El paso atrás del PSOE con la Ley de Vivienda con Ábalos como portavoz oficioso de ASVAL está preocupando y mucho a los sectores más implicados en la lucha por una vivienda digna. Para mostrar su apoyo, alrededor de 50 organizaciones sociales se han unido en una Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Este pasado jueves 25 de febrero, una representación de las organizaciones participantes se reunieron en el Congreso de los Diputados con los partidos Unidas Podemos, ERC, Junts, Bildu, Más País, Nueva Canarias y BNG, que han mostrado su apoyo al manifiesto.
Las organizaciones consideran imprescindible que el proyecto de ley de vivienda que prepara el Ejecutivo y que parece que será presentado en el Consejo de Ministros de manera inminente, contenga medidas que protejan y garanticen de manera efectiva el derecho a una vivienda digna en todo el territorio del Estado.
El manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
Por este motivo, las organizaciones proponen que la ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo estas 8 medidas de aplicación directa:
1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Esta Iniciativa está apoyada por las siguientes organizaciones: CGT, Sindicato de Inquilinas, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma DESC España, FACUA, Cobas, Coespe, Rebeldía, JOC, Ecologistas en Acción, UGT, CCOO, Movimiento Nadie sin Hogar, Entrebarris, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña, Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Coordinadora de Asambleas de trabajadores en paro de Cataluña, Taula d’Entitas del Tercer Sector Social, Confederación Intersindical CI, Alianza contra la Pobreza Energética, Alianza por el Derecho a la Vivienda de Madrid, Plataforma contra los Fondos Buitre, Intersindical Valencia, Marea Blanca Catalunya, CNT València, Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Sillas contra el Hambre, Marea Básica, Attac España, Coordinadora Residencias 5+1, Red Agua Pública, IAC, Abrir Brecha, Afectados BB Serveis, CAES, El Rogle, Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud, Audita Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), FAVB, Marea Colomense, Marea Pensionista de Catalunya, Abrir Fenda, Oficina Popular de Vivienda Valladolid, Intersindical Salut, COS del’Horta, Obrir Escletxa.