No todo es bueno en torno a la nueva Ley Hipotecaria. Para unos se queda demasiado corta, sobre todo en el control de los precios de los alquileres y por las escasas medidas para echar atrás los desahucios, para otros va demasiado lejos y supone un recorte en las libertades de los propietarios, que puede desincentivar la llegada de nuevos inversores a nuestro país. Ahora es el Banco de España quien asegura que esta nueva Ley Hipotecaria, que pretende aportar una mayor transparencia a la firma de de créditos  hipotecarios entre entidades y particulares, también va a endurecer las condiciones de acceso a la vivienda. Es indudable, asegura el BdE,  que los cambios propuestos por el Gobierno van a mejorar la seguridad jurídica reduciendo los conflictos entre entidades financieras e hipotecados, pero también van a generar una mayor dificultad a la hora de acceder a un crédito hipotecario.

Son las nuevas condiciones económicas que fija la nueva ley, como los gastos de constitución que ahora deberán ser soportados por los bancos y los límites a las comisiones por amortización anticipada en los créditos de tipo fijo, los que van a propiciar, afirma el Banco de España, un incremento en los tipos de interés de los préstamos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el próximo 16 de junio.

La nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, carga sobre los bancos los costes de gestoría, notaría y registro , reduciendo a la vez al 0,25% la comisión por amortización de las hipotecas a tipo variable y al 2% en las de tipo fijo al objeto de que los hipotecados puedan reducir su deuda a un menor coste. Pero esto reduce el margen de beneficio de las entidades financieras que subirán los intereses.

Pero no sólo es el encarecimiento de la financiación lo que va a suponer un endurecimiento de los créditos, sino que además, la introducción de cláusulas vinculadas a la regulación del vencimiento anticipado, que puede pasar según situaciones, de los tres a los doce meses, podría aumentar la dificultad de conseguir un crédito a los peticionarios con mayor riesgo de impago, es decir, jóvenes, rentas bajas o contratos de menor cualificación o temporalidad. El incremento del nivel de solvencia va a ser la tónica habitual.