Los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales ya están trabajando en la que se presume polémica Ley de Vivienda y que debería presentarse en marzo al Consejo de Ministros, de manera que la norma pueda estar aprobada antes del verano. El punto más complejo a dirimir en esta futura Ley de Vivienda, que es uno de los puntales de Podemos para esta legislatura,  y que forma parte del compromiso firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de coalición, es la forma en la que se enfocará la rebaja en los precios de los alquileres.

El vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro José Luis Ábalos son los directamente implicados en la elaboración de esta nueva legislación, aunque de momento tan sólo se han celebrado reuniones de carácter técnico.  Todos nos acordamos de que el compromiso para desarrollar esta Ley se acordó en el pacto para aprobar el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Como pasos preliminares a la legislación que se presentará en unos dos meses está el acuerdo para la prohibición de los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional en plena pandemia. Acuerdo que incorporó la compensación a los fondos buitre que vieran disminuidos sus beneficios por esta medida.

No va a ser fácil llegar al acuerdo, el posicionamiento de los titulares de Justicia y Economía con la ley antidesahucios así lo hace prever. Y es que las dificultades ya se vislumbran.

El acuerdo de coalición recogía el compromiso de acabar con los alquileres abusivos en las zonas tensionadas, que se definirían como aquellas en las que los alquileres, por unas u otras razones estuviera fuera del precio de mercado. Y para contener los precios se impondrían medidas normativas que supondrían un techo o incluso una bajada. El primer problema surge con el  Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que puede estar alterado por la pandemia.