Una vez publicada la Ley de Vivienda de mayo del pasado año, con la regulación de los alquileres y sus rentas, comenzó a producirse una huída desde los alquileres tradicionales hacia el alquiler temporal al objeto de escapar de las limitaciones fijadas por el Gobierno al alquiler. Ahora, para evitar esta situación que en numerosas ocasiones es fraudulenta y cumpliendo el compromiso que el Gobierno fijó con la Ley de la Vivienda de Mayo12/2023-24 mayo ,  el nuevo Ministerio de la Vivienda pretende llevar a cabo una serie de actuaciones de cara a regular los alquileres de vivienda temporal. El objetivo es hacer eficiente la nueva normativa y evitar este fraude de los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas.

Para avanzar en la regulación de este tipo de alquileres, que son necesarios y tienen su mercado, la ministra Isabel Rodríguez convocó al Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas,  los sindicatos CC.OO. y UGT, la CEOE, el sindicato de inquilinas e inquilinos, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y las Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.

La intención de dicha convocatoria era la redacción de una nueva normativa para los contratos de alquiler de menos de un año a estudiantes y trabajadores temporales,  que son los únicos contratos que la Ley de Arrendamientos Urbanos ( LAU) considera para uso distinto a la vivienda.

No es una situación que haya pillado de sorpresa al nuevo ministerio ya que tanto el sector inmobiliario, como el colectivo de inquilinos ya advirtieron en su momento que la Ley dejaba fuera la regulación de los contratos de alquiler de vivienda de temporada que a su vez aumentaban como opción muy rentable y como forma de escapar de la intervención estatal sobre el alquiler tradicional de vivienda.

Este tipo de contratos de duración menor a un año podían pactarse sin cortapisas entre arrendador y arrendatario en lo que respecta a las rentas de alquiler, así se evitaba el sometimiento a prórrogas forzosas. La nueva normativa intentará limitar el uso del contrato temporal de alquiler de la vivienda, mediante un mayor control de los participantes y de las condiciones del contrato.