Desde que el pasado día 14 de noviembre el PSOE y Unidas Podemos alcanzaran un pacto para la formación de un futuro Gobierno, raro es el día en que desde distintos ámbitos sociales o económicos no se asegure que estamos abocados al desastre. Y el mercado inmobiliario es uno de los más alarmistas.
El Partido Socialista se comprometió antes de las elecciones 10N –lo que no es en absoluto sinónimo de que lo vaya a hacer- a frenar el precio de los alquileres y aumentar la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible. En el éter dejó también la intención de promover el alquiler seguro y movilizar viviendas vacías y de grandes tenedores de propiedades residenciales. Pero no dice cómo lo hará. También promete facilitar a los jóvenes el acceso al alquiler y en lugar de protección frente a los desahucios, ayudas al alojamiento a las personas y familias con necesidades habitacionales urgentes.
Por su parte, el acceso a una vivienda para todos es para Unidas Podemos su punto fuerte y por eso quiere blindar el derecho a la vivienda como derecho fundamental, intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas y crear un parque de alquiler público, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en alquiler. Para ello multará a los grandes tenedores de vivienda vacía e impulsará la construcción donde sea necesario; ligada a esta posibilidad sancionadora, UP quiere realizar un censo público de vivienda vacía en manos de fondos buitre, bancos u otras empresas inmobiliarias, eliminando las Socimis del mercado del alquiler. Acompañando a este control de los precios, UP plantea un contrato de alquiler indefinido en lugar del temporal que ha implantado el PSOE. El contrato dispondría, por un lado, de causas claras para su rescisión y por otro, contempla prórrogas automáticas cuando el inquilino sea considerado vulnerable y el casero sea una inmobiliaria o fondo de inversión. Una novedad es la de realizar una auditoría a los activos tóxicos de los bancos rescatados con dinero público -61.000 millones- e incorporarlos a los programas de vivienda social.
Ante este programa y el pacto con el PSOE, y teniendo como principal argumento el control de los precios del alquiler, un mensaje catastrofista venido desde las alturas está intentando calar en los distintos niveles del sector y llegar hasta los particulares que, dicen, serán los principales afectados. Quieren, como siempre, que sea el mercado quien regule para que se quede todo como está. Lo que no cuentan es que estamos en un momento en el que hay que hacer cambios de profundidad que garanticen la estabilidad del sector inmobiliario para los próximos años. Son cambios necesarios, porque las tiranteces que se están produciendo no pueden mantenerse mucho más tiempo y ya es evidente que el actual sector inmobiliario no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los españoles, lo que no olvidemos consagra la Constitución en su artículo 47. Y es su salvaguarda de salud y razón de ser.
Todos estos mensajes, que alertan de posibles medidas intervencionistas para rebajar los precios del alquiler e intentan amedrentar a los particulares para ponerlos de su lado, están llegando, sobre todo, desde los fondos de inversión y las socimis. Entidades ambas que están en el punto de mira de UP.
Las socimis, son unas sociedades de inversión que comenzaron a operar en nuestro país en el 2013 y que están teniendo una parte muy activa en el devenir del mercado inmobiliario desde entonces. Es una estructura societaria a la que se han adherido con avidez los grandes inversores para desarrollar el negocio inmobiliario patrimonialista.
El principal objetivo de las socimis es la inversión en activos inmobiliarios para alquiler, actividad en la que gozan de un régimen fiscal privilegiado que no comparten con los millones de particulares y pymes que alquilan sus propiedades inmobiliarias. Las socimis están exentas de pagar el Impuesto de Sociedades tributando a través de sus socios y accionistas . Desde Unidas Podemos hablan directamente de eliminarlas porque, aseguran, especulan en el mercado del alquiler y se evaden de sus obligaciones fiscales.
Algo habrá que es negocio, porque en poco más de 5 años hay 83 socimis cotizando en el mercado español, de las cuales 79 están en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y cuatro en el Continuo, gestionando un patrimonio con un valor cercano a los 50.000 millones de euros. Y claro está, cuando escuchan hablar de aumentar aún más el plazo de los contratos y limitar el precio de los alquileres se ponen de los nervios.
Los grandes fondos de inversión, propietarios de decenas de miles de viviendas en España, también conocidos como fondos buitre, son otro de los elementos, junto a las socimis, que están moviendo a la opinión pública para ponerla de su lado. Y buscando chivo expiatorio han encontrado, en lo que no están nada equivocados, que es el estado el culpable de la situación, por no haber invertido más en vivienda social y que esa falta de responsabilidad del estado es la que está causando las tiranteces de hoy.
En España hay más de 6 millones de viviendas en alquiler y la inmensa mayoría, el 96%, está en manos de particulares, frente al 1,5% en manos de las administraciones públicas. Para solucionar esta situación hace falta invertir y no precisamente los 650 millones que ha destinado el Gobierno en 2019 para toda la política de vivienda de todo el país.
Y ante esta situación, los fondos de inversión, que están a la que salta, arriman la verdad incómoda a su sardina y ya han lanzado un mensaje al gobierno ofreciendo capital para generar nueva oferta de vivienda pública. Quieren ser parte de la solución, dicen. Lo que no han dicho, al menos públicamente, son sus condiciones. Pero conociendo a la bandada de buitres que tomó tierra en nuestro país al olor de la carroña en el 2012, podemos suponer que salvo la Cibeles nos lo van a pedir todo, y de paso quedarse con un mercado cautivo por los siglos de los siglos.
