El Govern de Catalunya ha iniciado la regulación del mercado de la vivienda para favorecer a los más vulnerables. En ese sentido ha aprobado un Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, cuya iniciativa más remarcable, y que va a traer consecuencias, se centra en obligar a los grandes propietarios –según esta nueva norma, aquellos que tienen más de 15 viviendas en alquiler, en su mayoría bancos y fondos de inversión– a ofrecer un alquiler social a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Ampliar esta posibilidad a familias que estén ocupando una vivienda también va a encontrar oposición.

De esta manera, para acceder a esta posibilidad, que tendrá un plazo máximo de aplicación de siete años, los inquilinos deberán cumplir uno de los tres requisitos siguientes: tener acreditada dicha situación de vulnerabilidad y que su contrato de alquiler se esté acabando; encontrarse en un proceso de desahucio; o bien llevar más de seis meses ocupando una vivienda sin contrato en el momento de la entrada en vigor del Decreto. Para los grandes tenedores de vivienda, ofrecer esta alternativa antes de interponer una demanda judicial, será obligatorio si se dan dichas condiciones.

 Damià Calvet,  conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, asegura que el Decreto es «un plan de choque» contra el alto número de desahucios y el ascenso del precio del alquiler en los años recientes. En esta línea, ha recordado en rueda de prensa que en 2018 se produjeron 13.900 desalojos judiciales y en los dos primeros trimestres de este 2019 fueron 6.990. Cataluña ocupa las primeras posiciones entre todas las comunidades autónomas en desahucios por hipoteca o alquiler.

Otra novedad a destacar, en estas nuevas medidas para defender a los afectados por la crisis de la vivienda, es que la duración del contrato de alquiler social obligatorio pasará de los tres años actuales, hasta los siete que propone esta nueva medida.