Coincidiendo con la publicación de la cifra de desahucios, que el pasado año alcanzaron la cifra de 54.006, un 9,5 % menos que un año antes, según los datos publicados  por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno ha decidido ampliar el acuerdo de coalición y actuará contra los desahucios por impago de alquiler. Y es que los lanzamientos derivados del impago del alquiler representan el 67,5 % del total con 36.467, en 2019, frente a los 17.411 de ejecuciones hipotecarias.

Las medidas para actuar contra los desahucios por impago del alquiler se incluirán en la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Gobierno también prorrogará la moratoria a los desahucios hipotecarios a través de un real decreto que prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros. Y se hará especial hincapié en las zonas tensionadas y en los grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario.

Desde la PAH se ha celebrado este anuncio del Gobierno que supone una victoria para el colectivo anti desahucios y producto de la campaña de presión de estos últimos 15 días.  Esta ampliación del acuerdo de Gobierno, servirá para frenar, al menos, una parte importante de la sangría de 198 desahucios diarios que se producen en todo el Estado. Sin duda, esta noticia supone un alivio para todas las personas hipotecadas que hasta la fecha no sabían si se prorrogaría la moratoria hipotecaria, pero también para miles de inquilinos que, por primera vez, no verán truncados sus proyectos de vida por culpa de la especulación, que nos ha llevado a precios inasumibles que acaban con las familias en la calle.

Desde el colectivo de afectados seguirán luchando para que se aprueben medidas urgentes que acaben con los desahucios de personas que, en situación de vulnerabilidad, recuperan viviendas vacías de entidades financieras o fondos buitre y que suponen, al igual que el resto de desahucios, violaciones de Derechos Humanos tal y como ha dictaminado Naciones Unidas.

Por ello, la PAH continuará presionando hasta conseguir el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, dado que, el próximo 30 de abril, vence el plazo dado a España por el Comité DESC de NNUU, para el cumplimiento de las medidas propuestas en el último de los dictámenes condenatorios de nuestro país, y no se ha adoptado ninguna