La sustitución de los contadores analógicos por nuevos equipos inteligentes vuelve a abrir un viejo debate: ¿quién debe asumir el coste de la modernización de las infraestructuras energéticas? En pleno proceso legislativo para salvaguardar el derecho a la vivienda frente a la especulación y frenar la consideración del hogar como un simple bien de inversión, la polémica en torno a los contadores de gas introduce un nuevo elemento en la discusión: la carga económica que soportan los consumidores en servicios esenciales. La cuestión no es menor. La vivienda —y todo lo que la hace habitable— depende de un marco regulatorio que proteja a los usuarios, especialmente en un contexto donde los alquileres, las hipotecas y los gastos energéticos presionan de forma creciente a miles de familias.

FACUA-Consumidores en Acción ha advertido en los últimos días que la futura implantación de ocho millones de contadores inteligentes en España podría traducirse en un incremento injustificado del alquiler mensual de estos equipos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en una orden que permitirá sustituir progresivamente los contadores analógicos hasta 2033 y que recoge un aumento de 0,46 euros al mes por contador. Un importe aparentemente pequeño, pero que, aplicado de manera generalizada, supondría una recaudación millonaria para las compañías energéticas.

FACUA sostiene que el incremento es inaceptable por dos motivos fundamentales: los contadores analógicos ya están completamente amortizados por las compañías y su mantenimiento —incluidas las revisiones reglamentarias— ha sido costeado durante años por los propios consumidores. De ahí que resulte difícil justificar que la modernización del sistema con nuevos equipos implique ahora un nuevo gasto para las familias. Más aún cuando estos contadores inteligentes permitirán a las empresas reducir costes operativos, evitando el envío de personal para realizar lecturas presenciales en miles de inmuebles.

El Ministerio ha matizado que buena parte del incremento, si no todo, podría compensarse gracias a la reducción del consumo que permitirían los nuevos dispositivos. Pero organizaciones como FACUA recuerdan que esa posible eficiencia no elimina el fondo del problema: el coste inicial se impondría a los consumidores, pese a que las empresas se beneficiarían de un ahorro significativo en la operativa del servicio.

Reemplazar ocho millones de contadores analógicos

El plan del Gobierno contempla un calendario escalonado: alcanzar el 20% de reemplazo en 2028, el 50% en 2030 y el 80% en 2032. Los nuevos equipos se instalarán principalmente en los puntos de suministro que no superen los 50.000 kWh anuales, es decir, en hogares y pequeños negocios. La escala del proyecto —ocho millones de unidades— lo convierte en una operación masiva que afecta a la totalidad del territorio y, por tanto, a la práctica totalidad de los consumidores domésticos.

Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿están las eléctricas intentando monetizar un proceso de modernización que debería ser neutral para el usuario?

Las eléctricas quieren cobrar 0,46 euros al mes por contador

La cifra de 0,46 euros puede parecer modesta, pero aplicada millones de veces se convierte en un flujo constante de ingresos adicionales para unas compañías que, en muchos sectores regulatorios, ya operan con beneficios sostenidos. En un momento en el que el acceso a la vivienda está tensionado por múltiples factores —precios del alquiler, subida de hipotecas, euríbor al alza y consumo doméstico disparado— cargar a los hogares con nuevos costes asociados al suministro energético puede considerarse un paso en la dirección contraria a las políticas que buscan garantizar el derecho efectivo a la vivienda.

Además de beneficiarse de no necesitar revisión, las eléctricas pretenden cobrar

Una de las críticas más repetidas por FACUA es que las compañías dejarán de asumir gastos relevantes gracias a la digitalización del sistema de medición. Con los contadores inteligentes, la revisión periódica y la lectura manual se eliminan, y sin embargo se pretende incrementar el precio del alquiler de los equipos. La asociación señala que no existe correlación entre los costes reales de las empresas y el aumento planteado, lo que refuerza la sospecha de que la operación tiene un componente de rentabilidad más que de necesidad técnica.

La CNMC indica que el Gobierno debe garantizar la sustitución gratuita de los contadores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha intervenido con un informe contundente: la sustitución debe ser gratuita para el consumidor, sin incrementos en el alquiler ni en tarifas asociadas. Además, subraya que tampoco deben cobrarse derechos de enganche adicionales por cambiar la fecha de instalación ni recargos por visitas infructuosas de técnicos. Estos cobros, insiste, no responden a servicios realmente prestados.

El organismo cita expresamente el artículo 49.3 del Real Decreto 1434/2002, que establece que la implantación de contadores inteligentes no puede suponer un encarecimiento de los costes repercutidos a los usuarios. En otras palabras: el marco legal ya había previsto una protección para los consumidores, y cualquier intento de trasladar el coste vulneraría ese principio.

Un debate que conecta con el derecho a la vivienda

La implantación de los contadores inteligentes recuerda que la defensa del derecho a la vivienda no puede limitarse al precio del alquiler o a la especulación urbanística. El acceso a servicios básicos sin sobrecostes injustificados es parte esencial de ese derecho. La vivienda no puede entenderse como un bien de inversión ni como una plataforma para que otros sectores generen ingresos adicionales a costa de los usuarios.

En plena tensión inmobiliaria, cualquier incremento en los gastos fijos del hogar contribuye a agravar la dificultad de acceso a una vivienda digna. Por eso, organismos públicos y asociaciones de consumidores reclaman que la modernización tecnológica se realice sin que las familias paguen por ella.

El desafío está ahora en manos del Gobierno, que deberá decidir si respalda el plan en su forma actual o si, como apuntan FACUA y la CNMC, garantiza que la transición hacia los contadores inteligentes sea verdaderamente justa y no un nuevo capítulo de carga económica para los consumidores.