Las ejecuciones hipotecarias están descendiendo en relación a las realizadas en el año 2016, en concreto un 56,8% hasta alcanzar las 2.788 en el segundo trimestre del 2017. Son las cifras que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, asegurando que son inferiores en un 34,8% a las sufridas el primer trimestre del año.

En todo caso es preciso señalar que la estadística del INE  ofrece el número de certificaciones de ejecuciones inscritas en los Registros de la Propiedad, pero no todas terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.  Y ha sido la Asociación Española de Banca (AEB) la que asegura que esta disminución se debe al esfuerzo de los bancos por facilitar las condiciones financieras a las familias con dificultades, esfuerzo que, aseguran, que ha alcanzado a más de un millón de familias.

Sin embargo, la PAH considera que los datos sobre ejecuciones hipotecarias hechos públicos por el INE, aun siendo reales son equívocos, dado que pretenden aparentar un importante cambio de tendencia que no se ajusta a la realidad. Y es que, según la PAH, ese descenso responde exclusivamente a un cambio de táctica por parte de la banca. Las instituciones financieras están retrasando estas demandas a la espera del pronunciamiento del TJUE sobre las 2 cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo. Ambas por situaciones de abuso sufridas por los consumidores; la primera en relación con los efectos de la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado y la segunda por los intereses de demora abusivos. El quid de la cuestión es si el pronunciamiento a favor de los consumidores por parte del TJUE llevaría aparejado la anulación de los contratos hipotecarios y, muy importante, la vuelta atrás en los desahucios producidos amparándose en estas cláusulas. Por eso, ante las dudas sobre su pronunciamiento, las entidades financieras están optando por retrasar las demandas judiciales.

Y para apoyar su argumento la PAH aseguran estar detectando un incremento de los procedimientos ordinarios de reclamación de deudas. Y  también, que el ritmo de las ejecuciones  volverá a cifras anteriores cuando el TJUE se pronuncie.

En el segundo trimestre se iniciaron 13.605 ejecuciones hipotecarias, cifra que es un 20% inferior a la registrada el trimestre anterior y un 35,2% menos en tasa interanual. De ellas, 12.868 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 737 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas disminuyeron un 20,4% en relación al trimestre anterior y un 35,4% respecto al segundo trimestre de 2016. Dentro de las fincas urbanas, 6.937 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 24,2% menos en tasa intertrimestral y un 42,3% en términos interanuales, y de ellas 3.652 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 34% menos que en el trimestre anterior (-55% interanual).