Con algunas semanas aún por delante para presentar la futura Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros, el acuerdo entre los socios de Gobierno parece aún más lejos que cuando comenzaron las negociaciones. El control de los precios de los alquileres ha desembocado en una guerra abierta entre Unidas Podemos, que defiende la regulación de precios en el compromiso firmado y los miembros del PSOE implicados, Ábalos hasta ahora, a quien se ha sumado en los últimos días Calviño, que ponen por delante del acuerdo de gobierno la seguridad jurídica de los propietarios y pagar sus menores ingresos con beneficios fiscales, es decir, con dinero público.
Ha sido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, desaparecida hasta ahora en el debate, la que ha añadido más tensión a la situación, cuando preguntada en una entrevista en TVE ha asegurado que fijar límites a los precios del alquiler no va a ayudar a solucionar el problema y que existen otras maneras para regular estos precios sin tener que intervenir el mercado. Su principal idea es incrementar el parque público de viviendas a 26.000 comprándoselas a Sareb, bancos y otros propietarios – alguien tendrá que decirle a Nadia que este país necesita algo más de 2 millones de viviendas sociales para estar en los estándares europeos. También ha negado que ese control de los precios de los alquileres sea un compromiso con Unidas Podemos en el acuerdo firmado para el Gobierno de coalición.
Las palabras de la vicepresidenta tercera han sido prontamente respondidas por la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y negociadora de Unidas Podemos para le Ley de Vivienda, Jone Belarra, que ha negado las afirmaciones de Calviño asegurando que la regulación de los precios del alquiler está en el acuerdo de coalición firmado y que “Pedro Sánchez debe hacérselo entender a sus ministros”.
Desde el Ministerio de Ábalos, que intenta pastelear asegurando que los objetivos de Unidas Podemos y el PSOE son los mismos, afirman que habrá una regulación de los precios del alquiler para acabar con los precios abusivos, pero que a esa situación se puede llegar por diferentes caminos y que de momento los socios de Gobierno caminan por separado. Alguna filtración asegura que las posiciones, aunque muy alejadas de partida, se están acercando y que una reunión política que se celebrará esta semana intentaría buscar el consenso. Ábalos continúa con la intención de llevar el anteproyecto de la ley de vivienda al Consejo de Ministros este mes de marzo y pretende hacerlo con el acuerdo de los dos partidos. Iglesias y Sánchez tendrán que reunirse.
A día de hoy el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos propugna la incorporación de beneficios fiscales a los propietarios como forma de bajar los precios del alquiler. Pero esta solución no gusta a Unidas Podemos que la ven como una medida contraria a regular los precios de forma directa y que por lo tanto atentaría contra el acuerdo firmado. Está por ver cuántos propietarios se adhieren de forma voluntaria a la modalidad, que siempre les obligará a ingresar menos y en cuánto sale al erario público este cambio de concepto.
En medio de esta situación y aunque se asegura que tiene poco que ver, el Consejo de Ministros dio este martes luz verde a las Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible. En este plan, que deberá ser presentado a la ONU en julio, España firma una serie de compromisos en materia de transición energética, mercado laboral, igualdad y también vivienda, aspecto éste en el que la ONU nos ha llamado la atención ya un par de veces.
En concreto, en el documento elaborado por la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezada por Pablo Iglesias, se incluye un apartado dedicado al derecho a la vivienda en el que se detalla tanto el problema de los desahucios como el de los alquileres abusivos. Y refleja un compromiso, esta vez ante la ONU, no solo para regular los alquileres adoptando los mismos términos contenidos en el acuerdo de coalición, sino prohibir los desahucios sin alternativa habitacional mientras se prorrogase el estado de alarma y más allá, lo que es otro importante punto de desencuentro con los chicos de Ábalos. El documento aprobado por el Consejo de Ministros y que irá a la ONU, contempla como ”aspecto esencial” la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento.
Así las cosas y mientras unos continúan tirándose los acuerdos a la cabeza, otros, los que de verdad tienen las competencias que son Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, van avanzando en su labor de dotarse de más vivienda social y lo están haciendo a costa de los fondos buitre que en esta última semana han tenido importantes descalabros.
