Siendo una de las comunidades autónomas más afectadas por el alza abusiva del precio de los alquileres, ha sido la primera en tomar medidas y regulará el precio del alquiler en 60 municipios. Los afectados son las capitales de provincia y municipios del área metropolitana de Barcelona con variaciones de precios del 20% entre 2015 y 2018 según los datos proporcionados por el Índice de Precios del Alquiler, presentado hace dos semanas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). La normativa, que se encuentra dentro de las competencias autonómicas, tiene el objetivo, por un lado, de congelar los precios de los nuevos contratos de arrendamiento en estas zonas en base a un máximo que se establezca, y por el otro, de rebajar el precio medio de las renovaciones de los contratos ya firmados.

La medida ha sido contestada por diversas asociaciones y empresas ligadas a los intereses que produce este mercado del alquiler, asegurando que la Generalitat de Catalunya está trasladando la responsabilidad de generación de parque público de vivienda al sector privado, y afirmando que algunas de las medidas propuestas son contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución.

Las declaraciones se produjeron a raíz de que el miércoles, 15 de julio de 2020, el Sindicat de Llogateres i Llogaters -juntamente con el Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluña, presentara una proposición de ley en el Parlament para limitar el precio del alquiler.

Son el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL). Estiman que las medidas coercitivas no darán el resultado pretendido, y parecen fruto del desconocimiento del comportamiento del mercado de alquiler. Es más, añaden, se corre el riesgo de volver a aquellos tiempos en los que la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta (o su actualización de acuerdo con un IPC que no reflejaba la realidad), llevaron a una reducción y un deterioro más que constatable del parque de viviendas de alquiler.

Todas estas entidades estiman que, según datos del INCASÒL, de los 107.712 propietarios privados del parque de alquiler en Barcelona, el 96% (103.410) poseen entre 1 y 5 viviendas. Y si bien es cierto que entre este grupo mayoritario hay diferentes casuísticas, también lo es que existe una franja importante de pequeños tenedores que utilizan el alquiler para complementar sus ingresos o su pensión de jubilación, entre otros. Por lo tanto, la limitación del precio del alquiler no solo tendrá un impacto directo en su economía doméstica, sino que además provocará que en muchos casos decidan retirar su patrimonio familiar del alquiler para pasarlo a la venta o a otras alternativas ajenas al alquiler residencial.

No olvidan los problemas que podrán sufrir los grandes tenedores, asegurando que a las dificultades de este grupo mayoritario de proveedores de vivienda hay que sumar las de los recientemente definidos como «grandes tenedores» (los que tienen más de 15 viviendas, según la nueva definición del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre de 2019, aprobado en Cataluña) que, además de las dificultades para recuperar las viviendas por finalización del plazo contractual o por impago de la renta y la obligación de ofrecerlas en alquiler social a su inquilino (ocupando legítimo o ilegítimo), tendrán que hacer frente a una limitación en la renta que podría hacer inviable el sostenimiento de la actividad, provocando la retirada del mercado de alquiler de sus inmuebles y haciendo ineficientes las escasas medidas de fomento de alquiler que se venían promoviendo anteriormente por el Estado.

Ante esta preocupante situación, las entidades firmantes de este documento, que agrupan gran parte del sector inmobiliario,  alertan de que aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características.

«El sector público tiene que adoptar medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social suficiente, no penalizar a los propietarios con medidas que,  sin ningún tipo de duda, producirá una mayor escasez de viviendas y un deterioro de parque inmobiliario, hecho que agravará aún más si cabe la situación» finalizan asegurando los firmantes del documento.