Sin casi ya tiempo por la próxima disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo, el Gobierno prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda, ya consensuado con Podemos. Y a diferencia del fiasco anterior incluirá un índice de precios máximos para el alquiler en las grandes ciudades y cambios en los desahucios. Con el propósito de lograr el mayor consenso posible se continúa negociando con el PDeCAT y el PNV en el texto que se lleve al Consejo de Ministros.

La medida tomada «in extremis» ya fue comentada por el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, que reconoció que el Ministerio no estaba satisfecho con el rechazo que el real decreto había tenido en el Congreso y que entraba dentro de los posible presentar una nueva versión incluyendo las medidas solicitadas por Podemos.

En este sentido Saura ya avanzó la posibilidad de que sean los ayuntamientos y CC.AA. los que limiten los precios del alquiler en sus respectivas zonas ya que el mercado inmobiliario es muy local y cada uno tiene sus propias características. Otra de las cuestiones importantes a las que se refirió el secretario de Estado es la de elevar la vivienda social hasta el 8% de los hogares en el 2030 ya que la actual cifra del 2,5% está entre las más bajas de Europa.

La otra petición de Podemos, acabar con el drama de los desahucios, también está siendo abordada en las negociaciones y una buena pista a tener en cuenta son las recientes declaraciones de Sánchez  instando a las fuerzas políticas a acabar con este drama cotidiano.  El borrador del decreto no solo modificaría la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino como el intento anterior cambia otras normas que también inciden sobre los alquileres. Una de ellas es la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determina el procedimiento a seguir en caso de desahucio que podría cambiar en tres aspectos: que el juez deba comunicar a los servicios sociales de oficio cualquier procedimiento de desahucio. Esta era otra exigencia de Podemos a la que el decreto de diciembre no obligaba en todos los casos. La segunda es que, si los servicios sociales determinan que el inquilino está en situación de vulnerabilidad social, el lanzamiento se suspenda tres meses (en lugar de dos) para buscar una solución cuando el propietario del inmueble sea una compañía. La tercera es que obliga a los juzgados a fijar con mayor precisión, detallando día y hora, cuándo se va a proceder a un desahucio.

El decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre y no fue convalidado por el Congreso por la negativa de Podemos a votarlo afirmativamente al no incluir el control de los alquileres y medidas para paliar el drama de los desahucios.