La venta de las viviendas sociales del IVIMA a fondos buitre, ha sido una más de la interminable lista de latrocinios y apropiaciones que el PP, en sus diferentes administraciones, ha realizado contra la ciudadanía. Fondos buitre, en los que han participado en distintos grados y con personajillos, como José María Aznar Botella, o sociedades interpuestas en el caso de los Pujol, las familias Aznar y Pujol, unidas en sus intereses por el dinero y contra los instrumentos sociales. Ahora estas apropiaciones empiezan a pasar factura y a hablarse de ello en los tribunales.

La primera persona en sufrir las consecuencias de estas decisiones de Ana Botella y su corte, ha sido el exdirector general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y actual director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Juan Van Halen. El mismo ha presentado ya su dimisión después de que haya sido citado a declarar en calidad de investigado -antes imputado- por la venta de pisos del IVIMA al fondo Azora-Goldman Sachs.

Van Halen ha presentado su renuncia a la Ministra de Fomento, Ana Pastor, tras ser citado a declarar ante el Juzgado nº 48 de Madrid, que investiga una querella por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación contra los responsables de la venta de 2.935 viviendas del IVIMA a Azora-Goldman Sachs. Van Halen ha sido citado como investigado por sus responsabilidades en la Consejería de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid cuando se inició el proceso de venta de las viviendas sociales municipales a los fondos buitre.

El juzgado cita a declarar a Van Halen, que asegura que actuó conforme a la ley porque cumplía con las obligaciones que le habían indicado, el próximo 23 de febrero, mientras que, en calidad de testigso deja para más adelante a los principales directivos de Azora, Fernando Gumucio y María Concepción Osácar, así como a los integrantes municipales de la mesa de contratación de la operación.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), en boca de su portavoz, Sonia Martínez, ha explicado que de esta manera el juez atiende a una petición que la entidad que representa a las familias damnificadas por la operación ha realizado, ya en dos ocasiones.