Lo que está resultando fácil de ver es que las voces de alarma que claman por un mercado inmobiliario no intervenido tan sólo llegan desde bancos, socimis, fondos de inversión y otros grandes tenedores de vivienda. Pero intentan poner a ese 96% de propietarios particulares y a las pequeñas empresas inmobiliarias de su parte. Y como el miedo es libre y además manejan muy bien la información, porque disponen de todos los medios para ello, parece que el sector está dispuesto a creerles y pegarse un tiro en el pie. Y sería un error salir a defender a estas grandes empresas y tenedores de vivienda, considerándolos parte de un sector atomizado de empresas familiares y pymes. No lo son, están en el sector inmobiliario al olor de un dinero fácil, con elevadas rentabilidades y se irán cuando sólo quede trabajo duro y ese último euro por el que nos partimos el pecho los currantes..
Asumiendo el riesgo de que algunos me tiréis una piedra, hay que decir que este último mes está resultando bastante mejor de lo esperado. Y que la economía en general ha dado un pequeño cambio. Es tan sólo una impresión que espero se confirme con los datos del cierre anual. Pero es que muchas agencias inmobiliarias, que estaban alarmadas después de un septiembre patético, con teléfonos que no sonaban y servidores de mails que parecían estropeados, llevan un mes de noviembre que no paran. Tal vez se haya pasado ya el pernicioso efecto de la Ley de Crédito Inmobiliario, tal vez haber salido de la incertidumbre electoral esté teniendo efectos beneficiosos, aunque esa salida no contente a los más grandes.
El caso es que con el miedo en nuestras mentes no conseguiremos que mejore el año 2020, sino todo lo contrario. Este último empujón que está teniendo el 2019 debe marcar el camino del próximo año, que se anticipa lleno de retos y preludio de cambios profundos para el sector. Y el optimismo y la confianza, junto con el constante trabajo diario son las claves. Lo llevamos diciendo un tiempo, es momento de invertir en nosotros mismos, de disponer y poner en marcha mejores herramientas de captación y presencia. La llegada de las nuevas generaciones al mercado inmobiliario, ya sea para comprar o alquilar, trae cambios que vienen marcados por internet y Google. Nuestra presencia en redes y motores de búsqueda va a ser más obligada cada día que pase, porque debemos estar donde nos busquen.
Y además, hasta Iglesias se ha vuelto pragmático estos últimos días, como señal de que el Gobierno se acerca, y no va a hacer tanta fuerza en el control de los alquileres, sino en que los ayuntamientos puedan intervenir de manera «temporal y excepcional» en determinadas zonas en las que el mercado esté más tensionado, para rebajar o limitar los precios. Tampoco él se quiere pegar un tiro en el pie.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
Cuando publiquen uds informacion sobre los derechos de los ciudadanos,y utilicen los ARTICULOS DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA,para dar la razon a unos y quitarselas a otros,es conveniente que sean claros y anoten todos los articulos como en este caso.-Lo mejor es no darle al lobo la oprtuninad para que entre en el corral y se coma lo que tanto esfuerzo ocasiono hacerse de una vivienda.-Uds haran muchas interpretaciones sobre este tema ,¡¡ seguro,seguro!!,pero no sacan la cara nunca por esas personas que le han ocupado la vivienda con la escusa del derecho a la vivienda y estan en la calle esperando que los politicos y las leyes les protejan.- NO TODOS SOMOS BANCOS NI FONDOS BUITRES,pero uds meten en el mismo saco a todos.-
El articulo 33 tambien hay que publicarlo,¿ vale ?
Artículo 47.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos
Artículo 33.
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Ante todo muchas gracias por su participación, razonada y medida. Tiene usted razón en cuanto a que no es justo ni razonable que a una persona le ocupen la casa y deba esperar en la calle a que se solucione el problema. Y es verdad que la Ley debiera ser más rápida y eficaz al respecto. Son las viviendas vacías de especuladores, bancos, fondos buitre y otras entidades, que han florecido en nuestro país al calor del desastre inmobiliario del 2008, las que deben ser puestas a disposición de los que carecen de ellas. Con tantas personas en la calle sin casa, se está viviendo una auténtica emergencia social, agravada por los altos precios de los alquileres y los bajos sueldos. Es el estado el responsable de la situación por no disponer de la cantidad de vivienda social necesaria y que debiera estar alrededor del 10% mínimo del total de la existente. Vivienda social en alquiler y no en venta, que ha sido uno de los errores cometidos, ya que quitaba esa vivienda social, construida con dinero público del circuito de vivienda para todos. También hay que tener en cuenta el Artículo 128 de nuestra Constitución:
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.
Y es que el problema es complejo y con muchas aristas, que habrá que ir puliendo para que todos los españoles dispongan de una vivienda digna, como dice la Constitución. No se va a solucionar ni en un día ni en dos y en el camino todos, como país, tendremos que hacer esfuerzos para sentirnos orgullosos de nuestra patria.