Comenzó la semana con el Tribunal Supremo, que a veces nos sorprende con alguna decisión contraria a los intereses de bancos y fondos de inversión, prohibiendo que un fondo buitre pueda instar el desahucio del inquilino de una vivienda protegida en Madrid y lo hace aplicando la ley y la lógica, que muchas veces van por diferentes caminos. La decisión del TS se basa en que los jueces anularon la venta de estas casi 3.000 viviendas públicas realizada por la Comunidad de Madrid a estos fondos y, por tanto, ya no son de su propiedad no pudiendo instar al desahucio de sus ocupantes. Estos buitres tiene tal afán por desahuciar que quieren hacerlo aunque la propiedad sea de otros…Parece que aún no se han dado cuenta que los tiempos están cambiando.
Por su parte, la Generalitat valenciana ha conseguido adquirir 29 viviendas en La Pobla de Vallbona al fondo buitre Cerberus después de unas largas y complejas negociaciones. Es la primera vez en todo el estado español que se lleva a cabo una operación de este tipo con un fondo buitre para beneficiar a 21 familias adquiriendo por debajo del precio de mercado. Lo asegura el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, que señala haber utilizado como instrumento jurídico la emergencia habitacional de estas familias vulnerables y la amenaza del derecho de tanteo y retracto.
No muy lejos de allí, la Consejería de Movilidad y Territorio del Gobierno de Baleares ha dictado la primera resolución para expropiar de forma temporal 56 viviendas vacías que pertenecen a grandes corporaciones para destinarlas a alquiler social durante siete años. La Ley de Vivienda de las Islas Baleares, aprobada en 2018, permite rescatar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de los residentes insulares, que pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica, nunca superior el 30% de sus ingresos. La resolución permite iniciar los trámites para la expropiación de un primer paquete de pisos vacíos que figuran en el catálogo de entidades bancarias, grandes fondos de inversión o empresas promotoras y por el que el Ejecutivo balear abonará 1,8 millones de euros como justiprecio por ser un procedimiento expropiatorio.
El precio de compensación que abonará el Ejecutivo balear es “considerablemente inferior” a los precios del alquiler que tiene registrados para la comunidad autónoma el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lo establece en 624 euros frente a los 391 euros mensuales que pagará de media el Gobierno regional
Hasta el momento, los servicios de inspección de Baleares han detectado alrededor de 6.000 inmuebles propiedad de grandes fondos en las islas y que llevan cerrados dos años o más, con lo que según la Ley de Vivienda podrían ser puestas a disposición de la Administración justificando una “necesidad real” de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas. Pero deberán darse prisa pues los fondos, con una habilidad que envidian los mejores agentes inmobiliarios, ya han vendido el 30% de los 1000 inmuebles que tenían registrados en el catálogo de “viviendas disponibles”.
La carrera de las Comunidades Autónomas por dotarse de vivienda social, aunque sea poco a poco, muestra muy a las claras la canallada que supuso la venta de las 3.000 viviendas del IVIMA, ahora anulada y de las 1.860 viviendas del EMVS por parte de los gestores del PP a los fondos buitre, por «no necesarias » dijeron. El Tribunal de Cuentas revocó una sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 de esas viviendas sociales. La sentencia consideró probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la libre concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros. Ana Botella se salvó por ser la esposa de Aznar, tener amiguetes en el Tribunal de Cuentas y poder sufrir un importante menoscabo patrimonial; Ignacio González no tenía las mismas cartas.
Estos fondos buitre ya no disfrutan de las mismas condiciones que tenían cuando al olor de la carroña llegaron a nuestro país a partir del 2012. Las alfombras rojas ya no existen, sus amigos y asociados ya no están a los mandos y se les ha perdido el respeto. Es una de las razones por las que ASVAL, su patronal, esté anunciándose en redes sociales y portales inmobiliarios para captar asociados particulares a los que colocar por delante en sus reivindicaciones, vistos los años que se les avecinan. Las leyes de vivienda autonómicas y el derecho de tanteo y retracto que contemplan, comienzan a hacer mella en sus beneficios. Y no parece que el manido concepto de seguridad jurídica pueda salvarles si la Ley de Vivienda sale en versión Podemos. Vamos a ver espectáculo lo que queda de mes.
Eduardo Lizarraga
WW.AQUIMICASA.NET
