primera vivienda para siempre, pero los fondos buitre asociados en Asoval, con la inestimable ayuda del Partido Popular, que ven antes el beneficio empresarial y la seguridad jurídica del inversor, que la vida de las personas, ya se han puesto en contra, amenazando con que la medida, si se toma, será la causante de todos los males, hasta de la vuelta de la pertinaz sequía.
Así, la Agencia Negociadora del Alquiler, ha calculado que el decreto supondrá de media unas pérdidas de 9.000 euros por cada propietario afectado por impagos y disparará la morosidad hasta los 132 millones de euros. Más catastrofistas y amenazantes se muestran desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la patronal de los fondos buitre, que obtienen sus beneficios en el mercado de la vivienda de alquiler y tan sólo ve en la posible inclusión de los desahucios en la Ley de Vivienda la protección de los okupas, de lo que hace «casus belli». Amenaza en concreto con impulsar una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado al ponerse en riesgo la tutela judicial efectiva. Asegura ASVAL que de llevarse adelante la Ley de Vivienda en los términos que defiende Unidas Podemos, se imposibilitará el desarrollo del mercado del alquiler en España, ese en el que buscan sus beneficios. Además, la protección de los «okupas» afectará la inversión extranjera y generará un «efecto llamada» para la ocupación de viviendas, «somos el único país que regulariza el delito de la ocupación ilegal», aseguran.
La situación es compleja porque nunca se debiera haber permitido que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, se convirtiera en un producto de mercado sujeto a la especulación y a las exigencias de los inversores. No al menos mientras no existiera un parque suficiente de vivienda social que imposibilitara esta especulación a gran escala con las familias más vulnerables, expulsándoles de un mercado del alquiler que les debiera garantizar el acceso a un bien necesario.
Pero después de más de 50 años protegiendo a los propietarios con inmensos beneficios fiscales el mal ya está hecho y revertir la situación no va a ser fácil. Por un lado el derecho a la vivienda, por otro la seguridad jurídica de esos pequeños propietarios -más del 95% de la vivienda en alquiler está en sus manos- que complementan sus sueldos o pensiones con arrendamientos en todos los pueblos y ciudades de España.
Los beneficios y manejos de los grandes propietarios llegados a este mercado con la crisis del 2011, debieran quedar aparte y su campo de actividad ceñirse a los alquileres temporales y turísticos, que no son primera vivienda. La solución es difícil, porque están en juego las vidas de muchas personas y el bienestar de otras, pero debiera tomarse antes de que llegue el próximo calentón al mercado de la vivienda que ya está asomando.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
