La Generalitat valenciana ha conseguido adquirir 29 viviendas en La Pobla de Vallbona al fondo buitre Cerberus después de unas largas y prolijas negociaciones. Es la primera vez  en todo el estado español que se lleva a cabo una operación de este tipo con un fondo buitre para beneficiar a 21 familias con una adquisición por debajo del precio de mercado. Lo asegura el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez que señala haber utilizado como instrumento jurídico la emergencia habitacional de estas familias vulnerables.

La operación dio comienzo el pasado mes de noviembre cuando un juzgado de Llíria ordenó el desahucio de las 94 personas de 38 familias que vivían en unos bloques de la Pobla de Vallbona (València) que habían sido del BBVA y que después este había vendido a Divarian, propiedad del fondo buitre estadounidense Cerberus.  La amenaza de desalojo masivo a sus habitantes logró que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) organizara manifestaciones y que la propia administración se pusiera en marcha.

Con la pandemia en los inicios de la tercera ola  se logró que un juez paralizara los desahucios dando tiempo y situación para iniciar unas conversaciones en las que ya se aseguró que, sucediera lo que sucediera, las familias se quedarían en sus viviendas.  Como siempre sucede cuando al otro lado de la mesa está un fondo buitre, las negociaciones no fueron fáciles y menudearon las amenazas de levantarse de la mesa y el acoso a los propietarios. Incluso Divarian ofreció dinero para que los inquilinos se marcharan.

De esta forma y ante la posibilidad de quedarse sin vivienda algunas familias desistieron y se fueron, pero quedaron 21 de las 38, los casos de mayor vulnerabilidad. Y ante la negativa del fondo buitre a contemplar la posibilidad de alquileres sociales incluso con el aval de la Generalitat valenciana, la administración optó por llegar a un acuerdo y comprar. Pero claro está en una cantidad que no lucrara al fondo buitre que se había quedado con la propiedad a precio de derribo.

La propuesta fue adquirirlas por el mismo precio que las habían comprado al BBVA, pero ante la negativa de los buitres a confesar cual había sido este precio de venta se optó por hacer una oferta del 60% del precio de mercado, es decir 1.650.000 euros o 56.896 euros por vivienda. Y la oferta no debió ser mala pues el fondo aceptó. Por 25 pesetas ¿a cuánto compraron los buitres las viviendas?…Un, dos, tres, responda otra vez.

La clave del éxito de la operación ha estado en la coordinación entre la administración y los movimientos sociales que han hecho comprender al fondo buitre que tenía por delante un largo procedimiento sin mucha luz respecto al resultado. El derecho a tanteo y retracto de la administración para hacerse con los inmuebles ante una hipotética venta a un tercero también ha tenido su peso.

A partir de ahora los 29 pisos de la Pobla de Vallbona serán gestionados conjuntamente entre el ayuntamiento y la consellería de Vivienda, dentro de un programa piloto que, desde la administración autonómica, esperan poderse ampliar a otros consistorios. El ayuntamiento también decidirá a qué familias otorga los ocho apartamentos sobrantes. Este lote de 29 pisos pasará a engrosar el proyecto de parque público de vivienda que está desplegando la consellería valenciana y que ya cuenta con más de 400 inmuebles. Dentro de estas adquisiciones se ha utilizado en un  60% de los casos el derecho de tanteo y retracto previsto por la Ley de Función Social de la Vivienda que está demostrando ser una herramienta muy eficaz para evitar la especulación.