Acompasándose a la amarga situación que vive nuestro país, con los desahucios en aumento, el paro sin ceder y los contratos de miseria, el Fondo Social de Viviendas (FSV) amplia sus destinatarios. Cuando se creó estaba destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, habían perdido su vivienda desde el 1 de enero de 2008. A partir de ahora, las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de sus hijos o nietos también podrán solicitar una casa de este fondo, entre otros casos.

De este modo, el Ministerio de Economía amplía su ámbito de aplicación para acoger más supuestos de vulnerabilidad social y es que la situación cambia y no precisamente a mejor, a pesar de todo lo que pregonen los flamantes candidatos. Que los datos que aparecen todos los días en los medios son acorde a la situación electoral que vivimos y no reflejo de la realidad social.

En el primer año de aplicación del FSV, el 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas. Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La renta para estos casos oscilará entre 150 y 400 euros al mes o por debajo de esa cantidad en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras. Muy pocas si se tiene en cuenta que tan sólo en 2013 se han producido casi 50.000 desahucios.

La extensión del ámbito de aplicación del convenio por el que se rige el Fondo Social de Viviendas permitirá ampliar las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda al FSV. Economía también señala que a partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años.

También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, «un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía». El requisito hasta ahora era una discapacidad del 33% o superior.

Asimismo podrán solicitar una vivienda del FSV otras personas o unidades familiares con distintas circunstancias de vulnerabilidad social, previo informe de los Servicios Sociales, lo que, según el Ministerio, amplía el acceso a muchas situaciones de riesgo social no tipificadas. Además se continúan manteniendo los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.

Una gota en el mar de la necesidad es lo que significan estas 6000 viviendas puestas a disposición del FSV por los bancos desahuciadores y causantes de la crisis inmobiliaria actual. Una situación que debería verse solventada si se obligara a las entidades financieras a poner a disposición de los ayuntamientos las viviendas vacías; como está sucediendo en Andalucía y en determinadas ciudades catalanas.