Escuchadas las palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado mes de abril, cuando aseguró que su departamento había descartado la posibilidad de fijar precios máximos para los alquileres, porque tendría el efecto contrario ¿?, algunos ayuntamiento, muy preocupados por el cariz que estaba tomando este mercado en sus ciudades,  entendieron que no podían esperar nada desde ese lado y decidieron tomar la iniciativa. Se trataba de  controlar el monstruo de los alquileres antes de que creciera demasiado para poder hacerlo. O al menos intentarlo.

No había pasado ni una semana desde la intervención del ministro de Fomento cuando el Ayuntamiento de Palma tomó claramente la iniciativa y se colocó en el ojo del huracán. Y así, los propietarios de pisos o apartamentos en el municipio de Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas desde el próximo mes de julio. La medida no afectará a las viviendas unifamiliares (casas aisladas o chalets), y contará con excepciones en polígonos, suelo rústico protegido y en la zona de influencia aeroportuaria.

Y es que a pesar de los consabido preceptos neoliberales de que el mercado es soberano y se regula así mismo, la situación en Palma de Mallorca roza la locura. Varios estudios  encargados por el propio ayuntamiento  han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. Y que tan sólo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia.

La restrictiva medida tomada por el equipo de gobierno ha decidido considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio «para proteger al residente. Porque según el munícipe Antonio Noguera, existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de los alquileres vacacionales y el aumento de los precios del alquiler residencial. Precios del alquiler que han experimentado una subida del 40% los últimos años, convirtiendo a Palma en la segunda ciudad, por detrás de Barcelona, en la que más dinero invierten los residentes para el pago de la renta.

También Madrid ha decidido regular los alquileres turísticos y proteger a los residentes de las subidas especulativas del precio de los alquileres. Y lo va a hacer ilegalizando el 95% de las viviendas turísticas existentes, sobre todo en el distrito Centro, al exigirles que dispongan de un acceso independiente desde la calle. Se pretende que las viviendas de uso turístico cumplan los mismos requisitos que hoteles y apartamentos turísticos, a los que se les demanda un acceso independiente. Además, quiere que a partir de 90 días de alquiler al año, los propietarios de los apartamentos necesiten una licencia urbanística de uso terciario.

Las medidas que en estos momentos se están planteando incluyen la prohibición total de cambio de uso residencial a terciario en las zona del Distrito Centro y a otra denominada Zona 2  que correspondería a los distritos de Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca y Retiro y el barrio de Argüelles

Pero además de legislar la situación, el Ayuntamiento quiere poner en marcha un mayor control digital  de las páginas web existentes, cruzando sus datos, y un refuerzo en la inspección. Todo ello sin olvidar poner fin al acuciante problema del mobbing inmobiliario en edificios residenciales, que tiene por objetivo expulsar a los vecinos, generalmente personas mayores y que ya es una realidad cotidiana en determinadas zonas de Madrid.

Aparte del Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid permitirá a las comunidades de vecinos prohibir el uso turístico de los edificios

A la vez,  la Comunidad de Valencia se ha sumado a la guerra que las administraciones locales mantienen contra la proliferación de los apartamentos turísticos. Las Cortes Valencianas aprobarán antes del verano una ley que concederá un amplio margen de maniobra a los Ayuntamientos. En la ciudad de Valencia, la entrada en vigor de la normativa implicará que los nuevos pisos turísticos quedarán limitados prácticamente solo a los bajos y las primeras plantas. Con la nueva ley, para poder inscribirse en el registro autonómico, que es obligatorio y en el que figuran 66.755 viviendas, los propietarios tendrán que obtener previamente un «informe municipal de compatibilidad urbanística con su numeración.

Este número de registro deberá aparecer en todas las ofertas publicadas por las plataformas de Internet. Y si estas rehúsan hacerlo, serán multadas con unas sanciones que acaban de ascender hasta  los 600.000 euros.

En cuestión de sanciones, Barcelona, la ciudad con mayor oferta de pisos turísticos de España y donde los residentes están sufriendo más la reconversión de viviendas residenciales, se destaca del resto de ciudades afectadas y ya ha impuesto a Airbnb y Homeaway multas de 600.000 euros. En toda Cataluña, la Generalitat ha recaudado cuatro millones de euros en sanciones a pisos turísticos desde 2012.

El resto de comunidades, más rápidamente las de mayor incidencia turística, también se están moviendo. Así, Andalucía obliga desde 2016 a los dueños a registrar las viviendas en una base de datos y otras comunidades, desde el País Vasco a Canarias, han empezado a legislar la actividad.

Y si los ayuntamientos se preocupan por la situación de sus vecinos, al otro lado del campo, Bancos, Fondos buitre, socimis y grandes tenedores de vivienda están muy atentos a lo que está sucediendo. Parecía que teniendo controlado  al Gobierno el beneficio estaba asegurado, pero el régimen autonómico y municipal que tiene nuestro país, es complejo. Y las competencias en vivienda están demasiado dispersas para poder actuar en el mercado a golpe de Tribunal Constitucional. Pero algo tendrán que pensar…¡y rápido! Porque  saben que si Carmena, Colau y el resto de la banda  les desmontan el negocio del alquiler vacacional, la rentabilidad inmobiliaria del alquiler va a descender y con ella, el retorno de las inversiones realizadas se va a prolongar en el tiempo. Y eso no mola.