La situación que viven con la vivienda las grandes ciudades, con el claro ejemplo de Madrid y Barcelona en primer lugar, está obligando a tomar medidas y rápidas. El nuevo Gobierno de Sánchez ya adelantó que reformará de nuevo la LAU, excesivamente balanceada del lado de los propietarios, para conseguir alquileres más asequibles y de mayor duración. Es una condición obligada para que los centros de las grandes ciudades no se conviertan en parque temáticos para el turismo, con alquileres desorbitados y de frecuente rotación.

Pero la situación es tan grave que estas medidas pueden no ser suficientes, sobre todo cuando la cifra de vivienda social en nuestro país es ridícula. España dispone de un 1,5% de vivienda social de todo el parque inmobiliario frente al 11% de media europea. Del total de las viviendas protegidas, el 2,5% son alquileres sociales, a ignominiosa distancia de países de nuestro entorno, como Holanda que tiene un 30%, Reino Unido un 21% o Francia un 17%.

Por ello, y ayudada por una opinión pública, que de forma mayoritaria estima que la situación en Barcelona es muy grave, Ada Colau, alcaldesa de la Ciudad Condal, ha decidido tomar una medida polémica y que seguro terminará en los tribunales o en nada. Quiere obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones de edificios que se realicen en cualquier barrio de Barcelona, a dedicar a vivienda social el 30% de los pisos que se construyan o rehabiliten, sea cual sea el precio del suelo y el barrio.

La norma, que se ha aprobado en el Consistorio, con la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, supondrá cambiar el Plan General Metropolitano. La norma tiene todavía un largo desarrollo por delante y por eso se está produciendo una verdadera tromba de solicitudes de certificado de obra para eludir la imposición.

La polémica medida, ha llegado avalada por una encuesta realizada por el Barómetro Semestral del Ayuntamiento, que ha preguntado a los barceloneses por la situación de la vivienda. Las respuestas obtenidas, de un total de 800 encuestas realizadas, no dejan lugar a dudas. Así, el 94, 2 de los encuestados estiman que la ciudad tiene un problema de vivienda, consideran el 48, 6% que el problema es muy grave y un 39% que es tan sólo grave. Un casi irrelevante 6,6% no lo ve trascendente.

Y en cuanto las soluciones a adoptar, que también se les ha preguntado al respecto, más de un 42% proponen bajar o regular los precios de la vivienda , el 28,4% que se incremente la vivienda social, el 16,9% cambios en el marco legislativo, un 14,7% mayor control de los pisos turísticos y algo más de un 10% extender el control a los pisos vacíos. Además, una gran mayoría superior al 75%, pide que la administración regule el precio de los alquileres, frente a un 22% que estima no debe ser así.

La encuesta ha  servido de justificante para el consistorio barcelonés, que asegura que el cambio de la LAU por parte del Gobierno de Madrid se queda corto y que hacen falta políticas más  agresivas con la situación especulativa que se está sufriendo, como la de obligar a los promotores a destinar un 30% de lo que se construya o rehabilite a vivienda social.

La comisión municipal de Urbanismo ha logrado el apoyo de los partidos necesarios para sacar adelante su propuesta, a cambio de renunciar a suspender las licencias y a que la nueva normativa no se aplique de forma inmediata, sino que deba pasar por el pleno del Ayuntamiento en otoño y por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat a continuación. De ahí, las carreras de los promotores entregando solicitudes. Tanto el PDeCat como el PP, que para esto no se han repugnado y han votado juntos, acusan al consistorio de no haber sabido solucionar el problema de la vivienda y pasar la responsabilidad a la iniciativa privada.

Y en el lado contrario, la Asociación de Promotores de Cataluña ha puesto el ladrillo en el cielo, amenazando de paso con toda una batería de denuncias ya que, a su juicio, esta medida además de electoralista es ilegal, por ir contra la Ley de Urbanismo Catalana y la Ley del Suelo española. Para los promotores, las pérdidas, si no venden todos los pisos a precio libre, están garantizadas   y ello aunque el ayuntamiento ha explicado que la medida no se aplicará a los promotores que tengan ya suelo comprado  con anterioridad al 1 de enero. Y los que hayan comprado el suelo estos primeros seis meses del año, deberán destinar a vivienda social tan sólo el 20% de lo que se construya, que será menos de lo previsto, aseguran los promotores, y por lo tanto la medida no causará el efecto buscado, que, según declaraciones de Colau, conseguiría unos 300 pisos sociales al año.

Colau ha acusado a la especulación reinante estos últimos años de haber llevado la situación a un límite que obliga a tomar decisiones rápidas y extremas. Las  decisiones del ayuntamiento están apoyadas por  la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Sindicato de Inquilinos, el Observatorio DESC y la propia PAH y son legales, aseguran, ya que figuran en la Ley del derecho a la Vivienda de 2007.

Todo comenzó, cuando en febrero de este año el ayuntamiento apoyó una moción de entidades  ciudadanas que preveía fórmulas para ampliar el parque público de viviendas, aprovechando para ello normativas vigentes y no utilizadas. Y en su primer punto figuraba el aprovechamiento de leyes autonómicas  junto con el derecho a la vivienda contemplado en la Constitución, para obligar a los promotores a destinar el 30% de los pisos que se construyan o rehabiliten a vivienda social, con lo que se conseguirán en todos los barrios y no únicamente en los nuevos planeamientos urbanísticos.

También se ha declarado toda la ciudad de de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en las transacciones inmobiliarias. Así el consistorio podrá adquirir los pisos sociales que hagan a la fuerza los promotores y que no quieran destinar al alquiler. Una fórmula para no perderlos cuando acaben los 20 años de protección.

La medida del ayuntamiento de Barcelona es polémica y traerá cola, sobre todo porque los promotores saben que tienen que hacerle frente antes de que se extienda por otras ciudades y municipios afectados por la locura especulativa de la vivienda y con gobiernos progresistas, con Madrid a la cabeza. Pero si en la anterior ocasión fueron los bancos los principales adversarios de este movimiento social,  ahora la situación ha cambiado. Los fondos oportunistas que llegaron, atraídos por los beneficios, se han hecho con el inmobiliario que tenían las instituciones financieras y, además, han invertido comprando constructoras, promotoras y suelo. La acción emprendida por Barcelona choca con su planteamiento empresarial de obtención rápida de grandes beneficios y no se van a dejar. Lo de Colau de nuevo frente al ladrillo y la especulación, en un entorno político desfavorable, con Sánchez en el Gobierno, no entraba en sus planteamientos. Veremos qué sucede porque la acción no acaba más que de comenzar.

 

Eduardo Lizarraga

WWW.AQUIMICASA.NET