La crisis originada por el coronavirus va a tener y está teniendo ya consecuencias inéditas en nuestra historia reciente. De la crisis del 2008, que pagaron las clases medias y trabajadoras del país, se ha aprendido mucho.  Y una de esas enseñanzas es que no se puede repetir los desahucios que se produjeron aquellos años. Por ello el Gobierno está tomando medidas que, de momento son inexistentes para el alquiler. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña ha resuelto establecer una moratoria en el pago del alquiler para todos los arrendatarios de viviendas y locales comerciales, del parque de vivienda administrada por la Agencia de la Vivienda de Cataluña y que sean personas físicas. La medida tendrá un importe aproximado de 3 millones de euros con una cuota media por familia de 166 euros.

La medida puesta en marcha busca proteger las familias con menos recursos ante la situación de emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, y su impacto económico en el tiempo. La moratoria, que se alargará, al menos de momento, mientras dure la situación de excepcionalidad,  beneficiará a más de 20.000 familias catalanas interrumpiendo la facturación correspondiente al mes de abril de los contratos de alquiler.

Las rentas suspendidas mientras dure la moratoria -ya veremos lo que sucede con la crisis económica que viene- , se prorratearán durante  los 12 meses siguientes, una vez acabada la situación de excepcionalidad. En el caso de que el estado de alarma se alargara más allá del mes de abril y, en función de la evolución de la pandemia y de la situación social y económica que le siga,  podrá ampliarse la medida para otros plazos.

La medida puesta en marcha no descarta que dependiendo de la situación económica, no se puedan tomar nuevas medidas que amortigüen las situaciones de vulnerabilidad que podrán producirse. En este sentido la Generalitat de Cataluña  ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que implante medidas para facilitar el abono mensual del alquiler, ya que el impago de las rentas es el principal motivo de desahucio, tanto en Cataluña como ya en el resto del Estado.